Seguro de 20 MDP que no cubre nada

• Rommel Pacheco premia a APSELP, una empresa que no asegurará un solo inmueble de Conade, no responderá por un accidente vehicular, tampoco indemnizará pérdidas patrimoniales, solo administrará las pólizas de seguros
• El monto supera por mucho el costo de asegurar el patrimonio y el parque vehicular de la dependencia. La empresa beneficiada forma parte de un grupo empresarial con escasa presencia pública.
• La administración de Rommel Pacheco decidió pagar casi el doble por administrar los seguros que por asegurar el patrimonio de la propia institución.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a cargo de Rommel Pacheco Marrufo, continúa arrastrando los mismos desafíos que han marcado a la institución durante los últimos años. Los reclamos de atletas por mejores condiciones de preparación no han desaparecido, la infraestructura deportiva sigue demandando inversión constante, las federaciones enfrentan problemas financieros y el deporte mexicano mantiene la obligación de recuperar competitividad internacional en un escenario cada vez más exigente.

Con ese panorama, la expectativa sobre la administración de Rommel Pacheco Marrufo era clara. Después de décadas como atleta de alto rendimiento, el exclavadista llegaba a dirigir la institución con la promesa de colocar nuevamente al deporte y a los deportistas en el centro de las decisiones públicas.

Sin embargo, los primeros grandes contratos de su administración cuentan una historia distinta.

Mientras la CONADE enfrenta esos desafíos, la administración encabezada por Rommel Pacheco comprometió 19 millones 652 mil 880 pesos para contratar a APSELP Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., una empresa que no asegurará un solo inmueble de la institución, no responderá por un accidente vehicular, tampoco indemnizará pérdidas patrimoniales y mucho menos tendrá contacto con la preparación de un atleta mexicano. Su función será administrar las pólizas de seguros de la dependencia y servir como intermediaria entre la CONADE y las compañías aseguradoras.

El dato adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se revisa el resto del programa de aseguramiento autorizado por la propia administración.

Para proteger todos los bienes patrimoniales de la CONADE, Rommel Pacheco autorizó un contrato por 8 millones 283 mil 355 pesos con AGROASEMEX, institución que será la responsable de responder cuando algún inmueble o bien público resulte afectado por un incendio, un fenómeno natural o cualquier otro siniestro cubierto por la póliza.

El parque vehicular de la dependencia fue asegurado mediante otro contrato por apenas un millón 729 mil 406 pesos adjudicado a Grupo Nacional Provincial (GNP).

La suma de ambas pólizas apenas supera los 10 millones de pesos.

El broker privado cobrará casi veinte. En otras palabras, la administración de Rommel Pacheco decidió pagar casi el doble por administrar los seguros que por asegurar el patrimonio de la propia institución.

La comparación resulta difícil de justificar desde cualquier lógica de eficiencia administrativa. Las compañías aseguradoras asumirán los riesgos financieros derivados de incendios, robos, accidentes y pérdidas patrimoniales. APSELP no.

La empresa únicamente administrará el programa de aseguramiento, revisará pólizas, coordinará trámites, dará seguimiento a siniestros y emitirá opiniones técnicas.

A pesar de ello, recibirá el contrato más cuantioso de todo el esquema. Pero el dinero no es la única interrogante.

La revisión de la información pública tampoco ayuda a explicar la decisión administrativa.

APSELP forma parte de un grupo empresarial vinculado con Elizabeth López Pineda, quien aparece relacionada con al menos otras siete sociedades mercantiles: Despacho López Pineda, Coordinación Integral de Servicios Especializados Pineda y Asociados, DCID Servicios, CIDESPA, FOPIMSA, Depósito Dorminundo y Alinna Restaurante.

La existencia de ese grupo empresarial no implica por sí misma una irregularidad. Lo que sí llama la atención es la escasa huella pública que dejan la mayoría de esas empresas.

La revisión de fuentes abiertas muestra sociedades con muy poca presencia institucional, sin sitios corporativos consolidados, con limitada información sobre su actividad empresarial y prácticamente sin trayectoria pública documentada. Aun así, una de ellas terminó obteniendo el contrato administrativo más importante del programa de seguros de la CONADE.

La propia contratación deja abiertas otras preguntas.

Si la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con una estructura administrativa integrada por direcciones generales, áreas jurídicas, especialistas en adquisiciones y personal responsable de administrar los recursos públicos, ¿por qué fue necesario contratar a un tercero para realizar funciones de coordinación y administración del programa de seguros?

El contrato describe con detalle las obligaciones del broker, pero no incorpora indicadores públicos que permitan medir si esa inversión generará ahorros para la institución, reducirá el costo de las primas o mejorará las coberturas contratadas. Tampoco fija parámetros que permitan evaluar objetivamente si los casi veinte millones de pesos representan un beneficio proporcional para el Estado mexicano.

El contraste se vuelve todavía más evidente al revisar el destino de los recursos. En los contratos del programa de aseguramiento revisados para el ejercicio 2026 no aparecen pólizas destinadas directamente a proteger a los atletas de alto rendimiento ni al personal que diariamente opera la institución. En cambio, sí aparece un contrato multimillonario para el despacho encargado de administrar las pólizas de la CONADE.

La diferencia de prioridades resulta inevitable.

La CONADE existe para desarrollar el deporte mexicano. Existe para respaldar a quienes representan al país en competencias internacionales.

Existe para fortalecer el alto rendimiento y administrar con eficiencia los recursos destinados al deporte.

Sin embargo, una de las decisiones administrativas más importantes adoptadas por la gestión de Rommel Pacheco no fortalece directamente a los deportistas, no amplía programas de preparación, no incrementa becas, no mejora instalaciones deportivas y tampoco crea un mecanismo de protección específico para atletas o trabajadores de la institución.

El mayor desembolso administrativo en materia de seguros terminó beneficiando a un intermediario.

Los gobiernos hablan a través del presupuesto.  Cada contrato refleja una decisión política sobre el destino del dinero público y revela aquello que una administración considera prioritario.

En el caso de la CONADE, la administración encabezada por Rommel Pacheco encontró recursos suficientes para destinar casi 20 millones de pesos a un broker privado cuya principal función será administrar las pólizas de seguros del organismo.

Lo que hasta ahora no ha explicado es por qué administrar los seguros terminó siendo una prioridad presupuestal superior a la protección del patrimonio de la propia institución y por qué ese modelo de intermediación mereció el contrato más cuantioso del programa de aseguramiento.

Porque al final, este reportaje no trata únicamente de un broker. Tampoco trata solamente de un contrato.

Trata de la manera en que la administración de Rommel Pacheco está definiendo las prioridades de la CONADE.

Y cuando el presupuesto coloca más dinero en la intermediación que en la protección efectiva de los bienes públicos, la discusión deja de ser financiera para convertirse en una pregunta de interés nacional: ¿ese es el modelo de administración que necesitaba el deporte mexicano?