¡Tremendo robo!

• La dupla Roxana Lili Campos Miranda y Kira Iris San se perfilan para ser llevadas ante la justicia por los 12 expedientes de procedimiento de investigación relacionados con diversos delitos por malversación por más de 80 MDP.
• Documento en manos de Sol Quintana Roo, firmado por Cristina Alcérreca Manzanero, indica que las dos exfuncionarias están bajo investigación por actos que buscan configurarse por los delitos de cohecho y peculado.
• Aunque la situación es “hermética”, se presume el hallazgo de más elementos de quebranto, los reclamos por los faltantes millonarios provienen de dinero enviado por la Federación al municipio para la ejecución de obra pública.

Redacción/Sol Quintana Roo

Playa del Carmen.- Los 12 expedientes de procedimiento de investigación iniciados contra la exalcaldesa panista Lili Campos Miranda y su extesorera, Kira Iris San, están relacionados con diversos delitos por malversación de más de 80 millones de pesos que las apresura a corto plazo a ser consignada ante las autoridades judiciales.

Un documento obtenido vía Transparencia por Sol Quintana Roo, firmado por Cristina Alcerreca Manzanero, titular del Órgano Interno de Control de Playa del Carmen, indican que las dos exfuncionarias se encuentran bajo investigación por actos que buscan configurarse por los delitos de cohecho y peculado.

Es decir, utilizaron dinero público para pagar sobornos y ejercer desvíos millonarios a costa del erario.

“Este Organo Interno de Control se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos digitales y físicos bajo su resguardo, de la cual se desprende la existencia de doce expedientes en contra de servidores públicos de la administración 2021-2024, calificados como faltas administrativas graves y remitidos a la autoridad competente para substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente”(sic), se lee en el documento en poder de este medio de comunicación.

Se trata de una solicitud efectuada vía Transparencia con el número de folio 1411288100221526. Por el momento los expedientes sólo se encuentran entre partes, es decir, el ayuntamiento y las acusadas tienen acceso directo a ellos.

No obstante, se ha podido saber que ya se encuentran radicados en el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del estado de Quintana Roo, por lo que en las siguientes semanas o días, se podría esperar que estos sean enviados a la Fiscalía Anticorrupción para ejercer las acciones penales ante los jueces del Sistema Penal Acusatorio de Playa del Carmen.

En el seguimiento de estos datos, se ha destacado una oleada de amparos que ha solicitado Kira Iris San, quien pretende mediante los medios de control constitucional evitar cualquier acto a futuro que le afecte.

FALTANTE MILLONARIO

Aunque actualmente la situación es hermética para evitar se caiga la investigación en el ayuntamiento de Playa del Carmen, pues se presume el hallazgo de más elementos de quebranto, los reclamos por los faltantes millonarios provienen de dinero enviado por la Federación al municipio para la ejecución de obra pública.

Sol Quintana Roo detectó en una revisión ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que no se sabe del paradero de 88.8 millones de pesos, que el gobierno de la exalcaldesa Campos Miranda ejerció únicamente del ejercicio fiscal 2023, el último año que gobernó completo este municipio.

Se trata de 64 millones 90 mil 252 pesos del primer pliego de observaciones relacionados con obras y servicios públicos que se ejecutaron con dinero proveniente de la Federación.

El segundo monto es por 24 millones 662 mil 734 pesos, por no proporcionar información clara de los insumos que se utilizaron para las obras que se debieron ejecutar ese año.

Entre las observaciones se destaca que no se acreditó el gasto correcto de boletos de avión para diversos viajes que debió de efectuar el equipo de futbol Inter Playa del Carmen, en el año 2023 a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otros destinos.

KIRA IRIS, EL OBJETIVO INICIAL

La situación actualmente se yergue sobre Kira Iris para que aclare lo faltante, pues tal parece que los estados financieros que presentaba de manera mensual no eran acorde a la realidad, con lo cual aparentemente falseó información.

Lo anterior lo demuestra la investigación que actualmente mantiene sobre ella el Órgano Interno de Control del ayuntamiento de Playa del Carmen.

Su estrategia legal actualmente consiste en solicitar múltiples amparos, pero sin trámite de incidentes de suspensión para celebrar a corto plazo las audiencias constitucionales.

Busca que, por lo menos, en el verano próximo obtener sentencias a su favor; no obstante, el ayuntamiento ya se prepara para impugnarlas.

LILI CAMPOS

Holbox Gas, que fue beneficiado en un completo acto de corrupción por la exalcaldesa panista Lili Campos con la construcción de una gasera en plena zona urbana de Villas del Sol, impugnó la sentencia que lo dejaba fuera de este proyecto de distribución de hidrocarburo.

De acuerdo con revisión de expedientes, este viernes la Cuarta Sala Especializada en Materia Ambiental y de Desarrollo Urbano, del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, recibió la solicitud de amparo directo contra un juicio de lesividad promovido por el actual gobierno de Playa del Carmen.

“Tercero interesado promueve amparo directo en contra de la sentencia definitiva de 06 de marzo de 2026 se ordena correr traslado a las contrapartes a efecto de que en su carácter de terceros interesados se sirva comparecer ante la autoridad judicial federal a defender sus derechos”, se lee en el expediente de juicio de nulidad.

La construcción de la estación de Tomza Gas, de la línea de Holbox Gas, se inició en las últimas semanas del gobierno de Lili Campos. Aunque el permiso para ejecutar la obra no aparece por ningún lado.

Unas 100 familias ubicadas en la entrada de la citada demarcación, en las avenidas CTM, Gorriones y Codorniz Yucateca, iniciaron en su momento un bloqueo que duró varios meses buscando impedir la operación del negocio distribuidor del hidrocarburo.

Lo anterior ante el temor de alguna explosión porque se colocó un tanque con capacidad de cinco mil litros de almacenamiento de Gas Licuado del Petróleo (Gas LP) para su distribución.

Inmediatamente el nuevo gobierno se enteró de la situación, colocó sellos de clausura en el lugar e inició el juicio de lesividad que finalmente ha concluido en la nulidad de los permisos a favor de la empresa.