Regalan 600 MDP a inmobiliarias

• El gobierno de Yucatán dejaría de cobrar hasta 600 millones de pesos a constructoras.  La JAPAY dejará de cobrarles la conexión del servicio de agua potable por las viviendas que construyan dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar.

• Además, el Gobierno del Estado publicó en el Diario Oficial del Estado que se otorgan estímulos que contemplan reducciones del 100 por ciento en el pago de derechos, impuestos, trámites y resoluciones de manifestaciones de impacto ambiental de la SDS.

• Entre los beneficiarios directos se encuentran la empresa Yucasa, propiedad de Sebastián Lago Molina, Ricardo Mañé Lara, señalado como el líder del Cártel de los Mañé y Pedro Espadas Cervantes, expareja sentimental de la exalcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Mientras el Gobierno de Yucatán recurre al endeudamiento para financiar proyectos de infraestructura y bienestar metropolitano, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) abrió la llave de beneficios económicos para las empresas inmobiliarias que fueron beneficiadas con millonarios contratos para la construcción de la vivienda social.

La dependencia dejará de cobrarles la conexión del servicio de agua potable por las viviendas que construyan dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar.

El contraste coloca bajo la lupa la política económica de la administración estatal: por un lado, se comprometen recursos públicos y se buscan mecanismos de financiamiento para atender necesidades de infraestructura, por otro, se renuncia a ingresos que, de acuerdo con el catálogo de tarifas de la propia dependencia, pueden representar millones de pesos y que podrían ser de gran ayuda para resolver los graves problemas con el servicio del agua.

El beneficio quedó establecido en el acuerdo JAPAY 02/2026, firmado por Francisco Torres Rivas y publicado en el Diario Oficial del Estado. Conforme a la información proporcionada para esta investigación, la disposición entra en vigor el 14 de octubre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2030, último día de la actual administración estatal.

No se trata de una condonación general para todas las personas que compren una casa, es un estímulo que está dirigido a las empresas y proyectos que cumplan con las condiciones del programa de Vivienda para el Bienestar, ya que para que puedan vender las casas, estas tienen que contar con los servicios básicos.

Mientras el desarrollador beneficiado podría ahorrarse el pago millonario por la conexión, quienes queden fuera del esquema continuarán sujetos a las tarifas que correspondan, incluidos los ciudadanos que requieran conexiones del servicio de agua potable.

Las tarifas de la JAPAY contemplan cobros por conexión que van de 3 mil 045 a 20 mil 806 pesos, dependiendo del rango de valor de la vivienda.

Para el segmento de vivienda social considerado en esta investigación, cuyos valores se ubican entre 624 mil 089 y un millón 212 mil 516 pesos, los cobros de referencia oscilan entre 6 mil 298 y 9 mil 569 pesos por conexión.

Al cruzar esas tarifas con las cifras de viviendas proyectadas por el Gobierno federal, el impacto potencial adquiere una dimensión considerable.

En Kanasín se proyectan 2 mil 488 viviendas, en Umán, 5 mil 664, y en Mérida, 3 mil 552. En conjunto, los tres municipios sumarían 11 mil 704 casas dentro del programa.

Si todas esas viviendas estuvieran sujetas al beneficio y correspondiera aplicar las tarifas señaladas, el importe de las conexiones exentas se ubicaría en un rango de 73 millones 711 mil 792 pesos a 111 millones 995 mil 576 pesos.

La magnitud podría ser mayor si el programa se extiende a localidades del interior del estado donde el servicio de agua potable no depende de los ayuntamientos y la ampliación de la infraestructura o las conexiones quedan bajo responsabilidad de la JAPAY.

Esto se debe a que en el sexenio se tiene proyectada la construcción de 72 mil 770 viviendas, por lo cual estaríamos hablando de una exención de pago que va de los 458 millones 305 mil 460 pesos a 696 millones 336 mil 130 pesos, que no tendrían que pagar las inmobiliarias que participen en el programa de Vivienda para el Bienestar.

Durante una revisión hemerográfica, Sol Yucatán encontró que el acuerdo de la JAPAY no es el único beneficio que el gobierno le ha otorgado a las inmobiliarias.

El acuerdo de la JAPAY no es aislado, sino que forma parte de un esquema de incentivos que el Gobierno Estatal comenzó a instrumentar para facilitar el desarrollo de proyectos vinculados con Vivienda para el Bienestar.

El 7 de julio de 2025, el Gobierno del Estado publicó en el Diario Oficial del Estado el Decreto 94/2025, donde se otorgan estímulos que contemplan reducciones del 100 por ciento en el pago de derechos, impuestos y trámites dirigidos a los desarrolladores de vivienda social.

Entre los conceptos comprendidos figuran derechos registrales, catastrales y notariales asociados con la adquisición de predios por parte del Gobierno federal, así como diversos trámites como dictámenes, licencias, evaluaciones e inspecciones que deben cubrir quienes desarrollan las viviendas.

Los beneficios incluyen exención de pagos en los permisos de impacto urbano, impacto vial, factibilidad urbano-ambiental, trámites ambientales, dictámenes de riesgo de Protección Civil y determinadas constancias del Registro Público de la Propiedad.

Posteriormente, el 20 de enero de este año se publicó el Decreto 158/2026, donde se amplió el catálogo al incorporar derechos correspondientes a evaluaciones y resoluciones de manifestaciones de impacto ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

En conjunto, estas disposiciones reducen costos administrativos que normalmente forman parte del proceso de adquisición de terrenos, autorización, evaluación y urbanización de los proyectos.

Para las empresas beneficiadas, el ahorro se traduce en un mayor margen de ganancias, sin embargo, para el usuario final, es decir, los que adquieren viviendas, no existe un beneficio real.

Debido a que el costo de la vivienda en la entidad cada vez es más caro, al grado de que este año Yucatán registra un incremento real del 9.6 % en el sector vivienda y de 2017 a la fecha el incremento ha sido del 100 %, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal.

Entre los beneficiarios directos se encuentran la empresa Yucasa, propiedad de Sebastián Lago Molina, hijo del empresario David Lago Ancona, quien es la persona que se encuentra detrás del proyecto para la edificación de Punta Cruz Eco, en Umán, quien recibió un contrato de 2 mil 900 millones de pesos, además, el propio Gobierno Federal le compró el terreno en 267 millones de pesos, para que construya el conjunto habitacional.

Ricardo Mañé Lara, señalado como el líder del Cártel de los Mañé, vinculado a un millonario fraude inmobiliario a través de casas de interés social del Infonavit.

Tiene un contrato por más de 200 millones de pesos y recientemente se inscribió al proceso interno de Morena por la candidatura a la diputación federal por el II Distrito.

Pedro Espadas Cervantes es otro de los beneficiarios, es expareja sentimental de la exsenadora y exalcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara.

Tiene proyectos de vivienda de interés social en Mérida y en Ciudad Ucú.

La exalcaldesa se le vincula con Morena y desde hace unos meses ha emprendido una campaña de golpeteo en Mérida, por lo cual detrás de la politiquería habría de por medio intereses en la construcción de vivienda del Gobierno Federal, ya que es accionista en las empresas de Espadas Cervantes.