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39 mdp para un centro fantasma
- El Gobierno estatal y federal ha destinado poco más de 39 millones de pesos a un centro “fantasma” enfocado a la atención de menores migrantes que requieren asistencia social, que operaría en el edificio que ocupó Caimede.
- El centro recibió mayores recursos que el centro de asistencia para la niñez yucateca “Casa Otoch”, el cual opera desde hace años.
- En este contexto, la directora y la presidenta del DIF Estatal están más preocupadas por su campaña política y por su imagen que en atender los problemas sociales que aquejan a la niñez yucateca.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
Mientras en Yucatán existen niñas, niños y adolescentes que viven entre golpes, violencia familiar, abuso sexual, pobreza y explotación laboral, millones de pesos del erario han terminado destinados a un centro de asistencia social que, a más de un año de haber sido anunciado, continúa sin brindar atención.
Se trata de Casa U’Ulab, el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes impulsado por el DIF Yucatán.
Sobre el papel, el proyecto fue presentado como un espacio para proporcionar atención integral a menores migrantes que transitan por territorio yucateco y que requieren asistencia social.
Sin embargo, a 16 meses de su anuncio, el centro permanece sin operar, pese a los millonarios recursos públicos que ha recibido durante ese lapso.
De acuerdo con los convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación, durante 2026 el DIF Nacional autorizó 18 millones 645 mil pesos para fortalecer dos centros de asistencia social en Yucatán.
De esa bolsa, 11 millones 645 mil pesos fueron destinados a Casa U’Ulab.
Los otros 7 millones de pesos fueron asignados a Casa Otoch, institución que desde hace años atiende a niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo en Yucatán.
Lo que genera incredulidad y a la vez indignación es que Casa U’Ulab recibió 66 por ciento más recursos que Casa Otoch, pese a que esta última sí se encuentra en funcionamiento y atiende directamente a menores yucatecos.
En tanto que Casa U’Ulab atenderá exclusivamente a niños y menores extranjeros que se encuentren en tránsito en el estado, no aplicará para familias que tengan una estadía de más de 30 días en la entidad.
Casa U’Ulab recibió la misma cantidad, 11 millones 645 mil pesos, en 2025.
Es decir, solamente en subsidios federales correspondientes a 2025 y 2026, el centro acumula 23 millones 290 mil pesos, para un proyecto que no está operando.
No se cuestiona la necesidad de proteger a menores migrantes, todo lo contrario.
Precisamente porque se trata de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, los recursos destinados a protegerlos deberían traducirse en instalaciones funcionando, personal capacitado y servicios disponibles.
Lo que resulta cuestionable es que el dinero público siga fluyendo mientras el centro continúa sin abrir, es decir, al aire, sin que se sepa a ciencia cierta a dónde han ido a parar los millonarios recursos.
La historia no termina con los 23 millones 290 mil pesos de subsidios federales.
Este mismo año, el Gobierno del Estado anunció una inversión superior a 27.2 millones de pesos para fortalecer diversos centros de asistencia social, entre ellos Casa U’Ulab, que, de acuerdo a investigaciones de Sol Yucatán, recibió otros 13 millones de pesos.
Es decir, en un lapso de 16 meses desde el anuncio el centro de asistencia ha recibido poco más de 39 millones de pesos, un promedio de 2 millones 437 mil 500 pesos mensuales o lo que es lo mismo 81 mil 500 pesos por día una cantidad alta, considerando que el lugar no está en operación.
Casa U’Ulab ocupa las instalaciones del antiguo Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), en la colonia Mulsay, por lo cual cuenta con una infraestructura y servicios, es decir, un lugar físico que solo requería trabajos de adecuación y remozamiento.
El contraste resulta todavía más brutal cuando se observa la realidad que enfrentan miles de menores en la entidad.
La infancia yucateca enfrenta violencia familiar, abuso sexual, explotación laboral y otras condiciones de vulnerabilidad.
La propia Fiscalía General del Estado ha documentado casos de menores víctimas de violencia dentro de sus propios hogares. En el sexenio de Mauricio Vila, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán abrió mil 200 expedientes de guardia y custodia, incluidos delitos cometidos contra menores, en la actual administración ya se han abierto 340 expedientes.
Aunque a los directivos del DIF Estatal pareciera no preocuparles, debido a que mientras esta situación ocurre, la directora del DIF Estatal, Shirley Castillo Sánchez, está más preocupada por los amarres políticos, con reuniones con operadores ante su inminente postulación a una diputación en el próximo proceso electoral.
Por su parte, la presidenta del DIF, Wendy Méndez Naal, esposa del gobernador, está más preocupada por su imagen y cambiar su guardarropa que por atender los problemas de la niñez yucateca.
