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Van por mega «decomiso»
- El Ayuntamiento de Progreso da ultimátum de 60 días a los dueños de vehículos que están en el corralón, quien no acredite la propiedad y liquide multas, grúa, recargos y estadía podría perder definitivamente su unidad.
Redacción/Sol Yucatán
El Ayuntamiento de Progreso puso en marcha el que podría convertirse en el mayor proceso de adjudicación de vehículos en la historia del municipio. Más de 3 mil unidades almacenadas en el corralón municipal entraron en la cuenta regresiva para ser reclamadas, o de lo contrario podrían pasar a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento y rematadas.
La medida quedó oficializada con la publicación, este lunes, del Acuerdo DSPT/01/2026 en el Diario Oficial del Estado, documento mediante el cual la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito notificó a los propietarios que disponen de 60 días naturales para acreditar la legal propiedad de sus vehículos y cubrir el pago de multas, recargos, derechos de estancia y servicio de grúa.
La lista incluye automóviles, camionetas, motocicletas, bicicletas, triciclos e incluso embarcaciones, muchas de ellas abandonadas desde hace años en el depósito municipal.
El acuerdo, firmado por el alcalde Erik Rihani González, establece que, una vez agotado el plazo sin que los propietarios comparezcan y regularicen su situación, las unidades podrán ser adjudicadas al patrimonio del Municipio, iniciándose el procedimiento legal para su disposición, incluido el remate conforme a la legislación vigente.
La disposición no sólo alcanza a los miles de vehículos que ya permanecen en el corralón.
A partir de la entrada en vigor del acuerdo, todo vehículo que sea ingresado al depósito municipal tendrá un plazo máximo de 60 días para ser reclamado.
Si el dueño no acredita la propiedad y no liquida los adeudos correspondientes, podrá iniciarse el procedimiento para su adjudicación al patrimonio del Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el acuerdo.
La resolución causó polémica entre regidores del puerto, la oposición, indica que la medida es por demás sospechosa ya que se da en un contexto preelectoral y donde el edil busca reelegirse y que la intención es conseguir capital para su campaña, en tanto que los panistas, aseguraron que es una medida necesaria.
