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Mérida

VORACIDAD DE LOS PATRÓN LAVIADA

LOS DEPARTAMENTOS YA ESTÁN VENDIDOS A GENTE DE CANADA, EU Y ESPAÑA

*El desarrollo “Villas María” en Sisal , cuyos inversionistas son la familia Patrón Laviada,  está violando flagrantemente la ley, pues  a pesar de que la obra está clausurada por la Profepa,  desacataron la autoridad federal y continuaron con la construcción

*La Semarnat en primera instancia rechazó el estudio de impacto ambiental al considerar que estaba en una zona protegida y que representaba un peligro ecológico, sin embargo, de manera extraña cinco días después cambiaron de parecer y otorgaron el permiso 

* El problema es que muchos de los departamentos ya están vendidos, principalmente a gente de Canadá, Estados Unidos y España, que han elegido a Yucatán como su zona de descanso, al venderles la idea de una playa semi virgen, llena de paz y tranquilidad.

La voracidad de la familia Patrón Laviada y sus socios inversionistas no parecieran tener límites, incluso violando flagrantemente las propias leyes estatales y federales.

Lo cual es más que evidente en el caso del desarrollo “Villas María” en Sisal que está violando flagrantemente la ley, debido a que a pesar de que la obra está clausurada por la Profepa, los apoderados legales del terreno, Sueños de Silvia S de RL de CV, María José Cruz del Toro y Gabriel Maquivar Pérez, desacataron la autoridad federal y continuaron con la construcción, que representa un peligro para el entorno natural del puerto.

De acuerdo con investigaciones, uno de los inversionistas de ese desarrollo sería la familia Patrón Laviada, quienes tienen invertidos muchos millones de pesos junto con un grupo de inversionistas extranjeros.

A pesar de la negativa, ellos están construyendo, es decir, les vale la ley, porque a final del día ellos no figuran de manera directa y lo más que puede pasar es que les impongan multas, a menos que el Juez inhabilite el predio, lo que se ve complicado

El problema es que muchos de los departamentos ya están vendidos, principalmente a gente de Canadá, Estados Unidos y España, que han elegido a Yucatán como su zona de descanso, al venderles la idea de una playa semi virgen, llena de paz y tranquilidad.

Pobladores de Sisal llamaron a las autoridades para actuar y clausurar de forma definitiva la obra, que inhabiliten el terreno por varios años y que les exijan reforestar el área. 

Ante la decisión de los desarrolladores de violar las normas y desafiar la legalidad, crece en el puerto la inconformidad por parte de los ciudadanos que consideran urgente la intervención de las autoridades competentes, ya que la autoridad municipal ha intimidado a quienes levantan la voz, por ello no proporcionaron sus nombres. 

Recordaron que el pasado 11 de abril fue clausurada la obra, por carecer de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito fundamental para cualquier construcción en el municipio, tras varias denuncias ciudadanas.

Refirieron que Cruz del Toro y Maquivar Pérez contrataron los servicios de Eugenia Correa Arce, panista, ex directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida, propietaria de Ambiente Sustentable Consultoría y Gestión, para la realización de la MIA, consultora que estuvo involucrada en casos polémicos e ilegales como fue el de Villas 33, ahora Sandré.

Expusieron que “Villas María” no respetó las leyes municipales y costeras, que prohíben construcciones superiores a 3 pisos, ya que proyecta 4 villas de 3 pisos y 2 edificios de 5 pisos en un terreno de 2 mil 287.99 metros cuadrados y 915.2 metros cuadrados de construcción, que representa un impacto del 40 por ciento en el área. 

Además, la obra en curso incumple la ley y causan daño irreparable al ecosistema, pues abarca mil 890 metros cuadrados, impactando el 100 por ciento del terreno y la zona federal, indicaron.

El proyecto no cumple con los requisitos para la licencia de construcción, no tiene una MIA aprobada, impacta el 100% del terreno, se construye en una zona de unifamiliares e invade la zona federal.

Al estar dentro de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), registrada como HUN06 BAR-AP1, el desarrollo debía cumplir numerosos requisitos para que fuera aprobada su MIA y la construcción pudiera comenzar. Uno de ellos era acatar la prohibición de deforestar un espacio de terreno mayor a 40%; otro, no tener más pisos que los indicados en su cálculo de capacidad de carga.

Sin embargo, la empresa a cargo del proyecto, Foster Corporation, en conjunto con la consultora de Eugenia Correa y la constructora, Ambiente Sustentable, han deforestado casi 60% del terreno para construir un edificio de siete pisos de altura, cuatro más de lo permitido por las normas. 

Pese a estas irregularidades, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto el 4 de abril de 2022, solo 5 días después de que el dictamen fue rechazado por la dependencia federal, como consta en el acta resolutiva 726-4-UGA-1853, firmada por Hernán José Cárdenas López, titular de la Semarnat en Yucatán, en poder de Sol Yucatán.

En la cual asentaban que la obra estaba asentada en un área considerada como protegida y que ponía en grave riesgo el equilibrio ecológico, sin embargo, cinco días después cambio de idea y la Semarnat por conducto de su titular aprobó el dictamen.

La solicitud ante la Semarnat fue ingresada el 9 de diciembre de 2021 por Paola Salcedo Gual, representando a Foster Corporation. El estudio de impacto ambiental del proyecto Villas 33 fue realizado por la consultora Ambiente Sustentable. 

El documento contempla la construcción de un complejo de 12 villas o departamentos, en seis niveles, con una superficie total destinada de 2 mil 124.889 metros cuadrados. Se estima que la afectación del terreno será de mil 189.94 metros cuadrados, es decir, 56% del total.

La edificación se lleva a cabo a pesar de que viola el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (Poetcy), pues se prevé que tenga siete niveles y 21 metros de altura, cuando en el poblado ninguna construcción tiene más de tres pisos y las normas establecen que cada construcción nueva debe respetar su “contexto”.

Correa Arce, pariente de Luis Correa Mena, uno de los políticos panistas más influyentes en el estado, consiguió que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en ese entonces encabezado por Sayda Rodríguez Gómez, hoy candidata a diputada local, le firmara el estudio de impacto ambiental, sin hacer ninguna observación o estudio, aun cuando violaba las leyes ambientales municipales, estatales y federales, ya que en el municipio, solo se permiten construcciones de 10 metros de alto en tanto que el complejo tendrá 33 metros de altura.

A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el desarrollo Villas María, en Sisal, los apoderados legales del terreno Sueños de Silvia S de RL de CV, María José Cruz del Toro y Gabriel Maquivar Pérez, desacataron autoridad federal y continuaron con la construcción, que representa un peligro para el entorno natural del puerto.

Pobladores de Sisal llamaron a las autoridades para actuar y clausurar de forma definitiva la obra, que inhabiliten el terreno por varios años y que les exijan reforestar el área. 

Villas María no respetó las leyes municipales y costeras, que prohíben construcciones superiores a 3 pisos, ya que proyecta 4 villas de 3 pisos y 2 edificios de 5 pisos en un terreno de 2 mil 287.99 metros cuadrados y 915.2 metros cuadrados de construcción, que representa un impacto del 40 por ciento en el área. 

Además, la obra en curso incumple la ley y causan daño irreparable al ecosistema, pues abarca mil 890 metros cuadrados impactando el 100 por ciento del terreno y la zona federal, indicaron.

Los desarrolladores de Villas María están construyendo a un ritmo muy veloz, trabajando incluso de noche, lo cual está prohibido.

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