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INCAY y gobierno esconden cifras sobre el viaducto elevado de Progreso

Ante la opacidad de funcionarios del Gobierno del Estado, que se niegan a transparentar el uso del erario en obras y programas, el director de esta casa editorial, Fernando A. Toledo y Rivadeneyra, acudió ante los juzgados federales a solicitar sendos amparos contra el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, y el director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, ante su negativa a contestar solicitudes de información pública.

En el caso de la Segey, su titular, el Br. Liborio Vidal, hasta hoy no quiere proporcionar una copia simple del Programa Operativo Anual aprobado por la LXIII Legislatura que justifique y fundamente el arrendamiento de 100 autobuses y cuatro camionetas tipo Van Sprinter, con chofer, así como de 50 vehículos de tres a cuatro toneladas y unidades de 10 a 15 toneladas, con chofer y auxiliar, según las licitaciones publicada en la edición del Diario Oficial del Gobierno del Estado del 31 de julio reciente.

Para esas fechas, el bachiller al frente de esa dependencia estaba concentrado en su frustrada campaña por la candidatura del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Yucatán, con reuniones masivas, acarreo de gente y despilfarro de recursos públicos. Como hemos informado, de nada sirvió el derroche gubernamental y la abierta violación a los principios electorales, pues la nominación recayó en el alcalde meridiano Renán Barrera Concha.

Hasta hoy es un misterio el uso que se dará a esa flotilla, pues el chapulín vallisoletano (militó largos años en el PRI, y aunque mantiene su ADN tricolor brincó al PRD, al PVEM y ahora al PAN, para garantizar cargos públicos a familiares y allegados) no contestó las solicitudes de información, basadas en el Artículo 8 Constitucional, para saber qué o a quiénes transportarán y el programa que justifica la erogación de tales arrendamientos.

A su vez, el Incay tampoco contestó una solicitud de información basada en el derecho de petición (el Artículo 8 Constitucional), para que proporcione una copia simple del proyecto ejecutivo y el presupuesto aprobado para la obra del viaducto elevado que atravesará el centro de Progreso, sobre la calle 82, partiendo del muelle. ¿Por qué tanta reticencia en transparentar los datos técnicos, estudios y costos de una obra que es pública?

Eso sí, esa dependencia, sin permiso y sin previo aviso, usó el correo electrónico y datos personales del solicitante, para “pelotear” esa solicitud de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), todo con la clara intención de marear la perdiz y hacer, sin entregar lo solicitado, cómo que cumplieron.

Ahora, los titulares de ambas dependencias estatales deberán motivar y justificar ante un juez federal la falta de respuesta.

 

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