CONADE, caja chica de Rommel

Redacción/Sol Yucatán

El deporte nacional vuelve a ser rehén del oportunismo electoral y las ambiciones personales. Lo que en el papel debió ser una designación deportiva para reconstruir una Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) diezmada y salpicada por irregularidades, se ha transformado en el trampolín perfecto para financiar una campaña anticipada. Rommel Pacheco Marrufo no despacha desde la capital con la mira puesta en los atletas de alto rendimiento; su verdadera atención sigue fija en el Palacio Municipal de la calle 62.

Tras su estrepitosa derrota en los comicios de 2024 —donde los meridanos le dieron la espalda en las urnas al rechazar su chapulinismo del PAN a las filas de Morena—, el presupuesto federal para el deporte se convirtió en su premio de consolidación. Sin embargo, lejos de asumir la CONADE como un compromiso institucional con la juventud y los deportistas del país, la dependencia federal está siendo operada como una caja chica para sostener su estructura de promoción personal y mantener con vida sus aspiraciones locales.

Más que un verdadero deseo de servir a la ciudadanía, el exclavadista busca el poder en Mérida, no por una aspiración democrática, sino que se ha convertido en una obsesión personal. Y una obsesión alimentada desde el aparato del Estado resulta profundamente peligrosa para la estabilidad de la capital yucateca.

Mérida no necesita improvisaciones ni proyectos personales construidos a base de presupuestos públicos federales. La insistencia de colocar la estructura de la CONADE al servicio de un proyecto político local no solo compromete la transparencia de los recursos destinados al deporte, sino que evidencia la lógica con la que el régimen actual entiende la función pública: las instituciones no existen para dar resultados, sino para financiar la rentabilidad electoral de sus candidatos.

El electorado meridano ya dio una lección clara sobre el valor de la congruencia. Insistir en capturar la ciudad utilizando los recursos de la Federación como chequera de campaña es un agravio directo a la ciudadanía y un riesgo innecesario para la gobernabilidad de Mérida.