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Las dunas del ISSTEY
Las promesas de campaña incumplidas
- Solo siguen aplicando remedios como en los gobiernos anteriores y los culpables siguen libres, protegidos y disfrutando sus riquezas. Algunos forman parte del nuevo gobierno prianmorena.
Por Darío Campos Manrique
Durante la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal en Yucatán, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) tuvo a dos titulares principales en su dirección general:
María Isabel Rodríguez Heredia (quien estuvo al frente desde el inicio de la gestión en 2018 hasta marzo de 2023), fecha en la que dejó el cargo para asumir la rectoría de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).
José Arturo Sánchez Martínez (quien asumió el cargo en marzo de 2023 y concluyó el sexenio), tras desempeñarse como subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del mismo organismo, permaneciendo hasta el final de la administración estatal.
Durante la administración de Mauricio Vila Dosal (2018–2024), el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) experimentó una severa crisis financiera que detonó una controversial reforma a su marco legal en 2022. Posteriormente, auditorías internas y gubernamentales expusieron irregularidades críticas en el manejo de sus recursos.
La Controversial Reforma de 2022 (Decreto 532/2022)
En julio de 2022, el gobierno de Vila Dosal impulsó y aprobó una nueva ley bajo el argumento de rescatar al instituto de la quiebra inminente.
Los puntos clave que afectaron directamente a los trabajadores fueron:
- Edad de jubilación elevada:
Se incrementó el tope de edad biológica obligatoria para el retiro, fijándola hasta los 65 años para alcanzar la pensión completa. - Aumento de cuotas patronales y de empleados:
La aportación al fondo de pensiones subió de manera gradual del 8% al 15% del sueldo base de cotización. - Salario Regulador de Retiro:
Se implementó una fórmula de cálculo basada en promedios de hasta 20 años de servicio, lo que castigaba drásticamente la pensión final, limitándola al 85% del salario base.
Los estados financieros emitidos trimestralmente por la Dirección General del ISSTEY reflejaban un fondo de pensiones exhausto. No obstante, revisiones de fiscalización posteriores arrojaron datos delicados sobre el uso del dinero público durante este periodo:
- Desfalco millonario detectado:
Auditorías internas posteriores a la administración revelaron un presunto desfalco que asciende a 1,200 millones de pesos de los fondos del instituto. - Mecanismos de pérdida:
El boquete financiero se generó principalmente mediante dos vías:
-La pérdida de inversiones de riesgo ejecutadas con el dinero de las pensiones de los trabajadores y
-El remate subvaluado de propiedades que formaban parte del patrimonio inmobiliario del instituto.
- Fiscalización del gasto:
Informes de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) documentaron que el déficit operativo crónico obligaba a constantes subsidios estatales para poder cubrir la nómina de jubilados en turno, descuidando el fondo de reservas a largo plazo.
El aumento gradual de cuotas establecido en la reforma del ISSTEY de 2022 tuvo un impacto adverso y directo en el salario neto de los trabajadores en transición (aquellos activos antes de la nueva ley).
Al aplicarse un incremento del 1% anual, su descuento quincenal subió del original 8% hasta alcanzar el 11% hacia finales de 2025, la ruta trazada por el gobierno de Mauricio Vila Dosal contemplaba seguir encareciendo la cuota anualmente hasta topar en un 13% o 15%.
El Impacto en la Economía de los Trabajadores
Reducción del salario líquido: cada año, los trabajadores experimentaron una disminución real en sus ingresos percibidos debido al descuento extra del 1% anual directo a su nómina.
- Mayor carga frente a prestaciones estancadas:
A pesar de aportar un mayor porcentaje de sus sueldos (pasando de pagar el 8% al 11%), los empleados de transición no vieron mejoras en los servicios médicos ni en préstamos a corto plazo. - La Doble afectación legal:
Al mismo tiempo que aportaban más dinero al fondo de pensiones, la reforma les obligaba a trabajar más años (elevando la edad de jubilación hasta los 65 años) para poder cobrar su retiro.
Las auditorías internas y las investigaciones periodísticas locales arrojaron luz sobre el destino del patrimonio inmobiliario del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).
Que según se alegó que para intentar mitigar el colapso financiero del instituto, la administración de Mauricio Vila Dosal recurrió a la ENAJENACIÓN y VENTA de VALIOSAS RESERVAS TERRITORIALES, catalogado como un «remate subvaluado» de los bienes de los trabajadores.
- El Caso Ucú:
La Mayor Reserva Territorial y el movimiento inmobiliario más significativo involucró la reserva territorial del municipio de Ucú. - El origen: Estas tierras (originalmente miles de hectáreas) fueron cedidas al instituto en administraciones pasadas como un fondo de garantía para saldar deudas del propio Gobierno del Estado con el fondo de pensiones.
