Protección oficial para Abimerhi

Una historia que viene de décadas

• Denuncias reavivan cuestionamientos sobre el presunto monopolio de Grúas Abimerhi y su relación con la SSP de Yucatán.

Redacción/Sol Yucatán

Una nueva denuncia ciudadana volvió a poner bajo cuestionamiento la estrecha relación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán y el corporativo Grúas Abimerhi, empresa que desde hace décadas concentra buena parte de los servicios de arrastre, resguardo de vehículos, mantenimiento y, más recientemente, suministro de combustibles para la corporación policiaca.

El caso más reciente ocurrió cuando una familia denunció haber sido víctima de un presunto abuso de autoridad, luego de que elementos de la SSP aseguraran el automóvil en el que viajaban bajo el argumento de un supuesto reporte de robo.

Según la versión de los afectados, dicho reporte nunca existió o fue utilizado como justificación para detener la unidad. Lo que más llamó la atención fue que, durante el procedimiento, los agentes presuntamente insistieron en que el vehículo debía ser remolcado exclusivamente por una grúa de la empresa Abimerhi.

La denunciante asegura contar con un video del operativo, en el que un elemento policiaco explica el procedimiento y hace referencia a la intervención de la empresa de grúas, material que, afirman, será utilizado para solicitar una investigación sobre un posible abuso de autoridad y eventuales irregularidades en el aseguramiento del vehículo.

Una historia que viene de décadas

Aunque el caso aún deberá ser esclarecido por las autoridades, la denuncia revive un tema que durante años ha sido motivo de críticas: la aparente posición privilegiada que mantiene el corporativo Abimerhi dentro de la estructura operativa de la SSP.

La historia empresarial de Chikri Abimerhi Bodib se remonta a la década de los setenta; sin embargo, el crecimiento del grupo empresarial tomó fuerza a partir de mediados de los años noventa.

Diversas publicaciones han señalado que la empresa enfrentó graves problemas financieros tras las crisis económicas de 1982, 1988 y 1994. Fue precisamente durante el gobierno de Víctor Cervera Pacheco, cuando Luis Felipe Saidén Ojeda asumió la Secretaría de Seguridad Pública, que la empresa comenzó a convertirse en la principal prestadora del servicio de grúas para la dependencia.

Desde entonces, distintas administraciones estatales —incluyendo la actual— han mantenido a la empresa como uno de los principales proveedores de la SSP.

Un negocio que va mucho más allá de las grúas

Las críticas no se centran únicamente en el servicio de arrastre.

De acuerdo con diversas investigaciones, el corporativo también participa en el resguardo de vehículos enviados a corralones, el mantenimiento de unidades oficiales y el suministro de combustibles y aditivos para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública.

La concentración de estos servicios ha generado cuestionamientos sobre la falta de competencia y la dependencia que mantiene la corporación hacia un solo grupo empresarial.

Incluso, se ha señalado que, ante la saturación de los corralones oficiales, unidades aseguradas son trasladadas a depósitos particulares del corporativo Abimerhi, lo que representa ingresos adicionales por concepto de estadía.

Críticos consideran que este esquema provoca que recursos que podrían ingresar al Estado terminen beneficiando a una empresa privada.

Millones de pesos en contratos

El tamaño del negocio resulta considerable. De acuerdo con cifras presupuestales citadas en diversas publicaciones, únicamente el suministro de combustibles para la SSP representa más de 553 millones de pesos, a los que se suman más de 25 millones de pesos destinados a refacciones y mantenimiento.

En conjunto, se trata de un mercado superior a 578 millones de pesos anuales, sin considerar los ingresos derivados del servicio de grúas, arrastres, pensiones y depósitos vehiculares.

Especialistas han advertido que cuando un solo proveedor concentra múltiples servicios estratégicos existe el riesgo de limitar la competencia, reducir la transparencia y encarecer los costos que finalmente terminan pagando tanto el gobierno como los ciudadanos.

Persisten las preguntas

El reciente caso denunciado por la familia vuelve a colocar sobre la mesa interrogantes que durante años han permanecido sin una respuesta pública clara.

¿Por qué los ciudadanos afirman que únicamente puede intervenir una empresa de grúas?

¿Existe realmente libertad para solicitar otro prestador del servicio?

¿Cuáles son los criterios mediante los cuales la SSP determina qué empresa realiza los arrastres?

¿Quién supervisa que no existan conflictos de interés en la prestación de estos servicios?

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni el corporativo Abimerhi han emitido un posicionamiento público respecto a la denuncia más reciente.

Mientras tanto, organizaciones civiles y ciudadanos insisten en que las autoridades transparenten los contratos, convenios y criterios mediante los cuales se han otorgado estos servicios durante las últimas administraciones, al considerar que únicamente con información pública y verificable podrá despejarse la percepción de que existe un trato preferencial hacia un solo grupo empresarial.