¡Serán requeridos!

Incrementa la lista de funcionarios ligados a intereses “anómalos”, señalados y requeridos por las autoridades estadounidenses para rendir cuentas sobre sus acciones durante y posterior a sus encomiendas
Investigaciones Especiales/Grupo Sol Corporativo/Ricardo Ravelo/J. Jesús Lemus/Urbano Barrera/Alfredo Griz

Ciudad de México.- La lista de funcionarios involucrados con la corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y protección a los narcos, de una u otra manera, va incrementando día a día creando un “agujero negro” dentro del gobierno federal y moviendo los cimientos básicos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al estar involucrados algunos de sus pilares políticos.
En esta nueva lista que difundirá Grupo Sol Corporativo, a través de sus medios impresos y digitales, aparece el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, quien en su afán por hacer ganar a sus candidatos priístas distribuyendo millones de pesos, principalmente a Roy Gómez, aspirante a la alcaldía de Tepic en 2014, pero perdió.

“El día que entreguen, si les toca entregar abril y mayo, ese día nada más hablen de Roberto Sandoval, no hablen del PRI. Al otro día, sin producto para que no los vayan a estar grabando, sí hay que hablar ahí de Roberto Sandoval y del voto para el PRI”.

Lo anterior sería parte de un audio ventilado en el 2017 con voz del entonces gobernador de Nayarit, lo que confirmaba el uso de recursos a través del Programa de Seguro Alimentario (PROSA) para la campaña del Partido Revolucionario Institucional, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En su momento, el Gobierno de ese Estado a través del secretario General de Gobierno, Jorge Armando Gómez Arias, intentó frenar la investigación mediante un juicio de amparo, pero no lo consiguió.
Tiempo después, el asunto fue remitido por incompetencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) y sería éste el que generó la segunda causa penal por la que Sandoval Castañeda es llevado a juicio.

Aunque las investigaciones contra el ex gobernador se desglosan por diversos hechos, parecieran uno solo: Sin límite el presunto mal uso de recursos públicos, el enriquecimiento.

Asimismo, figura el nombre de Lorena Cuéllar Cisneros. La gobernadora de Tlaxcala, llegó al poder enarbolando el discurso de austeridad, combate a la corrupción y transformación política. Pero una revisión de su trayectoria pública, su última declaración patrimonial disponible y documentos mercantiles vinculados a su entorno empresarial exhibe zonas de opacidad en torno a su patrimonio, su participación societaria y los principales señalamientos de presuntas irregularidades que han marcado su administración.

A más de cinco años de su última declaración patrimonial pública accesible, el patrimonio, los negocios y la transparencia de la mandataria permanecen bajo cuestionamiento.
Lorena Cuéllar Cisneros es una de las figuras políticas más consolidadas de Tlaxcala. Licenciada en Educación Especial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, inició su carrera en el servicio público municipal y fue construyendo una trayectoria que atravesó distintas fuerzas políticas hasta desembocar en Morena, partido con el que obtuvo la gubernatura en 2021.

Antes de ello fue diputada local en dos ocasiones, presidenta municipal de Tlaxcala, senadora de la República, diputada federal y delegada de la Secretaría de Bienestar en el estado. Su carrera pública se ha extendido durante más de dos décadas en posiciones de alta responsabilidad política y administrativa.

Sin embargo, el ascenso de Cuéllar no ha estado exento de cuestionamientos. El primero de ellos es la opacidad sobre la evolución de su patrimonio. La última declaración patrimonial pública disponible corresponde al 21 de diciembre de 2020, presentada como declaración de conclusión al dejar su cargo como delegada federal de Bienestar.

Desde entonces no existe una actualización pública accesible de su patrimonio pese a que, como gobernadora en funciones, está obligada legalmente a presentar declaraciones periódicas de modificación patrimonial. La ausencia de una versión pública actualizada impide conocer cómo evolucionó su patrimonio durante la campaña electoral, la transición al poder y el ejercicio de la gubernatura.

La revisión de aquella última declaración exhibe un patrimonio inmobiliario considerable. Cuéllar reportó al menos nueve inmuebles entre casas, terrenos y departamentos. Varias de esas propiedades presentan dimensiones atípicas para el promedio patrimonial de un servidor público.

