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RED DE CORRUPCIÓN EN TRIBUNALES

*En el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los municipios opera una red de corrupción lidereada por los magistrados César Ferreyro Rosado y Paloma Paz Angulo, ambos panistas

*En los tribunales laborales la justicia es para el mejor postor, pues cobran 20 por ciento por los laudos y 5 mil pesos por cada diligencia al mes, con lo que obtienen entre 525 mil y 735 mil al mes bajo el agua

*Los magistrados son allegados al PAN e incondicionales del gobernador Mauricio Vila, uno es hermano de la diputada Abril Ferreyro y la otra esposa del director de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo

Redacción/Sol Yucatán

Una presunta red de corrupción opera al interior del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, la cual en un principio estuvo encabezada por el magistrado presidente César Antuña Aguilar y ahora es lidereado por César Ferreyro Rosado, actual presidente del Tribunal.

Litigantes aseguran que la justicia laboral es para el mejor postor, debido a que al igual como ocurre en la Fiscalía y en todo el aparato de justicia de Yucatán, todo se mueve con dinero e influencias.

La justicia laboral es controlada por el propio Gobierno del Estado, en especifico por Mauricio Vila Dosal y Yussif Heredia Fritz, Consejero Jurídico del Estado y sobrino de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra.

Lo anterior, debido a que Vila Dosal fue quien postuló y con el voto panista en el Congreso del Estado designó a los dos magistrados que conforman el Tribunal de Justicia Laboral de Yucatán.

Los actuales magistrados, a través de sus actuarios o visitadores cobran un promedio de 5 mil pesos por cada diligencia, al día en promedio se agendan entre 5 y 7 visitas por jornada, lo que representa un ingreso diario de bajo del agua de entre 25 mil y 35 mil.

Es decir, el Tribunal, obtiene un ingreso de entre 525 mil y 735 mil al mes o lo que es lo mismo entre 6 millones 300 y 8 millones 820 mil al año.

Asimismo, para acceder a las carpetas de investigación la “cuota” es de 3 mil pesos por consulta.

Por cada laudo cobran una comisión del 20 por ciento.

Por lo cual obtendrían millonarias sumas con los actos de corrupción que los magistrados y su personal obtendrían.

“En poco tiempo se ha prostituido el Tribunal de Justicia Laboral de los Trabajadores”, aseguraron litigantes.

El ayuntamiento panista, allegados a Mauricio Vila, tienen total protección, por lo cual los magistrados panistas alargan los procesos y en muchos de ellos han dictado laudos contra los demandantes.

En los tribunales hay más de 10 mil denuncias de ex trabajadores que fueron despedidos tras el cambio de Gobierno, es decir, priistas que trabajaron durante las administraciones priistas de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello y que, a la llegada de Mauricio Vila Dosal, al poder fueron despedidos para dar paso a su gente.

Las dependencias con más problemas laborales son la Secretaría de Educación, Administración y Finanzas, Despacho del Gobernador, Secretaría de Desarrollo Social, así como los Ayuntamientos de Kanasín, Tizimín, Valladolid y Chemax.

A cinco años de litigio, simplemente, las denuncias no avanzan, debido a la protección que hay por parte de los magistrados panistas, por encomienda del propio gobierno.

Los pocos laudos contra el Gobierno que han obtenido son por la insistencia de los litigantes y porque han solicitado la protección de los jueces federales o porque los abogados son amigos del gobernador.

La red de corrupción inició durante el mandato del ex magistrado presidente del tribunal César Antuña Aguilar, tras la presión de litigantes y el cambio de gobierno, fue cesado de sus funciones.

El magistrado se amparó para solicitar su restitución, la cual fue concedida, sin embargo tras ser restituido, a los pocos meses solicitó su jubilación anticipada.

El gobierno del Estado propuso y designó a dos magistrados, ambos incondicionales a Vila Dosal, presuntamente para frenar los actos de corrupción al interior del Tribunal y para agilizar la justicia laboral, sin embargo, resultó todo lo contrario.

Se propuso a César Ferreyro Rosado, quien es hermano de Abril Ferreyro, amiga cercana e incondicional de Vila Dosal y quien ha colaborado con él desde el Ayuntamiento de Mérida como secretaria técnica del Carnaval de Mérida y luego directora del Instituto de Ferias de Yucatán.

En el 2021, la convirtió en diputada local.
César no sólo fue designado como magistrado, sino que ocupó la presidencia del Tribunal.

La otra magistrada “a modo” que colocó el gobierno es Paloma Paz Angulo, panista de hueso colorado, fue candidata por el III Distrito Local por el PAN, por lo cual por Ley no podría ocupar un cargo de tal relevancia al haber conflicto de interés.

Paloma Paz es esposa de Mauricio Díaz Montalvo, amigo de Vila Dosal, y quien actualmente es el director del Patronato Cultur y quien sería candidato a una diputación local.

A pesar de ello fue postulada y designada como magistrada del Tribunal, sin olvidar que, si bien es licenciada en derecho, no cuenta con ninguna preparación en el ramo laboral, ya que su maestría es en economía y administración pública.

Los dos magistrados fueron colocados en el Tribunal para proteger el Gobierno de los litigios laborales, debido a que sus asesores externos encabezados por Javier Acevedo Macari, Pedro Francisco Rivas Acevedo, Roberto Augusto Castellanos González, Fernando Sauri Campos, Juan Carlos de Jesús Toledo Sauri y Gerardo Pinto Dájer, quienes al mes reciben 750 mil pesos al mes por los litigios laborales, los cuales la mayoría de ellos pierden.

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