SE CAE NEGOCIO MILLONARIO A VILA

*La construcción del Tren Maya estaría detrás de las intenciones de Mauricio Vila y de su socio Rodolfo Rosas Moya de adueñarse de manera ilegal del hotel Mayaland.

*Llama la atención que en el proyecto están contempladas la construcción de seis hoteles en las diferentes zonas arqueológicas, sin embargo, no aparece Chichén Itzá, que es la zona arqueológica más importante del país y una de las más visitadas.

*El Hotel, al tener acceso directo a la zona, generaría muy alta demanda de hospedaje, por lo cual era un negocio seguro para Vila. El Gobernador lo tenía planeado, ya que tuvo incidencia directa para que el Gobierno Federal no construyera un hotel en Chichén Itzá.

La construcción del Tren Maya por parte del Gobierno Federal fue la verdadera intención del despojo y el intento de Mauricio Vila Dosal y Rodrigo Rosas Moya de adueñarse del hotel Mayaland, de la familia Barbachano.

Esto debido a que significa una verdadera mina de oro por su invaluable ubicación estratégica, por ello intenta por todos los medios adueñarse del inmueble de poco más de 100 años de fundación.

Vila Dosal, valiéndose de información confidencial del Gobierno Federal, ya que el mandatario estuvo desde el día uno en las reuniones de planeación, ejecución y avance.

Tenía información de primera mano sobre el gran impacto que la construcción del Tren Maya iba a significar para la región, pero en especial para la zona de Chichén Itzá y para el ramo de servicios.

El mandatario utilizó la información para su beneficio y para hacer tal vez el negocio de su vida y con ello asegurar el patrimonio de sus futuras generaciones.

Por ello utilizó a su operador y prestanombres, Rodolfo Rosas Moya, para intentar adueñarse del hotel Mayaland, debido a que significaba ingresos de varios millones de pesos.

El mandatario conoció el proyecto y la cifra estimada de gente que llegará a las diferentes zonas arqueológicas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo, conoció los proyectos de la construcción de hoteles para albergar a las miles de personas que llegarán a visitar los diferentes puntos turísticos de la Península.
Sin embargo, lo que llama la atención es que en el proyecto están contempladas la construcción de seis hoteles en las diferentes zonas arqueológicas, las cuales serán administrados por el Ejército.

El proyecto contempla la construcción de hoteles en Palenque, Tulum, Calakmul, Edzná y Uxmal, sin embargo, no aparece Chichén Itzá, que es la zona arqueológica más importante del país y una de las más visitadas.

De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, el mandatario tuvo incidencia directa en que no se planeara la construcción de un hotel en Chichén Itzá.

Debido a que tenía planeado apropiarse del hotel Mayaland, ubicado a unos cuantos metros y con acceso directo a la zona arqueológica.
Lo anterior tendría claras ventajas con respecto a otros centros de hospedaje que se construirían, los cuales estarán a una distancia de entre 2 y 2.5 kilómetros del sitio.

Así como todos los hoteles que se ubican en Pisté, donde está ubicado Chichén Itzá.
El hecho de contar con acceso directo a la zona arqueológica, por solo el hecho de estar hospedado en el hotel, sería una garantía de que el turismo llegará al inmueble.

Marco Antonio Santos Ramírez, director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, dijo que, con la llegada del Tren Maya a Chichén Itzá, en un lapso de tres años, se duplicaría la cifra de visitantes a la zona arqueológica.

Actualmente, al año, a la zona arqueológica llegan 2.5 millones de personas, es decir, dentro de tres años llegarían 5 millones de turistas al año, lo que significa un incremento en la demanda de servicios, principalmente de alojamiento.

Gran parte de ese turismo sería captada por el hotel Mayaland, por ello las intenciones de apropiarse, aunque sea de manera ilegal del inmueble.

Para ello utilizó toda la fuerza del estado, corrompió a jueces, funcionarios, ya que significaba un negocio de muchos millones de pesos, sin embargo, a pesar de tener por 27 meses secuestrado el hotel, no ha podido apropiarse del todo de la propiedad, por la batalla legal que ha emprendido desde febrero del 2022 la familia Barbachano, cuando el inmueble fue allanado de manera violenta.

El dueño del hotel, Fernando Barbachano Herrero, se ha defendido con uñas y dientes de toda la fuerza del aparato gubernamental.
Para ello ha recurrido a todas las instancias legales, incluso a la máxima tribuna de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo ha amparado y gracias a ello se comienza a revertir la ola de injusticia.

Ya al final del sexenio y luego de la intervención de la Suprema Corte de Justicia, el caso dio un repentino giro de 180 grados. La Fiscalía General del Estado, que hasta entonces había dejado en situación de total indefensión a las víctimas, comienza a ampararlos.

El delincuente de cuello blanco, Rodolfo Rosas Moya y el Juez de Control, Raúl Cano Calderón, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, quien ordenó el embargo, tendrán que rendirle cuentas a la justicia.

La Fiscalía o más bien el Gobierno de Mauricio Vila, no tuvo más remedio que dar marcha atrás y ordenar la revocación de la no acción de la justicia dictada por la Fiscalía General del Estado el 15 de septiembre del año pasado, por faltas de elementos y reabrir la investigación, como consta en el acta TD35-GC/00935/2022.

El 12 de abril pasado durante audiencia pública el Juez Segundo de Control Penal, Kenny Martins Burgos Salazar, tras analizar el expedientillo 469/2023, denuncia interpuesta por el abogado Alonso Román Cuevas Ocampo, decidió reabrir el caso y girar oficios contra las personas que tuvieron que ver con el embargo de las propiedades.

Ahora la fiscalía remitirá sendos oficios para que la Policía Estatal Investigadora ubique a estas personas y les notifique que tienen que comparecer ante la Fiscalía, debido a que aún quedan asuntos pendientes por resolver y aclarar lo ocurrido con ese caso con la finalidad de fincar o descartar responsabilidades legales.

El propio empresario yucateco, dijo a la Suprema Corte, que tiene las pruebas suficientes para demostrar que el despojo de su propiedad fue al margen de la ilegalidad y que incluso tiene las pruebas para encarcelar a las personas involucradas en estos hechos.