Destacan dos casas heredadas en 2014 con terrenos de 4 mil 358 y 4 mil 251 metros cuadrados, respectivamente, así como una residencia adquirida en 1987 con mil 500 metros cuadrados de terreno y 650 de construcción. También reportó otra casa con 440 metros cuadrados de terreno y 440 de construcción, además de diversos lotes y predios adicionales.

Lo más llamativo no es únicamente la cantidad o extensión de los inmuebles, sino el valor de adquisición reportado en varios casos. Una casa de 268 metros cuadrados aparece con un valor declarado de apenas 5 mil pesos. Otra casa de 440 metros cuadrados fue registrada con un valor de 35 mil pesos.

Un terreno de 324 metros cuadrados figura con valor de adquisición de 6 mil 739 pesos. Aunque estos montos pueden corresponder al valor histórico escriturado o catastral al momento de la adquisición, la brecha entre las dimensiones de los inmuebles y los valores reportados genera interrogantes sobre la verdadera magnitud del patrimonio inmobiliario de la gobernadora.

Gerardo Mérida Sánchez, las acusaciones contra exmandos de seguridad en México volvieron a colocarse en el centro de la atención pública tras revelarse investigaciones que vinculan a un exsecretario estatal con presuntos pagos millonarios provenientes de una organización criminal ligada al tráfico de drogas.

De acuerdo con reportes judiciales y expedientes difundidos en medios nacionales, autoridades estadounidenses señalan que el exfuncionario habría recibido fuertes sumas de dinero de manera periódica a cambio de brindar presunta protección e información relacionada con operativos de seguridad.

Las investigaciones apuntan a posibles vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más señalados por tráfico internacional de drogas y operaciones ilícitas en territorio mexicano y estadounidense.

El caso ha generado preocupación debido a que el exservidor público ocupó cargos estratégicos relacionados con seguridad y combate al crimen, lo que ha provocado cuestionamientos sobre posibles niveles de infiltración criminal dentro de corporaciones oficiales.

En medio de las indagatorias, el exfuncionario promovió recursos legales para frenar una eventual captura o proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta señalamientos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

El tema se suma a una serie de investigaciones recientes que han colocado bajo escrutinio a exautoridades y personajes políticos por posibles vínculos con estructuras criminales en distintas regiones del país.

Evelyn Salgado Pineda. En guerrero la disputa entre seis cárteles le ha robado la paz y la vida a miles de guerrerenses. Ninguna autoridad local ni federal puede poner freno al poder del crimen ni a la guerra que sostienen por ese pedazo del Pacífico mexicano. A la violencia imparable se suma la corrupción de autoridades locales –alcaldes, síndicos, regidores y jefes policíacos –quienes están coludidos con cárteles como Los Ardillos, Los Rojos, Guerreros Unidos y la célula Beltrán Leyva. El pasado 7 de octubre, cuando cumplía su sexto día como alcalde de Chilpancingo, el alcalde Alejandro Arcos acudió a una cita con el cártel de Los Ardillos. Horas después fue hallado muerto y decapitado. Su cabeza fue exhibida en el toldo de su camioneta mientras su cuerpo fue acomodado en el asiento del copiloto.

Este es el caso más escandaloso que ha sufrido esa entidad. Pero hace tres meses fueron amenazados de muerte una decena de exalcaldes a quienes les pidieron cuotas mensuales hasta de un millón de pesos.

Tierra de nadie, el estado de Guerrero enfrenta una de las más graves crisis de inseguridad y corrupción: no sólo existe la guerra entre seis cárteles de la droga sino un elevado nivel de contubernio entre autoridades y grupos delincuenciales que han convertido a la entidad en un territorio plagado de violencia e ingobernabilidad.

Esos seis cárteles –imparables hasta ahora –son La Familia Michoacana, los Beltrán Leyva, Los Rojos, Cártel del Sur, Guerreros Unidos y Los Ardillos. Este último tiene controlado más de 40 por ciento del territorio guerrerense a través de sus aliados, entre ellos, los llamados narco-alcaldes que arribaron al poder financiados con dinero del crimen organizado.

