LOS DEJARON SI NADA

Con una orden de desalojo firmada por Mauricio Vila y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdés, empresario deja a familias enteras sin hogar al derrumbar con maquinaria sus casas en el Arco Norte de Mérida.

Con una orden de desalojo firmada por Mauricio Vila y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdés, empresario deja a familias enteras sin hogar al derrumbar con maquinaria sus casas en el Arco Norte de Mérida.

Por Redacción Yucatan

Más de 700 policías llegaron a las 5 de la mañana y sacaron con total brutalidad a mujeres, niños y familias completas qué dormían tranquilos en su hogar.

Minutos más tarde, maquinaria pesada ingresó a los predios y destruyó todo a su paso, derrumbó casas en cuestión de minutos, casas que para esas familias tardaron años y años en construir. Peña Nieto y Rolando Zapata regalaron ilegalmente el terreno a Fued Omar Melayes López

Redacción/Sol Yucatán

Con total impunidad y sin importar el sufrimiento de familias enteras, el empresario yucateco, Fued Omar Melayes López, con la anuencia del gobierno del estado y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, desalojó con total arbitrariedad y con la ayuda de la fuerza pública a familias enteras que habitan en dos amplios terrenos ubicados en el Arco Norte de Mérida.

Melayes López, en contubernio con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, obtuvo una orden de aseguramiento de la propiedad que se encuentra en litigio judicial.

Sin embargo, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, maquinarias contratadas por Melayes López, derribó las casas que durante más de 30 años las familias construyeron con mucho trabajo y sacrificio.

Los abogados del empresario mostraron una orden de desalojo firmada por el gobernador Mauricio Vila Dosal y por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto Valdés.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, la diligencia era para asegurar la propiedad, debido a que aún hay un litigio en curso y no existe una sentencia firme que adjudique la propiedad.

Es decir, el empresario en contubernio con las autoridades estatales habría actuado al margen de la ley, debido a que no se debió de destruir los inmuebles, simplemente asegurar los terrenos y desalojar a las personas que vivían en los mismos.

En total fueron 15 familias las que fueron desalojadas del inmueble de 20 mil metros cuadrados con el apoyo de más de 700 policías que llegaron alrededor de las 5 de la mañana y sacaron a la fuerza a mujeres, niños y familias completas qué dormían tranquilos en su hogar.

Minutos más tarde, maquinaria pesada ingresó a los predios y destruyó todo a su paso, derrumbó casas en cuestión de minutos, casas que para esas familias tardaron años y años en construir.

A la fuerza y con total brutalidad policíaca, fueron expulsados de sus hogares familias enteras.

Estas tierras ejidales han pertenecidos a estas familias desde 1982 y con carta de posesión legitima, pero en 2012, el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, regaló esas hectáreas a Fued Omar Melayes, empresario y conocido cercano de Mauricio Vila. Toda una mafia de corrupción se movilizó para que pasaran por alto la carta de posesión ejidal y le regalaran el título de propiedad a este empresario.

En el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy), está asentado que Melayes López recibió durante la administración de Rolando Zapata Bello a título gratuito la propiedad que consta de dos hectáreas, es decir, 20 mil metros cuadrados.

Debido a que Fued Elías Melayes Góngora, ya fallecido, padre del empresario, fue amigo de Zapata Bello y colaboró en la campaña estatal y presidencial.

De acuerdo con la empresa inmobiliaria Lamudi México, el metro cuadrado en esa zona tiene un costo de 2 mil 300 pesos, es decir, el valor comercial de la propiedad sería de 46 millones de pesos.

Es decir, el gobierno priista de Peña Nieto y de Zapata Bello le regalaron al empresario una propiedad de 46 millones de pesos.

Desde 2017 estas familias han interpuesto diversos recursos legales, amparos de todo tipo, sin embargo, no les dan la razón, y aunque aún el caso de encuentra en litigio, eso no le importó a Mauricio Vila y firmó la orden de desalojo.

Hoy familias que viven encomendados, niños se quedaron sin ropa y útiles escolares, porque la Policía no les dio chance de sacar nada, incluso alrededor de 50 cerdos que criaban en una de las casas murieron de hambre, por que al finalizar la «diligencia» cercaron el terreno y no hubo acceso a nadie.

Es decir, de la noche a la mañana las familias se quedaron literalmente en la calle por la voracidad de un empresario con protección de las propias autoridades y de la Policía.

Tito Sierra Ek , uno de los afectados con lágrimas en el rostro, explicó a Sol Yucatán, que en 1982 compró al ejido de Chuburná dos hectáreas, comenzó a trabajarlas y con el paso del tiempo fue repartiendo esas dos hectáreas a sus hijos, nietos y otros familiares que poco a poco fueron levantando sus viviendas hasta fundar la colonia a la que llamaron la Esperanza.

El comisariado ejidal les entregó la constancia de compra, con la cual la podría legalizar, para desincorporar la tierra al ejido y convertirla en propiedad privada, sin embargo, nunca se realizó.

“No lo hice porque no tengo estudios y yo pensé que con el documento era más que suficiente”, indicó.

Sus familiares decidieron hacer esa regularización, pero en el proceso se toparon con que una persona comenzó a reclamar el terreno como suyo, un empresario de nombre Fued Omar Melayes López, quien supuestamente en el año 2017 recibió a título gratuito y por decreto del entonces presidente Enrique Peña Nieto dicho terreno, según el documento 000001004329 fechado el 11 de diciembre de 2017, el cual se puede hallar en el Registro Público de la Propiedad.

María del Pilar explicó que el litigio por esos dos terrenos de una hectárea cada uno, aún está en proceso y no hay sentencias definitivas, tan es así que les notificaron que una audiencia que estaba programada para el pasado 13 de octubre fue cancelada.

Tres días después llegaron más de 700 policías, dijo, para despojarlos de sus casas y derribarlas con la excusa de que el gobernador había firmado el desalojo en favor de una mujer.

“Si hubiese sido una diligencia para asegurar el predio ¿Por qué derribaron las casas?”, dice la señora.

El verdadero interés para el desalojo se debe al crecimiento de la ciudad en ese rumbo y a la plusvalía que se ha disparado.

De acuerdo con algunas fuentes detrás de esa operación estaría el empresario constructor Armando Palma Peniche, debido a que ya tendría apalabrado con Melayes López la venta de las tierras donde se construirá una ampliación de Gran Santa Fé Norte.

De acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el 2015 Melayes López fue beneficiario de dos apoyos del programa Componente de Conservación y Uso Sustentable de suelo y agua por parte de la Comisión Nacional de Zona Áridas (Conaza) del Gobierno Federal.

Los subsidios a fondo perdido fueron por un monto de 282 mil 852 pesos los cuales fueron otorgados por el Gobierno de Peña Nieto y de Zapata Bello.

Los recursos entregados por los Gobiernos, presuntamente fueron utilizados en el terreno en mención para el rescate al ser una zona árida, sin embargo, esto nunca ocurrió y la propiedad dista mucho de ser un suelo poco útil, debido a que existen plantaciones, por lo cual hubo un claro desvió de recursos de un programa federal.