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EN EL AIRE 800 MILLONES DE PESOS

Empresarios y funcionarios mafiosos obtuvieron cerca de mil millones de pesos, por el desvío de recursos públicos y un subsidio por parte de la SEDATU para regularizar 8 mil predios.

Juan Manuel Ponce Díaz, Lorenzo de Jesús Medina González, los hermanos Esteban y Rafael Correa Bolio, mencionados en orden de mayor a menor participación, son yucatecos beneficiados de tal estafa.
El empresario constructor Armando Palma Peniche está metido en otro escándalo de desalojo, debido a que ya tendría apalabrado con Fued Omar Melayes López la venta de las tierras donde se construirá una ampliación de Gran Santa Fé Norte.
Redacción/Sol Yucatán

Empresarios y funcionarios mafiosos obtuvieron cerca de mil millones de pesos por el desvío de recursos públicos y un subsidio por parte de la SEDATU para regularizar 8 mil predios, mismos que ya son hechos juzgados y fueron robados por estos mismos personajes y sus empresas.

Juan Manuel Ponce Díaz, Lorenzo de Jesús Medina González, los hermanos Esteban y Rafael Correa Bolio, mencionados en orden de mayor a menor participación, son yucatecos beneficiados de tal estafa.

La SEDATU otorgó en el año 2014 un subsidio cercano a los 800 millones de pesos para la adquisición y titulación de 8 mil predios, que ya desde el año 2013 han sido declarados propiedad del ejido y pobladores de Kanasín, en un fallo que mediante infinidad de argucias y sobornos lograron diferir los socios de Patrimonio Kanasín SA de CV hasta el 2021, cuando ya la máxima instancia del Tribunal Agrario invalidó la compra fraudulenta de estas tierras al ejido de Kanasín.

Patrimonio Kanasín SA de CV es la misma empresa que fue señalada y vinculada a operaciones masivas de lavado de dinero, que enviaba el Tesorero de la Administración del exgobernador Arturo Granier, proveniente tanto de las arcas de ese estado (por lo que purgó algunos años en la cárcel), como de la organización delictiva los Zetas, remesas de dinero en efectivo que personalmente traía el feminicida, Martín Medina Sonda, quien gozó de la protección de toda esta compleja red.

Los fechas y eventos demuestran una red de corrupción y despojos descomunal y descarada, primero en el fraude y despojo de tierras a vecinos de Kanasín, luego en el lavado de dinero mediante esas operaciones simuladas (que derivó en el encubrimiento de un feminicida), posteriormente y ya habiendo un fallo que forzaba a Patrimonio Kanasín a devolver las tierras robadas a sus legítimos propietarios, la SEDATU gestiona un supuesto apoyo para que compren esas mismas tierras, lo cual tuvo como verdadero propósito tapar esa cloaca descomunal, pues el dinero fue a parar ni más ni menos que a Patrimonio Kanasín SA de CV.

Tal serie de delitos sigue hasta la fecha impune, e incluso varios de sus principales actores destacan en la lista VIP del Gobernador Vila Dosal.

Estos son los reales del fraude Patrimonio Kanasín. Vive, de Juan Manuel Ponce Díaz, es la principal accionista, y en menor grado Soprime, de Esteban Correa Bolio y Lorenza Medina Gonzalez (prestanombres originales de Granier y banda).

Regalo de 46 MDP a empresario
Otro sonado caso que denunció Sol Yucatán ha generado un escándalo. Con total impunidad y sin importar el sufrimiento de familias enteras, el empresario yucateco, Fued Omar Melayes López con la anuencia del gobierno del estado y del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán desalojó con total arbitrariedad con la ayuda de la fuerza pública a familias enteras de habitan en dos amplios terrenos ubicados en el Arco Norte de Mérida.

Los abogados del empresario mostraron una orden de desalojo firmada por el gobernador Mauricio Vila Dosal y por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto Valdés.

Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, maquinarias contratadas por Melayes López, derribó las casas que durante más de 30 años las familias construyeron con mucho trabajo y sacrificio.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, la diligencia era para asegurar la propiedad, debido a que aún hay un litigio en curso y no existe una sentencia firme que adjudique la propiedad.

Es decir, el empresario en contubernio con las autoridades estatales habría actuado al margen de la ley, debido a que no se debió de destruir los inmuebles, simplemente asegurar los terrenos y desalojar a las personas que vivían en los mismos.

Estas tierras ejidales han pertenecidos a estas familias desde 1982 y con carta de posesión legitima, pero en 2012 el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, regaló esas hectáreas a Fued Omar Melayes, empresario y conocido cercano de Mauricio Vila. Toda una mafia de corrupción se movilizó para que pasarán por alto la carta de posesión ejidal, y le regalaran el título de propiedad a este empresario.

En el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán está asentado que Melayes López recibió durante la administración de Rolando Zapata Bello, a título gratuito, la propiedad que consta de dos hectáreas, es decir, 20 mil metros cuadrados.

El metro cuadrado en esa zona tiene un costo de 2 mil 300 pesos, cuyo valor comercial de la propiedad sería de 46 millones de pesos, es decir, el gobierno priista de Peña Nieto y de Rolando Zapata Bello le regalaron al empresario una propiedad de 46 millones de pesos.

El verdadero interés para el desalojo se debe al crecimiento de la ciudad en ese rumbo y a la plusvalía que se ha disparado.

De acuerdo con algunas fuentes, detrás de esa operación estaría el empresario constructor Armando Palma Peniche, debido a que ya tendría apalabrado con Melayes López la venta de las tierras donde se construirá una ampliación de Gran Santa Fé Norte.

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