También controlan a los síndicos, regidores, tesoreros y a los jefes de la policía, que a su vez son operadores de plazas donde Los Ardillos imponen su ley.
Uno de los escándalos que detonaron la vinculación de autoridades con el crimen fue el caso de la excaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, del partido Morena, quien fue filmada cuando sostenía una reunión con uno de los altos mandos del cártel de Los Ardillos.

El caso pronto alcanzó niveles de escándalo, pero en el partido Morena no pareció haber importado tanto, pues la exalcaldesa sólo fue expulsada del partido, pero en ningún momento se integró una carpeta de investigación para procesarla ni la fiscalía del Estado y menos en la General de la República.
Este hecho puso en evidencia que más del 70 por ciento de los ayuntamientos de Guerrero están gobernados por autoridades que tienen ligas con grupos criminales.

Pero eso no es todo: El nivel de violencia que enfrenta Guerrero ya rebasó a las autoridades y ha golpeado a la clase político-criminal de la entidad. El pasado 7 de octubre, cuando cumplía seis días en la presidencia municipal de Chilpancingo, el alcalde Alejandro Arcos, de 43 años, realizó un recorrido por algunas de las colonias más pobres de esa municipalidad.

Más tarde –cuentan testigos –salió solo presuntamente para sostener una reunión. Resultó extraño que no lo acompañara su escolta. Las fuentes consultadas aseguran que él manejó su camioneta y llegó al sitio a donde había sido citado.

De acuerdo con datos de la investigación, confirmados a nivel federal por la Secretaría de Seguridad Pública, Arcos se reunión con miembros del cártel de Los Ardillos.
Tras concluir la reunión, el alcalde de Chilpancingo fue levantado, asesinado y posteriormente decapitado. Su cabeza fue colocada en el toldo de su camioneta, mientras su cuerpo fue colocado en el asiento del copiloto y estaba tapado con una sábana.

El munícipe ya oía pasos complicados en su entorno personal y por ello había solicitado protección a las autoridades, la cual nunca llegó. Y es que días antes fue asesinado Francisco González Tapia Gutiérrez, quien era el secretario del Ayuntamiento de Chilpancingo. Tras este crimen, los mafiosos habían perpetrado otro asesinado, el de Ulises Hernández Martínez, quien estaba a cargo de la seguridad pública del municipio.

Este escenario de violencia evidencia el desgobierno de Evelyn Salgado, gobernadora del estado, cuyo padre, el senador Félix Salgado Macedonio fue uno de los responsables, a principios de este siglo, se atraer a grupos criminales como el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, con quienes se le relacionó cuando fue alcalde de Acapulco.

Javier May Rodríguez. En el estado de Tabasco, donde a juicio del gobernador May Rodríguez y del comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, no hay cárteles del narcotráfico ni violencia, a dos meses de gestión del actual mandatario van 163 asesinatos; en contraste, durante todo 2023 se registraron 234 homicidios dolosos en la entidad, lo que representa un aumento de casi el 250 por ciento.

Durante ese lapso, también se han incrementado las cifras de los secuestros, extorsiones, asaltos, robos de autos y a casa habitación con violencia, de acuerdo a las mismas estadísticas del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los mismos datos oficiales que presenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son contundentes, en comparación con los periodos enero-octubre de 2023 y 2024, los indicadores muestran un aumento de 243.7 por ciento.
Cabe destacar que el incremento de delitos de alto impacto, se han reflejado con mayor relevancia durante los tres últimos mandatos de los gobernadores morenistas: Adán Augusto López Hernández, Carlos Manuel Merino Campos y Javier May Rodríguez.

No obstante, May Rodríguez culpó de la situación a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de los dos gobiernos anteriores, a cargo de sus correligionarios de Morena.
En conferencia de prensa, el gobernante May acusó: “Todos saben, aquí era vox populi, quién comandaba al grupo criminal ‘La Barredora’ ¿o no sabemos?”, y cuando se mencionó el nombre de Hernán Bermúdez, el gobernador reiteró. “Sí, ¿no?”.

Layda Sansores San Román. Al menos 9 contratos por 110 millones 399 mil 922 pesos con 1 centavo ($110,399,922.01) fue lo entregado por el Gobierno de Sansores San Román a Proyectos y Servicios Peninsulares S de R.L. de C.V., una empresa ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, con la que la gobernadora campechana al parecer mantenía una estrecha relación, pues tan pronto como se cumplió con la otorgación de obras habría desaparecido del mapa sin dejar rastro alguno.

