Dejan morir a enfermos

• Un acuerdo de 36.6 MDP concentra en una sola empresa el control del servicio de anestesia en hospitales clave. Arrastra antecedentes de irregularidades, incidente sanitario documentado y sin evidencia pública sobre su cumplimiento.

• Una sola empresa controla toda la cadena de anestesia en unidades médicas estratégicas como el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” en Mérida, además de los hospitales de Valladolid y Tizimín.

• En el Hospital O’Horán, autoridades estatales confirmaron la detección de inconsistencias en los registros sanitarios y certificados analíticos de un medicamento suministrado por esta empresa.

Redacción/Sol Yucatán

Además de mostrar una profunda insensibilidad frente a las pésimas condiciones del sistema de salud en Yucatán, la administración encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena ha tomado decisiones que reflejan una forma voraz de ejercer el gasto público en un área particularmente delicada.

Bajo el gobierno de Joaquín Díaz Mena, la asignación de un contrato de gran escala a una empresa previamente señalada en investigaciones por irregularidades en el sector farmacéutico abre cuestionamientos inevitables sobre los criterios que guiaron esta decisión y sus posibles consecuencias para miles de pacientes.

El gobierno estatal, a través de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), adjudicó a la empresa Santek Health S.A. de C.V. el contrato número LA-90-Y95-931007985-N-07-25-C2 para la prestación del servicio integral de anestesia en hospitales públicos, con un monto de 36.6 millones de pesos, de acuerdo con el documento oficial de la licitación. Esta decisión, tomada por la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, implica la asignación de uno de los servicios médicos más sensibles a un solo proveedor privado.

El alcance del acuerdo incluye no solo el suministro de medicamentos anestésicos, sino también la instalación de equipos, su mantenimiento, la provisión de consumibles, la capacitación del personal y la operación técnica del servicio. En la práctica, esto implica que una sola empresa controla toda la cadena de anestesia en unidades médicas estratégicas como el Hospital General “Dr. Agustín O ‘Horan” en Mérida, además de los hospitales de Valladolid y Tizimín.

La concentración de un servicio crítico en un solo proveedor no es un detalle menor. Bajo la administración de este gobierno, este modelo establece una dependencia estructural del sistema de salud estatal respecto de la empresa contratada, ya que cualquier falla en el suministro de insumos, en el funcionamiento del equipo o en la operación técnica puede impactar directamente la capacidad de realizar procedimientos quirúrgicos. El esquema exige altos niveles de supervisión y transparencia, particularmente cuando involucra montos millonarios y servicios que inciden directamente en la seguridad de los pacientes.

Sin embargo, la empresa beneficiada por el gobierno estatal no llega sin antecedentes. Investigaciones han documentado que Santek Health forma parte de un conjunto de compañías proveedoras de insumos médicos señaladas por irregularidades en contrataciones públicas. La empresa forma parte de un grupo de distribuidores considerados irregulares, con al menos 391 millones de pesos en contratos en distintas entidades del país, lo que coloca bajo escrutinio cualquier nueva asignación de recursos públicos a su favor.

En Yucatán, además, existe un antecedente concreto que conecta a la empresa con problemas en el sistema de salud durante el mismo periodo en que gobierna Joaquín Díaz Mena. En el Hospital O’Horán, una de las unidades incluidas en el contrato, autoridades estatales confirmaron la detección de inconsistencias en los registros sanitarios y certificados analíticos de un medicamento suministrado por esta empresa.

El caso derivó en la suspensión del uso del producto y en la notificación a la autoridad sanitaria federal, tras registrarse reacciones adversas en pacientes pediátricos. Aunque las autoridades evitaron conclusiones definitivas, reconocieron que las irregularidades detectadas podrían estar relacionadas con la posible falsificación o alteración del medicamento, un señalamiento de extrema gravedad en cualquier contexto hospitalario.

El contrato firmado bajo la administración de Joaquín Díaz Mena identifica como administrador único de la empresa a Rafael Sánchez Aldaco, pero investigaciones adicionales han vinculado a Santek Health con una red más amplia de compañías del sector salud, entre ellas Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora, así como con distintos actores que han participado en procesos de contratación pública en otros estados. Este tipo de estructuras ha sido señalado en investigaciones por su participación recurrente en licitaciones similares, lo que en algunos casos ha derivado en cuestionamientos sobre la competencia efectiva entre proveedores.

Los antecedentes en entidades como Morelos refuerzan la preocupación sobre decisiones como la tomada por el gobierno de Joaquín Díaz Mena. En ese estado, empresas vinculadas a esta misma red recibieron contratos por más de mil millones de pesos para servicios médicos similares, en los que auditorías detectaron falta de evidencia suficiente para comprobar la entrega de insumos o la prestación efectiva de los servicios.

En esos casos, se documentaron pagos sin respaldo completo de ejecución, lo que evidenció debilidades en los mecanismos de supervisión. Aunque no existe una auditoría equivalente publicada para Yucatán, la similitud en el modelo de contratación y en los actores involucrados plantea un paralelismo que no puede ignorarse.

A pesar del monto del contrato asignado durante el gobierno de Joaquín Díaz Mena y de la relevancia del servicio que cubre, no existe información pública suficiente que permita verificar su cumplimiento en el estado. El documento contractual establece obligaciones detalladas, pero no incluye evidencia de ejecución, como actas de entrega, reportes de consumo o bitácoras de operación hospitalaria. Tampoco se han hecho públicos informes técnicos que evalúen el desempeño del proveedor en las unidades donde opera.

La ausencia de estos elementos limita la capacidad de determinar si el servicio se presta conforme a lo contratado o si existen fallas adicionales que no han sido documentadas, lo que resulta particularmente preocupante tratándose de un contrato firmado bajo la administración de Joaquín Díaz Mena en un área tan sensible como la salud pública.

La decisión de concentrar un servicio crítico en una empresa con antecedentes cuestionados y sin mecanismos visibles de verificación pública plantea interrogantes de fondo sobre la gestión del sistema de salud estatal durante el gobierno de Joaquín Díaz Mena.

En un entorno donde la calidad de los insumos y la confiabilidad de los servicios pueden marcar la diferencia entre la recuperación y el riesgo para los pacientes, la opacidad en contratos de esta magnitud deja más preguntas que respuestas y coloca el foco en la responsabilidad de las autoridades encargadas de garantizar la salud pública.