Lavador surte al O’Horán

UNO DE LOS BRAZOS OPERADORES ES MARIO MILLET ENCALADA

• Empresas vinculadas con Justo Aurelio R. P., operador financiero de “La Barredora” y del Cártel Jalisco, obtuvieron millonarios contratos para surtir medicamentos y equipo al nuevo Hospital Agustín O’Horán. Asegurados 145 MDP en propiedades.

• A través de la empresa Inmedicen se realizaban operaciones de blanqueo, a través de las cuales llegó dinero para la campaña morenista en Yucatán. Jorge Herrera opera el traslado de recursos de Tabasco a Mérida.
• Fiscalía General de la República confirmó que Justo “N” forma parte de una red financiera vinculada con una organización criminal y que esta operaba en territorio yucateco al menos desde mediados del año 2024.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

La detención de Justo Aurelio R. P., señalado por autoridades como presunto operador financiero de la organización criminal conocida como “La Barredora” y con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó al descubierto una presunta red de corrupción.

El empresario, vinculado con el lavado de dinero para grupos de la delincuencia organizada, fue beneficiado por gobiernos morenistas con contratos millonarios para la adquisición de medicamentos y equipo médico.

En el nuevo hospital Agustín O’Horán, empresas ligadas al ahora detenido figuran entre los proveedores principales.

La situación cobra relevancia debido a que dichos contratos fueron otorgados con recursos públicos, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión aplicados por las autoridades estatales para verificar los antecedentes de los proveedores que participan en licitaciones gubernamentales.

Sol Yucatán ha documentado diversas versiones y denuncias sobre financiamiento ilícito a campañas políticas en Yucatán, particularmente en el proceso electoral que llevó a Morena al poder estatal.

El detenido es vinculado como uno de los prestanombres del exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cárdenas para el desvío de recursos, a quien hace unas semanas se le vio públicamente en Miami, durante la inauguración del restaurante-bar León, del exalcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, en su carácter de embajador en Florida.

Escandón Cárdenas fue cuñado de Adán Augusto López Hernández, señalado como uno de los líderes de la agrupación de “La Barredora”.

Además, el yucateco Hernán Bermúdez Requena, líder de «La Barredora», aparece como socio de Justo Aurelio.

Uno de los nexos de “La Barredora” en Yucatán es el operador del gobierno, Mario Millet Encalada, concuño de Hernán Bermúdez y quien recientemente incursionó en la proveeduría en el sector salud de Yucatán, lo que llama mucho la atención, ya que su giro era el de obra pública.

Además, es vinculado como una de las personas en Yucatán que estarían ligadas a ambas agrupaciones criminales para el blanqueo de recursos a través de su red de empresas fantasma.

 De acuerdo con las investigaciones, a través de la empresa Inmedicen S.A. de C.V. se realizaban operaciones de blanqueo, a través de las cuales llegó dinero para la campaña morenista.

Se identifica a Jorge Herrera, apoderado legal de Inmedicen, como una de las personas encargadas de las operaciones para el traslado de recursos de Tabasco a Mérida.

La empresa fue uno de los inmuebles cateados por las corporaciones federales, donde se encontró documentación que pudiera ayudar a desenredar la maraña de corrupción.

Entre los políticos beneficiados se encuentran el propio Joaquín Díaz Mena, la senadora Verónica Camino Farjat, Jessica Saidén Quiroz, Jorge Sánchez Reyes, entre otros.

Lo que es una realidad es que a las autoridades se les cayó el discurso de que, en Yucatán, no pasa nada.

Las autoridades estatales insistieron en vender la imagen de un estado blindado al crimen organizado, donde las organizaciones criminales eran un problema exclusivo de otras entidades del país.

Hoy, la detención de Justo “N” por parte de las autoridades federales vino a derrumbar ese discurso.

La captura del presunto operador financiero de una organización criminal no solo representa uno de los golpes más importantes contra las estructuras económicas del crimen organizado en Yucatán, sino que confirma lo que Sol Yucatán denunció desde tiempo atrás: el estado está siendo utilizado para el blanqueo de capitales y las operaciones financieras de grupos delictivos.

Los más de 145 millones de pesos asegurados, las armas de fuego decomisadas y las identificaciones de corporaciones de seguridad encontradas durante el operativo son similares a los aseguramientos realizados en estados donde la presencia del crimen organizado es una realidad inocultable.

La diferencia es que, en Yucatán, el gobierno insistió en negarlo.

Lo que es irónico es que, mientras las autoridades locales repetían hasta el cansancio que la entidad era una de las más seguras del país, la Federación realizaba investigaciones silenciosas para identificar y desarticular a los operadores financieros que habían encontrado en Yucatán un lugar ideal para ocultar parte de los recursos obtenidos por organizaciones criminales.

Asimismo, la propia DEA ha ubicado a Yucatán como uno de los brazos financieros emergentes que está utilizando la delincuencia organizada.

La propia Fiscalía General de la República confirmó que Justo “N” forma parte de una red financiera vinculada con una organización criminal y que esta operaba en territorio yucateco al menos desde mediados del año 2024.

Es decir, durante dos años se desarrollaron actividades que hoy son materia de investigaciones federales, mientras el discurso oficial continuaba siendo el mismo: “Aquí no pasa nada”.

Los hechos son contundentes. No se trató del aseguramiento de algunas dosis de droga o de la detención de un objetivo menor.

Sol Yucatán fue el único medio de comunicación de la entidad que se atrevió a denunciar públicamente que Yucatán había dejado de ser únicamente un destino turístico y paso de droga, para convertirse en un polo financiero para el blanqueo de recursos.

Las investigaciones periodísticas de Sol Yucatán, publicadas durante los últimos años, advertían sobre la llegada de recursos cuyo origen no era claro, la adquisición de propiedades millonarias y la presencia de personajes vinculados con grupos delictivos nacionales e internacionales.

La respuesta oficial siempre fue la misma: negar, minimizar y desacreditar.

Resulta paradójico que haya sido la propia Federación la que terminó confirmando lo que desde el ámbito local se negó durante años.

Mientras en Yucatán se presumía una paz absoluta, las autoridades federales seguían la pista del dinero y construían un expediente que culminó con la detención de un presunto operador financiero del crimen organizado y de paso confirmó lo que Sol Yucatán había denunciado y que en su momento las autoridades insistían en desacreditar.