Megaproyectos y despojo

• Separados por 44 kilómetros, Ixil y Ucú comparten una misma lucha contra el acaparamiento de sus tierras ancestrales: un esquema de fraude inmobiliario y presión por el megaproyecto del Tren Maya, respaldado por la violencia policial y la criminalización de las comunidades que se resisten.

Por Claudia V. Arriaga Durán

“Nos escondimos en una casa y nos tiraron gas. No respetaron ni a los niños. Nos escondíamos como si fuéramos delincuentes, ¿por qué? Si solo estamos peleando nuestro derecho, ¿por qué nos hacen esto? (…) Luchamos por nosotros, por nuestros hijos, por la tierra de la que comemos, ¿se sienten más que nosotros?”, narró con angustia Leonilda, una de las mujeres del Consejo Comunitario de Ixil, quien ese día, junto con otras personas del pueblo maya, luchó contra el despojo de la tierra.

El 17 de agosto de 2023 —hace tres años—, más de 300 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzaron gas lacrimógeno y piedras a las mujeres y hombres que defendían sus parcelas frente al intento de privatización orquestado por los empresarios Gerardo Millet Palomeque, Andrés Abimerhi Briseño y Gerardo Millet Menéndez.

Se trata de 324 hectáreas que aún continúan en litigio.

“Fue algo traumático porque, en lugar de contar con el apoyo de las autoridades estatales, la SSP estuvo a favor de las inmobiliarias; como se dice, del lado de la gente con dinero. La sorpresa fue cuando nos avisaron que había muchas patrullas en el pueblo”, relató otra de las defensoras.

Los habitantes del pueblo maya de Ixil advirtieron que las familias Millet y Abimerhi se apropiaron de las tierras mediante un fraude. Explicaron que los títulos de propiedad no derivan de ninguna compraventa efectuada por los pobladores, sino de una serie de maniobras opacas de adquisición, unificación y división de predios realizadas a espaldas de la comunidad.

Son transacciones ejecutadas sobre tierras ancestrales que la propia población ha cultivado históricamente, cuyo origen se remonta a una primera inscripción de compraventa entre dos hermanos que jamás acreditaron la propiedad inicial, replicando así el mecanismo característico de acaparamiento territorial empleado durante el porfiriato.

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