El primer contrato fue expedido por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas a través del folio SEDUOPI/SSDU/PE/002/2021 por un monto de 14 millones 697 mil 560 pesos con 40 centavos ($14,697,560.40), para llevar a cabo el Mantenimiento menor en subestructura y medición potencial catódico de ánodos galvánicos, en el nuevo Puente Vehicular “La Unidad”.

El segundo de ese año se dio el 20 de diciembre del 2021 a través del contrato con numeral LO-904012996.E91-2021, firmado el 20 de diciembre del 2021, tan solo seis meses después del anteriores, por un monto de 37 millones 76 mil 425 pesos con 73 centavos ($37,076,425.73), para llevar a cabo la “Implementación del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) con especialidad en béisbol en el Estado de Campeche.

Al convenio anterior se adhiere el documento firmado el 19 de mayo del 2022 a través del convenio SEDETUOP-DGAGO-ADO-007-2022, para llevar a cabo la “Terminación de la construcción del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, con Especialidad en Béisbol”, pero ahora por un monto de 34 millones 664 mil 795 pesos con 81 centavos ($34,664,795.81).

Además de la obra faraónica que incluyó a BTED, la escuela de beisbol auspiciada y promovida por el Gobierno de López Obrador en varios estados, el 30 de agosto del 2022 a Proyectos y Servicios Peninsulares S de RL de CV le fueron entregados para que rehabilitara un espacio cercano al BTED, Tres millones 185 mil 397 pesos ($3,185,397) a través del folio SEDETUOP-DGAGO-CA30-013-2022, para llevar a cabo la aparente “Rehabilitación del estacionamiento del Estado de Béisbol Nelson Barrera Romellón, en la capital San Francisco de Campeche, en el Estado de Campeche”, mismo que se encontró durante el levantamiento del BTED en perfectas condiciones y no necesitó mejora alguna.
Pese a lo anterior, el 27 de diciembre del 2022 le fue entregado otro contrato más a la empresa Proyectos y Servicios Peninsulares S. de RL de CV, a través del folio SEDETUOP-DGAGO-ADO-042-2022, por un monto de 870 mil pesos ($870, 000) para llevar a cabo la Rehabilitación del estacionamiento del Estadio de Beisbol Nelson Barrera Romellón.

Pablo Lemus Navarro. La carrera política de este personaje ha estado marcada por una constante tensión entre la imagen del empresario exitoso y la opacidad que rodea su patrimonio.
Su trayectoria, construida al amparo del discurso de la eficiencia privada trasladada al servicio público, hoy se enfrenta a un dilema que pone en entredicho la credibilidad de esa narrativa.

Después de años de cuestionamientos por inconsistencias en sus declaraciones, el ahora gobernador de Jalisco ha optado por ocultar completamente los detalles de su fortuna. Su declaración patrimonial más reciente aparece testada en su totalidad, sin que el público pueda conocer el monto de sus bienes, los ingresos que percibe o las empresas de las que sigue obteniendo beneficios.

Este blindaje no es una casualidad ni una mera formalidad burocrática: es la culminación de una estrategia que comenzó años atrás, cuando su paso por la alcaldía de Zapopan reveló las primeras grietas en su discurso de transparencia.

Durante aquel período se detectaron terrenos y participaciones empresariales que no fueron incluidos en su declaración de inicio. El caso más representativo fue el de tres predios ubicados en Bahía de Banderas, Nayarit, vinculados a una desarrolladora inmobiliaria en la que Lemus tenía participación accionaria.

Los documentos mostraban que los terrenos habían sido transferidos a nombre de sus hijos, bajo el argumento de que la operación se realizó después de la primera declaración. Sin embargo, existían registros previos de adquisición, lo que dejó en evidencia una posible omisión deliberada.

Ese episodio marcó el inicio de una serie de incongruencias patrimoniales que se acumularon con los años y que, lejos de resolverse con claridad, fueron cubiertas con un velo de discreción cada vez más espeso.

