Miseria moral en el Distrito 2

• El diputado Jorge Luis Sánchez Reyes lucra con la discapacidad tras 22 meses de ser un parásito legislativo.

Redacción/Sol Yucatán

En política, la ausencia también comunica. Hay legisladores que construyen una trayectoria con iniciativas relevantes, gestión y cercanía con la ciudadanía. Otros, en cambio, pasan meses —o incluso años— sin dejar una huella perceptible. El problema es que, cuando finalmente aparecen, lo hacen por las razones equivocadas.

Ese parece ser el caso del diputado federal por el Distrito 2 de Yucatán, Jorge Luis Sánchez Reyes, conocido como «El Gallo». Tras cerca de dos años en San Lázaro, su presencia en la agenda pública ha sido discreta. Para muchos ciudadanos, su desempeño legislativo ha pasado prácticamente inadvertido, mientras los problemas que afectan al distrito continúan esperando respuestas concretas.

Cuando el calendario electoral comienza a acercarse, también suele despertar el interés de quienes aspiran a mantenerse en un cargo público. En ese contexto, resulta inevitable preguntarse si las recientes acciones del legislador responden a una convicción de servicio o a la necesidad de reposicionarse políticamente.

Las iniciativas que ha impulsado en los últimos meses difícilmente pueden ocultar esa percepción. Más allá de su valor simbólico, la ciudadanía espera que un representante popular concentre sus esfuerzos en temas que impacten directamente la economía, la seguridad, la pesca, el campo, la infraestructura y los servicios públicos. Esas son las demandas que predominan en el Distrito 2 y sobre las que muchos esperaban una actuación más activa.

Sin embargo, el episodio que más cuestionamientos ha generado no ocurrió en la tribuna legislativa, sino durante una entrega de apoyos en Progreso. La donación de una silla de ruedas a un adulto mayor habría podido convertirse en un gesto solidario. No obstante, el hecho de colocar de manera visible el nombre y el cargo del diputado en el respaldo del equipo cambió por completo la lectura del acto.

Cuando un apoyo social se convierte en un vehículo de promoción personal, la línea entre la solidaridad y la propaganda comienza a desdibujarse. La ayuda pierde parte de su valor cuando parece diseñada para exhibir al benefactor más que para dignificar al beneficiario.

La política debería servir para resolver problemas, no para convertir la necesidad de las personas en una oportunidad de posicionamiento. Quien ocupa un cargo de representación popular tiene la obligación de rendir cuentas por su trabajo legislativo, no por el tamaño de las calcomanías que acompañan una donación.

La confianza ciudadana no se recupera con campañas anticipadas ni con fotografías cuidadosamente planeadas. Se construye con resultados, presencia permanente y decisiones que mejoren la vida de quienes depositaron su voto.

Porque, al final, los ciudadanos no eligen a un diputado para que su nombre viaje pegado en una silla de ruedas. Lo eligen para que su trabajo deje huella en las leyes, en el presupuesto y en la calidad de vida de la gente. Y esa es una tarea que ninguna calcomanía puede sustituir.