DELINCUENTE

*El intento de robo institucional de los hoteles Mayaland, propiedad del empresario Fernando Barbachano Herrero, por una banda de delincuentes, comandados por el propio Mauricio Vila, ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

*Denuncian al Gobernador panista, al fiscal general del Estado, Juan Manuel León León, a los empresarios Rodolfo Rosas Moya y al hijo Rosas Cantillo, así como a jueces de la justicia local y federal de corrupción, por lo cual ya se solicitó que se abra una investigación.

*Acusan que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, no sólo ha sido omiso, sino que ha incurrido en desacato y ha abandonado su papel de autonomía que debe caracterizar al poder judicial

Redacción/Sol Yucatán

El intento de robo institucional de los hoteles Mayaland, propiedad del empresario yucateco Fernando Barbachano Herrero, por parte de una banda de delincuentes, comandados por el propio gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El empresario dueño del hotel Mayaland y Chichen Itzá, ambos en Pisté, donde se encuentra la zona arqueológica de Chichen Itzá, considerada como una de las siete maravillas del Mundo Moderno, solicitó a la máxima tribuna de justicia del país que intervengan para no se permita una gran injusticia y que el hotel Mayaland, que ha pertenecido a su familia durante 100 años, no pase a manos de unos ladrones.

Acusó al gobernador panista, Vila Dosal, al fiscal general del Estado, Juan Manuel León León, a los empresarios Rodolfo Rosas Moya, a Rodolfo Rosas Cantillo, hijo de Rodolfo, así como a jueces de la justicia local y federal, a estos últimos los acusó de corrupción por lo cual ya se solicitó al Poder Judicial de la Federación que se abra una investigación.

Fernando Barbachano indicó que la denuncia de este atropello a la Suprema Corte, tiene por objeto informarles el muy penoso caso del allanamiento con violencia y despojo de los hoteles Mayaland y The Lodge en Chichén Itzá, Yucatán, actos de completa ilegalidad ocurridos lamentablemente con la complacencia y contubernio tanto del Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, del Fiscal General, Juan Manuel León León, y al parecer también del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien no sólo ha sido omiso, sino que ha incurrido en desacato y ha abandonado su papel de autonomía que debe caracterizar al poder judicial, para adoptar sumisión ante el gobernador del Estado, quien ha protegido con toda su fuerza a Rodolfo Rosas Moya y su hijo Rodolfo Rosas Cantillo, dueños de la empresa INMOBILIARIA R4 S.A. de C.V., quienes tienen secuestrados los hoteles desde el 18 de febrero del año 2022, es decir, hace casi dos años.
“A partir de ese momento, hemos sido víctimas de una serie de presiones por parte de los Rosas Moya, del Gobierno del Estado, los nuevos magistrados del poder judicial del estado de Yucatán nombrados por el propio Gobernador Vila Dosal, y ahora incluso el juez Primero de Distrito también en Yucatán, que llegaron al punto de coludirse para dejar impune el allanamiento con violencia y despojo de mis propiedades” (sic).

La fiscalía del estado ha permitido e incluso facilitado a Rodolfo Rosas Moya mantener allanados los hoteles, violando flagrantemente la justicia e incluso la Constitución.

En la relatoría de hechos, presentado a los ministros de Justicia, indica que sobran datos de prueba en la carpeta de investigación UNATD13-GF/0Œł274/20Z2, con lo cual se demuestra con hechos y pruebas que es ilegal el allanamiento y que la posesión legitima del inmueble es de su propiedad e incluso hay datos de prueba suficientes para incluso ordenar la detención de Rosas Moya, lo que no ocurre por la protección de las autoridades yucatecas.

Sin embargo, detalló que es tanto el nivel de colusión y protección que hasta la fecha y aún ante diversas solicitudes hechas al respecto a la propia Fiscalía, no hay actuado conforme al derecho y por lo tanto no han regresado la propiedad a sus legítimos dueños.

Incluso desde el mes de junio de 2023, es decir desde hace casi nueve meses, se han interpuesto los amparos con números 1000/2023 y 1482/2023 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán en contra de la negativa de la Fiscalía General de Yucatán de citar a los imputados, y la negativa de solicitar formulación de imputación, aun y cuando hay datos de prueba más que suficientes para ello, sin embargo, la dependencia hasta la fecha no ha actuado conforme al derecho, violando incluso el artículo 17 de la Constitución, que señala que la impartición de justicia debe de ser con prontitud y expedita.