El inventario de bienes que se le atribuye incluye propiedades de alto valor comercial distribuidas entre Guadalajara, Zapopan y Nayarit. Varios inmuebles aparecen registrados a nombre de su esposa o de sus hijos, práctica que, si bien no es ilegal, complica la fiscalización real de su patrimonio. Algunas propiedades se reportaron como donaciones recibidas en la infancia o como herencias familiares, pero los valores de adquisición nunca fueron precisados.

En otros casos, se documentaron compras de terrenos sin indicar el precio o la forma de pago. La opacidad también se extiende a los ingresos privados, pues mientras su salario como servidor público no rebasaba los ochocientos mil pesos anuales, sus ganancias por rentas, dividendos y operaciones financieras superaban varios millones. Ese desbalance económico entre lo público y lo privado alimentó la percepción de que Lemus utilizaba sus posiciones de poder para resguardar intereses empresariales bajo la apariencia de administración municipal.

A ello se suma un entramado corporativo poco transparente. A través de distintas sociedades, Lemus mantuvo vínculos con empresas dedicadas a la construcción y a los servicios financieros. Algunas de esas compañías permanecieron activas mientras él ya ocupaba cargos públicos, sin que existieran mecanismos claros de separación entre su papel de funcionario y sus negocios.

Salomón Jara Cruz. Hay administraciones que fracasan por incapacidad y otras que lo hacen por soberbia. El gobierno de Jara Cruz parece combinar ambas.

A poco tiempo de haber asumido el poder, su gestión ya es identificada —por encuestas, por percepción social y por el pulso cotidiano del Estado— como una de las peores evaluadas del país.
No es una exageración retórica: Es el reflejo de un gobierno que llegó prometiendo cambio y terminó profundizando el desgaste institucional, la inseguridad y la desconfianza.

Oaxaca no requería milagros, pero sí un mínimo de eficacia, diálogo y transparencia. En lugar de eso, recibió confrontación, opacidad y una narrativa de poder que confunde legitimidad electoral con cheque en blanco. El resultado es un estado más tenso, más inseguro y políticamente más polarizado.

Las evaluaciones ciudadanas no dejan espacio para la complacencia. Salomón Jara aparece de forma reiterada en los bloques inferiores de aprobación nacional, una señal inequívoca de que su proyecto político no conecta con la realidad social. Gobernar sin respaldo es gobernar en el vacío. Y Oaxaca hoy vive bajo un gobierno sin capital político suficiente para conducir al estado.

La desaprobación no nace de una expectativa irreal; surge de la experiencia diaria: trámites que no funcionan, conflictos que se agravan, violencia que avanza y un gobierno que responde con discurso ideológico en lugar de soluciones concretas.

Uno de los mayores retrocesos del gobierno de Jara es el deterioro acelerado de la seguridad. Oaxaca dejó de ser la excepción para convertirse en otra entidad marcada por homicidios, conflictos armados locales, control territorial de grupos criminales y comunidades abandonadas a su suerte.

Lo más grave no es solo la violencia, sino la normalización oficial del desorden. Cada hecho violento es minimizado, explicado o diluido en un lenguaje burocrático que evita asumir responsabilidades. El mensaje implícito es devastador: el Estado no garantiza protección y tampoco se siente obligado a hacerlo.

Un gobierno que se acostumbra a la violencia termina siendo cómplice por omisión.
Lejos de erradicar viejas prácticas, la administración de Salomón Jara ha sido señalada por reproducir esquemas de corrupción, favoritismo y control político. El poder se ejerce con lógica de facción, no de Estado. Los recursos públicos se perciben como instrumentos de lealtad, no como herramientas de desarrollo.

El discurso de honestidad pierde sentido cuando las decisiones carecen de transparencia y cuando el escrutinio público es tratado como ataque político. En Oaxaca, la promesa de un gobierno distinto se ha diluido en una administración que huele a pasado, aunque se disfrace de cambio.

Julio Menchaca Salazar. A un año de que tomó posesión como gobernador de Hidalgo, el estado está sumido en una guerra entre cárteles de la droga, en su mayoría provenientes del Estado de México y de estados circunvecinos que se han afincado en ese territorio.

