Magistrados del Bienestar hunden al Poder Judicial

• Trabajadores denuncian falta de personal, jornadas de hasta 14 horas, salarios de apenas 10 mil pesos y ausencia de pago de horas extras.
• Mientras acusan que magistrados acumulan vacaciones, mantienen cerradas sus ponencias y hasta impulsan la compra de camionetas oficiales.

Redacción/Sol Yucatán

Lejos de mejorar con la llegada de los llamados «magistrados del Bienestar», el Poder Judicial de Yucatán atraviesa una creciente crisis interna que mantiene inconforme a la base trabajadora. En pleno periodo vacacional, empleados judiciales expresan su decepción, principalmente hacia la magistrada presidenta Erika Torres López, a quien señalan por su falta de liderazgo para poner orden entre los magistrados y atender los problemas que, aseguran, se agravan día con día.

Uno de los principales focos de conflicto se encuentra en los juzgados del Centro de Justicia Oral en Materia Penal, donde la falta de personal continúa afectando la operación diaria. A pesar de que diversos jueces han solicitado en innumerables ocasiones la contratación de más trabajadores, la respuesta, denuncian, ha sido el silencio. Quienes ingresan a laborar terminan renunciando al poco tiempo debido a las extensas jornadas, con salidas de las audiencias hasta las 8 de la noche o incluso después de las 10, percibiendo salarios de apenas 10 mil pesos mensuales y sin recibir pago por horas extras.

En otras áreas del Poder Judicial el panorama tampoco ha mejorado. Los trabajadores afirman que los salarios son insuficientes, mientras se les exige desempeñar funciones propias de técnicos judiciales o proyectistas bajo el argumento de «ponerse la camiseta» o, de lo contrario, renunciar.

Los empleados sostienen que la crisis que hoy enfrenta el Poder Judicial ni siquiera se vivió durante la administración de los magistrados vinculados al gobierno anterior. Aseguran que, aunque la magistrada presidenta escucha sus inconformidades y promete apoyarlos, en los hechos los problemas permanecen sin solución.

Mientras los juzgados de primera instancia enfrentan rezagos y sobrecarga de trabajo por la falta de personal, los trabajadores acusan que algunos magistrados gozan de privilegios. Mencionan el caso del magistrado Alan Hernández Conde, quien con apenas nueve meses en el cargo ya ha disfrutado de dos periodos vacacionales: uno solicitado de manera anticipada para asistir al Mundial de futbol, en mayo de este año, y el correspondiente al periodo ordinario que actualmente disfruta, por lo que la ponencia a su cargo permanece cerrada.

A ello se suma que los magistrados que asumieron funciones en marzo pasado solicitaron que se licitara de inmediato la adquisición de camionetas nuevas para su servicio. Los trabajadores recuerdan que los magistrados salientes Rubén Ruiz, Ingrid Priego y Leticia Cobá rechazaron en su momento ese beneficio al considerarlo un lujo innecesario.

Así, mientras algunos integrantes del Pleno podrían disfrutar de tres periodos vacacionales durante 2026, muchos empleados aseguran sentirse rebasados por la carga de trabajo, ya que deben asumir funciones jurisdiccionales que no corresponden al salario que perciben.

Pero las inconformidades no terminan ahí. La principal crítica de la base trabajadora se dirige a los llamados «Diálogos con la Ciudadanía», impulsados por la presidencia del Tribunal. Los empleados consideran que estos ejercicios proyectan una imagen de cercanía con la sociedad, cuando el verdadero problema continúa sin resolverse: la falta de personal en los juzgados.

Señalan que antes de organizar encuentros públicos, la magistrada presidenta debería atender las necesidades internas del Poder Judicial, pues sostienen que reforzar las plantillas permitiría agilizar la impartición de justicia y reducir el rezago de expedientes en beneficio de los justiciables.

Para los trabajadores, esos diálogos terminan siendo un ejercicio de simulación, ya que no resuelven las carencias estructurales y únicamente incrementan la presión sobre el personal para sacar adelante los asuntos con recursos humanos insuficientes.

Finalmente, lamentan que se pretenda proyectar la imagen de un Poder Judicial cercano a la ciudadanía, cuando, afirman, ni siquiera se han atendido las demandas de quienes todos los días sostienen el funcionamiento de la institución.