¡Refugio de criminales!

Campeche ha registrado en los últimos tres años diversos casos de alto impacto relacionados con presuntos integrantes del crimen organizado, operadores de extorsión, secuestro y redes delictivas que encontraron en la entidad un punto de resguardo o de operación.
Las detenciones realizadas por autoridades federales y estatales han dejado expuestos distintos esquemas criminales que se desarrollaron en municipios como Ciudad del Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén, mientras los cuerpos de seguridad dejan ver su falta de capacidad de vigilancia e inteligencia.
Redacción / Sol Campeche

Campeche.- Uno de los primeros casos que atrajo atención nacional ocurrió en enero de 2023, cuando autoridades estatales y federales realizaron la captura de Franz “N”, identificado por la Fiscalía General del Estado como presunto líder criminal en la zona norte de Campeche y el valle de Yohaltún. Las investigaciones señalaron que el detenido mantenía vínculos con delitos de desaparición, homicidio, secuestro y asociación delictuosa.

Las autoridades también lo relacionaron con operaciones de tráfico de droga mediante pistas clandestinas en comunidades rurales del estado. Las investigaciones señalaron que presuntamente facilitaba el aterrizaje de aeronaves provenientes de Sudamérica.

El caso provocó impacto debido a que las actividades atribuidas al grupo se desarrollaron durante un largo periodo de aseguramientos previos en la región. La presencia de presuntas pistas clandestinas y estructuras de vigilancia criminal abrió cuestionamientos sobre la capacidad de monitoreo territorial en comunidades alejadas de la capital del estado.

Durante 2024 se registraron diversos operativos contra grupos dedicados al robo con violencia y narcomenudeo. En uno de los casos con mayor difusión, la Fiscalía de Campeche informó sobre la detención de cuatro presuntos integrantes de una banda vinculada con asaltos a gasolineras en distintos puntos de la entidad. Las investigaciones relacionaron a los detenidos con hechos ocurridos en Campeche, Tabasco y Chiapas.

Durante los cateos y aseguramientos, las autoridades localizaron armas de fuego, motocicletas robadas, dinero en efectivo, droga y equipos de comunicación. La Fiscalía estatal señaló que el grupo mantenía una estructura organizada para ejecutar robos violentos y escapar hacia entidades vecinas tras cometer los atracos.

Los hechos mostraron que las células delictivas tenían capacidad de desplazamiento entre estados del sureste sin obstáculos inmediatos. La operación de bandas armadas en carreteras y municipios campechanos dejó expuesta la vulnerabilidad en las labores de vigilancia y seguimiento regional.

En el mismo periodo, corporaciones estatales y federales realizaron operativos simultáneos en Campeche, Champotón, Carmen y Escárcega. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana reportó la captura de 19 personas por delitos relacionados con narcomenudeo, portación de armas y robo. Los aseguramientos incluyeron droga sintética y armas cortas.

Las acciones se desarrollaron en colonias identificadas como puntos de distribución de sustancias ilícitas. Los reportes oficiales indicaron que parte de los detenidos mantenían antecedentes delictivos y vínculos con actividades relacionadas con venta de droga al menudeo.

En 2025 uno de los casos con mayor repercusión nacional ocurrió tras la captura de José Roberto “N”, alias “El 80”, considerado objetivo prioritario por autoridades federales debido a presuntos vínculos con estructuras criminales en Veracruz. El detenido fue localizado en Campeche durante un operativo realizado en Ciudad del Carmen y Champotón.

En el mismo despliegue fue detenida una mujer identificada como “Lady Drones”, además de otros presuntos integrantes de la organización. Las investigaciones relacionaron al grupo con operaciones delictivas fuera de Campeche y señalaron que utilizaban la entidad como punto de movilidad y resguardo.

Meses después, otro expediente volvió a colocar a Campeche dentro de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre la captura de Oscar José “N”, señalado por su probable participación en delitos de extorsión y cobro de piso en negocios ubicados en Paseos del Mar y Cielo Nuevo, en Cancún.

Las investigaciones establecieron que el detenido habría amenazado a comerciantes para exigir pagos mensuales de 15 mil pesos a cambio de permitirles operar. La denuncia señaló que hombres armados acudían a los establecimientos para intimidar a empleados y propietarios, además de advertir sobre represalias en caso de negarse a entregar dinero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en agosto de 2025 en la Supermanzana 249 de Cancún. Un día después de las amenazas iniciales, sujetos armados dispararon contra el inmueble para presionar a los encargados del negocio y obligarlos a continuar con los depósitos exigidos por el grupo criminal.

Las labores de investigación permitieron ubicar a Oscar José “N” en Campeche, donde fue localizado con apoyo de autoridades de seguridad de la entidad. El caso volvió a colocar al estado como punto de resguardo de personas buscadas por delitos de alto impacto cometidos en otras entidades del país.

En abril de 2026 se registró otra detención relacionada con presuntas operaciones criminales que mantenían presencia en Ciudad del Carmen. Michael Jovanny Jiménez Velázquez, director del Centro Universitario Jimcof, fue detenido en Mérida, Yucatán, por el delito de secuestro en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de Tabasco.

Las investigaciones señalaron que el rector de la institución educativa operaba presuntamente una red dedicada al secuestro de jóvenes y a la extorsión de familiares. El expediente judicial también relacionó al detenido con operaciones entre Ciudad del Carmen y Tabasco.

De acuerdo con información contenida en el amparo indirecto 565/2026, promovido por Alejandra Gutiérrez Chávez, las autoridades judiciales confirmaron que Jiménez Velázquez enfrentaba acusaciones por delitos de alto impacto. El caso expuso que el Centro Universitario Jimcof presuntamente funcionaba como fachada para actividades ilícitas y posible lavado de activos.