Sin embargo, lo que impacta más a la entidad es el robo de combustibles, que explotan los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima, Caballeros Templarios y el cártel del Golfo, entre otros, que en Hidalgo tienen raíces profundas: por ejemplo, el fundador de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, como ya se dijo, era oriundo de ese estado. Hasta su muerte vivió protegido por las élites militares.

Hidalgo no tenía propiamente un cártel afincado en el territorio; la mayoría de las organizaciones criminales que operaban ahí en tiempos del priista Omar Fayad provenían de la ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, entidades azotadas por la violencia, las extorsiones y los secuestros. Sin embargo, Hidalgo todavía padece un gran vacío legal que propicia el arribo de grupos criminales.

Los delincuentes también encuentran enormes facilidades para delinquir, ya que la autoridad tolera sus acciones por complicidad u omisión. Actualmente las autoridades reconocen que el CJNG es el amo del territorio: controla veinte de los ochenta y cuatro municipios que conforman el estado.

No cabe ningún duda que, dado este escenario de vacío, dichos grupos criminales han hallado en la entidad que gobierna Julio Menchaca un extraordinario asidero de impunidad: no se les combate, por el contrario, las policías están implicadas en la protección de al menos una veintena de actividades criminales, según datos oficiales consultados.

El gobernador hidalguense presume que en su estado sólo hay huachicol, pero no cárteles de la droga. Sin embargo, esa entidad está considerada cuna del cártel de Los Zetas y refugio de otros grupos criminales, como el de Jalisco Nueva Generación, quizá el más peligroso. También operan Santa Rosa de Lima y Los Zetas.

El anterior gobernador, Omar Fayad, siempre negó la presencia de cárteles. En diversas ocasiones dijo: “La Federación nos ha señalado con puntualidad que afortunadamente no tenemos detectado hasta el momento cárteles de la droga que nos debieran de preocupar, pero sí están muy cerca, sabemos que ya andan por Ecatepec”, en el Estado de México.

Fayad también negó en su momento que en Hidalgo se tuvieran focos rojos, aunque reconoció que circunstancialmente pasan cosas que terminan en el estado.

De acuerdo con información revelada por la empresa privada estadunidense Stratfor Global Intelligence, dichos cárteles operan en la entidad, además de que destaca en su informe que también tiene fuerte presencia el cártel de Sinaloa, rival del cártel de Jalisco. Ambos grupos, según el informe, ocupan el 80 por ciento del territorio hidalguense.

En esta apreciación coincide también la Administración para el control de Drogas (DEA) y la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas dependencias resaltan, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa, ahora encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada, tiene presencia en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y el Estado de México.

Con sus propios informes y datos confirmados, ambas dependencias desmintieron tanto los dichos del exgobernador Omar Fayad como de Julio Menchaca. El primero dijo en una conferencia mañanera, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en Hidalgo había fuerte actividad de robo de combustible, pero no hay cárteles, señaló. Y añadió: Aunque están muy cerca, el narcotráfico opera en Ecatepec, en el Estado de México, y los eventos de violencia que suceden en Hidalgo ocurren circunstancialmente en otros lados y recaen en el estado.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en todo el territorio nacional operan 19 organizaciones criminales.

Con base en el mapeo que estas dependencias han realizado, no existe un solo estado del país que esté libre de grupos criminales, si bien los más críticos, por la fuerte presencia del crimen, son Sinaloa, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, entre otros.

En el caso de Hidalgo, los informes de inteligencia son precisos: en la entidad se ha detectado la presencia de los grupos criminales citados, que lo mismo secuestran que distribuyen drogas; roban combustibles de la refinería de la ciudad de Tula –una de las más importantes del Sistema de Refinación de Petróleos Mexicanos –, cobran derecho de piso a comerciantes y venden protección; también es recurrente el regenteo de giros negros, control de la piratería y hasta la prostitución está bajo su férula.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también tiene sus propios datos. Asegura que los cárteles que tienen su base en Hidalgo son Los Zetas, cártel de Jalisco y el cártel del Golfo.
Roberto Borge Angulo. En la mira de los Estados Unidos también figura el ex gobernador de Quintana Roo. Borge Angulo fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, con base en una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero de más de 900 millones de pesos, información que dio a conocer en exclusiva Sol Quintana Roo.