El 12 de septiembre de 2023, el Juez octavo de distrito en Cancún, Quintana Roo, otorgó un amparo a favor de Fernando Eugenio Barbachano Herrero y de sus hijos en contra de la orden de aprehensión librada por la Juez Primero de Control Penal en Cancún, Quintana Roo por el supuesto delito de fraude que, lastimosamente se inventó Rodolfo Rosas Moya ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

El 22 de septiembre de 2023, la Fiscalía General de Quintana Roo determinó levantar el aseguramiento de los hoteles en mención y a través de Oficio ordenó el 26 de septiembre al Fiscal General del Estado de Yucatán entregar a los hoteles a sus legítimos propietarios la familia Barbachano, y que se notificara al Registro Público del Estado de Yucatán.
El Fiscal General del Estado de Yucatán, Juan Manuel León León, por encomienda del Gobernador, ha omitido, ha caído reiteradamente en desacato, debido a que se niega a entregar los hoteles a la familia Barbachano.

En el expediente 1573/2023, que se encuentra en el Juzgado Primero de Distrito, se asienta que se otorgó una “suspensión con efectos positivos”, lo que obliga a la Fiscalía a levantar el aseguramiento de los hoteles y entregarlos como es debido a Fernando Barbachano Herrero.

Sin embargo, dolosamente, dicha suspensión fue revocada por el propio juzgado primero de Distrito, a cargo del licenciado Adrián Fernández Novelo, quien asumió que el acto reclamado que consistió en la omisión de levantar el aseguramiento que pesaba sobre los hoteles, y la entrega de los mismos al señor Barbachano que fuera ordenado por la fiscalía general del estado de Quintana Roo, había sido sustituido por una resolución emitida por el licenciado Miguel Francisco Espinosa Cervera.

El juez de control de primera instancia con jurisdicción en el Distrito judicial de Cancún que había revocado ese acuerdo que ordenaba levantar el aseguramiento, pero extrañamente el juzgado cuarto de Distrito en Yucatán, había otorgado una suspensión provisional y luego definitiva en contra de los efectos de dicha revocación, como quedó asentado en el expediente 1593/2023

Es decir, el juzgado primero de Distrito ignoró de forma consciente (tuvo a la vista el expediente número 1593/2023 en el que el juzgado cuarto de distrito había otorgado la suspensión para el efecto de no acatar la revocación determinada por el juez de control de Cancún ) y con ello se sumó a las conductas de las demás autoridades mencionadas, que pretenden privar al señor Fernando Eugenio Barbachano Herrero de recuperar sus hoteles y consecuentemente de los ingresos derivados de los mismos obtenidos ilegalmente en los últimos dos años por Inmobiliaria R4 S.A. de C.V., propiedad de Rodolfo Rosas Moya, padre de Rodolfo Rosas Cantillo, quien es socio comercial del gobernador del estado de Yucatán.

“Señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me permito recurrir a ustedes, apelando a sus máximos criterios y a su respetabilísima investidura, toda vez que parecen nulos e inútiles todos los esfuerzos legales y todos los recursos que en derecho proceden, para obtener justicia”.

“En este largo andar, hemos obtenido la razón jurídica y legal en todas y cada una de las actuaciones que ha habido menester; hemos ganado diversos juicios de amparo, al tiempo que nos hemos atenido a lo que dispongan las resoluciones judiciales, sin embargo, el involucramiento del Gobernador del Estado, en colusión con Rosas Moya ha impedido la acción de la justicia”.

Barbachano Herrero, aseguró que con el uso de artimañas, trampas y mentiras flagrantes, de juicios falsos y de testimonios inexistentes, se ha impedido a toda costa que le sean entregados los hoteles Mayaland y The Lodge.

Ante las solicitudes de apoyo y de justicia que se le han hecho al Gobernador del Estado, su respuesta ha sido que este es un pleito entre particulares, cuando su involucramiento y la fuerza del estado han sido evidentes.
“A la vista de lo expuesto, y donde incluso y de manera lamentable se percibe la participación del Juez Primero de Distrito en Yucatán, se puede hacer suponer actos de corrupción al más alto nivel y ante la total indefensión, es que respetuosa y enfáticamente, recurro a ustedes, nuestra más alta y respetada institución de impartición de justicia del país”.

El empresario dijo que lo que busca es que se haga justicia y se actúe conforme al derecho, asimismo se solicite al Consejo de la Judicatura Federal que investigue la conducta del mencionado juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Fernández Noveló, o tengan a bien analizar, tanto Io aquí expuesto, como łos expedientes probatorios que con gusto y sin dilación podría poner a su disposición.