Funcionarios y delincuentes

*Al menos 15 funcionarios de primer y segundo nivel del actual gabinete del gobierno de la 4T han enfrentado investigaciones por denuncias de corrupción, abusos y despojos de miles de hectáreas.

*Figuran secretarios de Estado, directores, asesores y operadores políticos considerados parte del círculo más cercano del gobernador, quien también ha sido denunciado por corrupción.

*Uno de los nombramientos que más cuestionamientos generó fue el de Roberto Rodríguez Asaf, exsecretario general de Gobierno durante la administración priísta de Rolando Zapata Bello.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Mientras el discurso oficial de Morena en Yucatán se construyó sobre el combate a la corrupción y transformación de las instituciones, una revisión de los antecedentes de algunos de sus funcionarios revela una realidad incómoda.

Integrantes del actual gobierno, personajes cercanos al primer círculo del gobernador Joaquín Díaz Mena, han sido señalados en denuncias, investigaciones y procesos legales por presuntas irregularidades cometidas antes o durante su paso por la administración pública.

La promesa de Morena sobre una nueva forma de gobernar dista mucho de la verdadera realidad que padecen los yucatecos y que en 22 meses de gobierno es un total fracaso con señalamientos de corrupción.

Secretarios, directores y asesores que hoy ocupan posiciones estratégicas forman parte de una lista de servidores públicos que han enfrentado cuestionamientos ante autoridades investigadoras, acusaciones administrativas o señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción, abuso de funciones y otros conflictos legales.

El llamado “gobierno del cambio” enfrenta así una de sus mayores contradicciones, mientras exige transparencia a sus adversarios políticos, dentro de sus propias filas mantiene a personajes que arrastran expedientes, denuncias y cuestionamientos que ponen bajo escrutinio su integridad y ética para administrar y decidir sobre el futuro de Yucatán.

Al menos 15 funcionarios de primer y segundo nivel del Gobierno de Yucatán han enfrentado denuncias, investigaciones o procesos legales en distintos momentos de su trayectoria pública.

Entre ellos figuran secretarios de Estado, directores, asesores y operadores políticos considerados parte del círculo más cercano del gobernador Joaquín Díaz Mena, quien también ha sido objeto de denuncias ante autoridades por presuntos actos de corrupción.

La llegada de la llamada Cuarta Transformación al Gobierno de Yucatán estuvo acompañada por un discurso de combate a la corrupción y de renovación de la vida pública.

Sin embargo, una revisión de antecedentes de funcionarios que hoy ocupan posiciones estratégicas revela una situación contraria.

La revisión realizada por Sol Yucatán identificó al menos 15 funcionarios de primer y segundo nivel que, antes o durante su desempeño público en otros gobiernos, enfrentaron señalamientos ante distintas autoridades.

El caso alcanza incluso al propio gobernador Joaquín Díaz Mena, quien en distintas etapas de su carrera política ha enfrentado denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, aunque hasta el momento no existe una sentencia condenatoria en su contra, ya que las carpetas de investigación permanecen en la congeladora.

Entre los funcionarios con mayor cercanía política al mandatario aparece Edgardo Medina Rodríguez, actual secretario de Desarrollo Rural, considerado uno de los operadores históricos de Díaz Mena desde su militancia en el PAN y además identificado públicamente como su compadre.

Medina Rodríguez fue señalado en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con el presunto desvío de recursos durante su paso por la Delegación de la Secretaría del Bienestar, dentro de una investigación sobre el manejo de programas federales.

Otro integrante del primer círculo del gobernador es Omar Pérez Avilés, actual secretario general de Gobierno.

También fue mencionado en señalamientos derivados de las investigaciones relacionadas con la Delegación del Bienestar, debido a su labor como subdelegado de esa dependencia federal, donde presuntamente habría participado o encubierto irregularidades administrativas, de acuerdo con las denuncias presentadas.

En el gabinete ampliado también figura Roger Aguilar Arroyo, exalcalde de Motul y actual director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM), quien enfrenta cinco denuncias por presuntos actos de corrupción relacionados con su administración municipal.

Es señalado como uno de los prestanombres de Joaquín Díaz Mena y llama especial atención que en poco tiempo hubiera amasado una gran fortuna consistente en ranchos, propiedades, empresas y hasta una ganadería.

Por su parte, Leonel Rosado Mena, exalcalde de Celestún y actualmente asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural, fue vinculado públicamente con investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de pepino de mar, además de diversos señalamientos por presuntas irregularidades durante su gestión municipal.

Uno de los nombramientos que más cuestionamientos generó fue el de Roberto Rodríguez Asaf, exsecretario general de Gobierno durante la administración priísta de Rolando Zapata Bello.

Hoy convertido en asesor del gobernador Díaz Mena, Rodríguez Asaf enfrentó acusaciones por presuntos actos de corrupción.

Diversos actores políticos lo han señalado como presunto prestanombres del exgobernador priísta, acusaciones que él ha rechazado, incluso durante el cambio de gobierno priísta al panista Rodríguez Asaf, figuró entre los funcionarios vinculados a casos de corrupción, aunque tras un presunto acuerdo político el caso se cerró y quedó impune.

Otro caso que llama la atención es el de Jacinto Sosa Novelo, quien renunció recientemente a la dirección de la Agencia de Transporte de Yucatán y actualmente ocupa una subsecretaría en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Durante su trayectoria, enfrentó acusaciones de índole sexual cuando fue funcionario del Infonavit y, posteriormente, recibió cuestionamientos por presuntos malos manejos administrativos al frente de la Agencia de Transporte.

El operador del llamado “gobierno paralelo” en la estructura gubernamental también destaca Dafne López Martínez, identificado por diversos actores políticos como uno de los principales operadores del Gobierno Estatal.

Se le considera cercano al empresario Mario Millet Encalada y es señalado por diversas voces como el principal estratega del denominado “gobierno paralelo”, debido a su influencia en decisiones políticas y administrativas dentro de la actual administración.

Comunicación Social también bajo cuestionamientos

El actual encargado de la Coordinación General de Comunicación Social, Janitzio Durán Ortegón, también cuenta con antecedentes judiciales.

En 2014 fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, proceso que quedó registrado en su historial judicial.

En la lista también aparecen nombres como Shirley Castillo Sánchez, actual directora del DIF Estatal, Luis Hevia Jiménez, titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, Feliciano Moo y Can, titular del Indemaya y en su momento acusado del despojo de cientos de hectáreas de tierras a campesinos del interior del estado, y Erick Acosta Palma, exdirector de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Motul acusado de corrupción, quien se desempeña como jefe de la Unidad de Desarrollo Jurídico, Planeación e Infraestructura en el Inderm.

Algunas investigaciones permanecen abiertas y otras se quedaron en la congeladora por protección política, lo que no quiere decir que sean inocentes, lo que es una realidad es que abre el debate público sobre la integridad de quienes hoy administran el Gobierno de Yucatán.