Su localización y detención se logró gracias al trabajo coordinado de las autoridades federales, quienes dieron cumplimiento a la ficha roja, tras la orden de aprehensión girada el 31 de mayo de 2017, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 22 de septiembre de 2016, dos días antes de que concluyera su gestión, Borge Angulo se reunió con Carlos Manuel Joaquín González, su sucesor, para tener una entrega-recepción “amigable”; pero el 25 de septiembre ya no se presentó a la ceremonia y desde entonces se le perdió la pista.

En ese momento no había ninguna orden de aprehensión en su contra, así que tranquilamente se dedicó a recorrer el mundo, paseando por Miami, Cuba, Guatemala y Panamá, donde estuvo hospedado en la Torre Trump, uno de los hoteles más exclusivos, donde pagaba por noche más de 25 mil pesos, en ese entonces…

La orden de aprehensión fue girada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro Federal Penal de Nezahualcóyotl, el miércoles 31 de mayo, pero Borge Angulo no se enteró que ya lo buscaban, creía que había dejado todo “arreglado” así que no se tomó la molestia de ocultarse.

De tal manera que fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a París, y de ahí viajaría a Madrid, donde pensaba radicar.
Tras su captura, fue llevado al penal El Renacer, en donde gozaba de privilegios. Pero aun así pretendió escapar tratando de sobornar a un custodio. Al descubrirse el intento de fuga, fue cambiado a la prisión de la Policía Nacional de Panamá, el 22 de septiembre de 2017.

En ese sitio permaneció cuatro meses, hasta que el 4 de enero de 2018 fue extraditado a nuestro país y puesto a disposición del juez de la causa.
Durante el tiempo que duró su proceso de extradición –al que siempre se opuso–, la hoy Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Quintana Roo establecieron también la presunta responsabilidad de Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo Castilla, padres del ex mandatario estatal, como copartícipes en el delito de lavado de dinero.

En su defensa intervinieron los abogados Juan Antonio y Juan Ramón Collado Mocelo, cuyo objetivo era retrasar al máximo la extradición del ex gobernante, señalado como el más grande saqueador de Quintana Roo. Ahora, Juan Antonio Collado también está preso por el delito de delincuencia organizada.

Borge Angulo delinquió en Quintana Roo, se le detuvo en Panamá, se le juzga en el Estado de México y se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFEREPSI) en el Estado de Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, se encuentra bajo el escrutinio de agencias de inteligencia y de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, debido a presuntos vínculos con el financiamiento ilícito de su campaña electoral. Las indagatorias internacionales apuntan a una relación con el fallecido empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como «El Rey del Huachicol», cuya red de lavado de dinero y contrabando habría desviado recursos hacia el círculo cercano del mandatario estatal, según expedientes filtrados de las autoridades estadounidenses.

Ante las versiones periodísticas que sugerían el retiro de sus privilegios migratorios debido a estas pesquisas, Villarreal Anaya desmintió categóricamente los rumores y confirmó públicamente que su visado estadounidense permanece vigente, permitiéndole realizar viajes oficiales con normalidad. El gobernador ha rechazado sistemáticamente cada una de las acusaciones en su contra y, hasta el momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha presentado cargos formales ni ha emitido requerimientos judiciales en su contra.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también es objeto de investigación por parte de autoridades norteamericanas en relación con un sofisticado esquema de contrabando de hidrocarburos. Agencias de seguridad como el FBI, el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional han ejecutado órdenes de cateo en empresas con sede en Houston, Texas, entre ellas Icon Midstream LLC, las cuales presuntamente operaban como fachadas para una red de tráfico de combustibles denominada «huachicol fiscal».

De acuerdo con los reportes de las agencias de inteligencia, la operación consistía en la importación fraudulenta de diésel y gasolina hacia territorio mexicano utilizando documentación y papelería apócrifa de Pemex para evadir el pago de impuestos de combustibles de alto valor. Las investigaciones periodísticas indican que las maniobras financieras y logísticas eran presuntamente coordinadas por un grupo de empresarios allegados a López Beltrán, mientras el gobierno estadounidense evalúa si cuenta con los elementos jurídicos suficientes para proceder legalmente.