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Opinión

YUCATÁN: EMBATE CONTRA LA DIVISIÓN DE PODERES

Santiago Alamilla Bazán

Diputados cabizbajos, en lo oscurito, a escondidas, así resultó el proceso de elección del nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, cuando no fueron capaces de lograr que el Congreso tuviera voz propia.

La semana pasada, los diputados locales del PAN y del PRI, con el apoyo del Verde Ecologista y Nueva Alianza votaron a favor el nombramiento de Mendoza Cuevas, a pesar de que numerosas voces de la sociedad civil de organizaciones tanto nacionales como locales, señalaron desde el primer momento que dicho individuo no solamente no contaba con las credenciales de probidad que se le exigen a un funcionario de su rango, sino que también pesaban sobre él señalamientos e historial de agresiones contra sus dos exesposas.

La ley de Yucatán establece que no pueden ser elegibles para cargos o encargos en la función pública, aquellos que tengan antecedentes de violencia, es decir que a diferencia de la ley federal, no se requiere que hayan sido sentenciados sino que si existe un historial de violencia de género, familiar, obstétrica y otras más, es razón suficiente para que no se lleve a cabo el nombramiento de una persona con antecedentes de este tipo.

Dentro de las facultades del ejecutivo se encuentra la de proponer la terna que será enviada al Congreso para la elección de los magistrados, y ya estando en esta instancia, es facultad de los diputados del Congreso local votarla en los términos que corresponda, sin embargo se puso en evidencia la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo, en especial entre la bancada del Partido Acción Nacional, cuyos 14 diputados, entre ellos hombres y mujeres votaron a favor del nombramiento de este individuo.

A pesar de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela González pidió que el punto se bajara de la discusión, es decir que siguiera en negociaciones para evitar que se violara la constitución del Estado y se pasara por alto la constitución federal, el matrimonio PRI-PAN se impuso forzando la votación con los resultados descritos.

Solamente una voz de mediana dignidad se escuchó entre los panistas, debido a que la diputada Carmen González prefirió separarse del cargo a votar en un sentido que no compartía, en especial porque ha sido una defensora de los derechos para las mujeres y para evitar que violentadores lleguen al poder público.

La abyección del poder legislativo y de los diputados que apoyaron la propuesta, es realmente la nota grave en todo este periplo que culminó de una manera negativa para el pueblo de Yucatán. La sumisión de los diputados, y en especial de las diputadas del PAN y del PRI para inclinar la cabeza y no oponer resistencia, pone sobre la mesa el peligro que implica la falta de contrapesos en Yucatán, ya que de esta manera queda en evidencia que no existe la mínima intención de que la función del poder legislativo realmente pueda servir para lo que está diseñado.

Los grupos feministas que llevaron a cabo varias protestas, indicaron que seguirán en la lucha para promover en las instancias que procedan, los elementos legales necesarios para exponer esta violación flagrante de las leyes y de ser posible echar atrás el nombramiento aduciendo violaciones graves a la constitución del Estado de Yucatán y a la Constitución de la República.

Yndira Sandoval, activista promotora de la ley 3 de 3 contra la violencia, indicó que Yucatán se está contradiciendo, ya que después de haber aprobado una ley que catalogó como “faro” en lo relacionado a evitar que violentadores lleguen a ocupar cargos en la administración pública, ahora viola su propia normatividad y atropella a su propia constitución.

La activista señaló que no solamente llevarán el caso a las instancias legales, sino que también harán los señalamientos necesarios con nombre y apellidos para que la sociedad conozca quienes son los legisladores yucatecos que se sometieron a cumplir órdenes y nombrar a esta persona a pesar que en muchos de los casos, la intención personal era votarlo en contra.

Según se dijo, se hará una o varias campañas mediáticas para que la sociedad yucateca conozca a estas personas y no vote por cualquiera de estos diputados que han demostrado no tener independencia a la hora de tomar decisiones, no solamente a favor del pueblo, sino que están dispuestos a pasar por encima de la ley para cumplir las órdenes que reciben.

Victor Hugo Lozano Poveda, coordinador de los diputados panistas es señalado como quien ejerció las presiones y amenazas para que los demás legisladores azules olvidaran su responsabilidad con la gente y ratificaran a esta persona a la que algunos medios y colectivos de mujeres llaman ya como “El Magistrado Violentador”.

Lo que realmente está en riesgo es la división de poderes en Yucatán, algo que es la esencia del sistema republicano y que busca garantizar que existan los contrapesos necesarios para que el poder no se concentre en una sola persona o un solo grupo. En un pasado lejano quedan acciones de un PAN republicano, como la de Ricardo Gutiérrez López quien renunció a la diputación y a la coordinación de los diputados panistas, cuando en 2003 el entonces gobernador blanquiazul Patricio Patrón quiso orientar las decisiones de aquellos diputados. La ley de 3 de 3 contra la violencia encontrará sus espacios legales para corregir lo que sucedió, pero el que haya quedado a la vista de todos que no existe un verdadero poder legislativo y que solo es la comparsa de las decisiones que se toman en otros lados, ese es el verdadero daño al estado. Esta fue la manera práctica de volver realidad aquello de “al diablo las instituciones”.

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