- La venta en la crisis:
Ante la inminente quiebra institucional declarada a inicios del sexenio, el gobierno estatal anunció públicamente la necesidad de vender estos terrenos de Ucú para capitalizar las cuentas del ISSTEY. - La crítica:
Que desprenderse de esta reserva (valuada globalmente en cerca de 2,000 millones de pesos) únicamente servía para «alargar la agonía» del fondo, perdiendo un patrimonio que ganaba plusvalía año con año.
El Terreno de 22 Hectáreas Vendido a una Fracción de su Valor:
Uno de los hallazgos más controvertidos documentado en las auditorías internas posteriores se centró en la enajenación de un Megan terreno:
- Extensión: Una propiedad con una superficie exacta de 22.8 hectáreas.
El presunto remate:
-El terreno fue vendido por la administración del ISSTEY a la empresa privada Raíces Rablex S.A. de C.V. por una suma de 38 millones de pesos.
El boquete financiero:
- El avalúo real e histórico de esa propiedad ascendía a los 104 millones de pesos. Su venta representó una pérdida patrimonial directa de casi 66 millones de pesos en una sola operación debido a la subvaluación.
- Origen del inmueble:
Irónicamente, este predio había sido donado al fideicomiso del instituto poco tiempo antes por el Gobierno Federal con la instrucción explícita de ser un soporte económico para el retiro de los burócratas yucatecos. - Hoteles y Centros Vacacionales (El patrimonio que se retuvo)
-A diferencia de los terrenos baldíos y las reservas ejidales que se vendieron, hubo bienes de uso público que generaron fuertes manifestaciones de inconformidad y lograron mantenerse:
-Hotel Costa Club (Yucalpetén)4.3(2.2K)Hotel de 3 estrellas, emblemático balneario y centro vacacional del ISSTEY en Progreso permaneció cerrado por tres años debido a la pandemia y el gobierno estatal terminó invirtiendo cerca de 20 millones de pesos a través del Idefeey para remodelarlo y reabrirlo a los derechohabientes.
Los Mecanismo del Desfalco según las Auditorías:
Los informes finales indican que el millonario desfalco que rodea al instituto (estimado globalmente en 1,200 millones de pesos) se consolidó mediante la mezcla de dos factores:
-La pérdida de inversiones financieras de riesgo en la bolsa de valores y, precisamente, este esquema de malbaratar el inventario inmobiliario (casas, edificios y terrenos residenciales) para obtener liquidez inmediata a costa de destruir el patrimonio a largo plazo.
Los nombres de los exfuncionarios formalmente denunciados:
Ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el desvío, mal manejo de cuotas y el desmantelamiento del patrimonio inmobiliario del ISSTEY.
- Los titulares de las administraciones previas (de los sexenios de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello).
-Las denuncias iniciales fueron promovidas por el propio Congreso del Estado a petición del Ejecutivo para esclarecer el desfalco acumulado y el posterior remate de reservas territoriales (como el caso Ucú).
El bloque de exfuncionarios señalados se divide de la siguiente manera:
Exdirectores Generales del ISSTEY Denunciados:
Acusados de presunto abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos al «jinetear» cuotas y desincorporar terrenos de forma irregular son:
- Nerio Torres Arcila
- Ulises Carrillo Cabrera
- Gabriela Cáceres Vergara
- Víctor Sánchez Álvarez
- Clemente Escalante Alcocer
- Zazil Moguel Manzur
- Milagros Castro Alcocer
- Exsecretarios de Finanzas y Colaboradores Implicados
Además de las cabezas del instituto, la denuncia abarcó a los altos funcionarios del gabinete financiero que retuvieron las aportaciones patronales del Gobierno del Estado o avalaron las operaciones inmobiliarias desfavorables:
- Juan Ricalde Ramírez (Exsecretario de Hacienda).
- Alfredo Dájer Abimerhi (Exsecretario de Administración y Finanzas).
- Fernando Fernández Vargas (Exdirector de Contabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas).
Estatus de las Investigaciones
-La ASEY ha acumulado múltiples carpetas de investigación por la crisis del instituto.
-Las auditorías internas y forenses subsecuentes documentaron que el esquema para subsanar el hoyo financiero:
=consistió en rematar de forma subvaluada predios donados al fondo de pensiones, liberando de presión económica inmediata contra los denunciados a costa de extinguir las reservas territoriales destinadas al retiro de los burócratas yucatecos.
Hoy el gobierno actual de Morena tiene pendiente la promesa de campaña para ganar votos de hacer justicia a los trabajadores del estado del caso «LAS DUNAS DEL ISSTEY».
Y QUE SOLO SE SIGUEN APLICANDO REMEDIOS COMO EN LOS GOBIERNOS ANTERIORES Y LOS CULPABLES SIGUEN LIBRES, PROTEGIDOS Y ALGUNOS FORMAN PARTE DEL NUEVO GOBIERNO PRIANMORENA DE YUCATÁN.
