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Trámites pirata en la 4T
- Una investigación de Sol Yucatán evidencia la existencia de una red de intermediarios del gobierno paralelo que ofrece a particulares y empresas la gestión de documentos y servicios gubernamentales a cambio de dinero.
- Documentos y trámites oficiales serían ofrecidos mediante redes sociales y contactos privados. La oferta alcanzaría licencias de conducir, actas de nacimiento, programas sociales y gestiones relacionadas con manifestaciones de impacto ambiental para proyectos inmobiliarios hasta peritajes.
- Esta situación ocurre mientras persisten cuestionamientos sobre la seguridad de bases de datos y sistemas digitales de instituciones públicas, que en menos de dos años de gobierno han sufrido cuatro hackeos, donde se han filtrado miles de datos personales.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
La ventanilla ya no necesariamente está en una oficina de gobierno.
Puede estar en un teléfono celular, en una computadora o en una tablet, que se puede operar desde cualquier punto de Yucatán, incluso desde un café.
Una cuenta de redes sociales, un número de WhatsApp o un contacto privado están siendo la puerta de entrada para ofrecer documentos, gestiones y trámites que, oficialmente, deben realizarse mediante procedimientos establecidos por las instituciones públicas, cumpliendo una serie de requisitos.
Una investigación de Sol Yucatán evidencia la existencia de una red de intermediarios que ofrece a particulares y empresas la gestión de documentos y servicios gubernamentales a cambio de dinero.
La oferta sería amplia: desde licencias de conducir y actas de nacimiento hasta la gestión de apoyos de programas sociales y trámites de mayor complejidad, entre ellos procedimientos relacionados con manifestaciones de impacto ambiental, de interés particularmente para empresas inmobiliarias y hasta peritajes.
El elemento que prende las alertas es la promesa de obtener soluciones rápidas mediante intermediarios, en procedimientos que normalmente requieren requisitos, documentación, validaciones y la intervención formal de las autoridades.
Los servicios se promocionan mediante redes sociales y contactos privados. Los interesados reciben información sobre el trámite, se establece un precio y posteriormente se solicita documentación personal.
En algunos casos, los clientes ni siquiera tendrían que encontrarse físicamente en Yucatán.
De acuerdo con los elementos recopilados por esta casa editorial, la oferta alcanzaría a personas que viven en otros estados del país e incluso en el extranjero, en especial en los Estados Unidos, en zonas como Carolina, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, puntos donde existe una extensa comunidad de yucatecos, de acuerdo a las declaraciones de gente que ha participado en esta red.
La documentación podría ser enviada por medios digitales o mediante paquetería.
Las líneas de investigación de Sol Yucatán han identificado referencias a distintas áreas de la administración pública, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública, el Registro Civil, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Bienestar.
En la punta del iceberg aparece el nombre del empresario Mario Millet Encalada, cabeza del gobierno paralelo en Yucatán.
Quien tiene colocados a su gente en diversas dependencias de Gobierno, entre ellos a Dafne López Martínez, coordinador general de asesores, director de proyectos estratégicos, quien tiene acceso a todas las dependencias.
No es para menos, debido a que significa un negocio de miles de millones de pesos.
De acuerdo con el paquete fiscal correspondiente al 2026, tan solo por trámites y servicios el Gobierno capta 8 mil 180 millones de pesos.
Por lo cual resulta un negocio multimillonario que estaría afectando de manera directa a las arcas estatales, debido a que el dinero no ingresa, a pesar de los trámites oficiales.
No hay que olvidar que en Yucatán hay un ascenso en los niveles de corrupción burocrática, de acuerdo a las estadísticas del propio INEGI.
Las estadísticas demuestran un dato aterrador, debido a que el año pasado Yucatán registró 26 mil 439 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, lo que hace aún más fácil la operación de la red por el grado de corrupción que ya existe en la propia estructura del gobierno.
Además de la vulnerabilidad del Gobierno ante los hackers, durante los primeros 23 meses de la administración estatal se han registrado al menos cuatro hackeos, en los que los ciberdelincuentes presuntamente se han apoderado de bases de datos con información confidencial y detallada de los ciudadanos.
Entre las dependencias que han quedado bajo la lupa se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), JAPAY, INSEJUPY y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (ATY).
Lo que llama la atención es que estos incidentes coinciden con el incremento de delitos digitales, entre ellos la extorsión y los cibersecuestros, en los que los hampones cuentan con información detallada de sus víctimas.
Lo que resulta evidente es que el Gobierno está vulnerable ante la ciberdelincuencia, situación que ha quedado más que evidente ante los señalamientos sobre el presunto robo de información ciudadana.
El término no corresponde a una estructura gubernamental reconocida oficialmente, sino a una expresión utilizada en investigaciones periodísticas para describir una presunta red de influencia alrededor del empresario.
