Portada
La 4T cobra derecho de piso
- La Secretaría de Salud, Protección Civil y la PEI controlan este millonario negocio. La propia autoridad opera el cobro del derecho de piso oficial, que opera de manera similar: pagar a cambio de protección y dejarlos trabajar tranquilos.
- Como cabezas se encuentran Domitilo Carballo Cámara, Hernán Hernández Rodríguez y Carlos Flores Moo. Montan operativos de revisión como medida de presión para la extorsión.
- Los montos van de los 15 hasta los 30 mil pesos mensuales, en caso de rechazar el ofrecimiento, los empresarios son víctimas de represión, clausura y múltiples trabas para su reapertura.
Redacción/Sol Yucatán
Contrario a lo que se pensaba en Yucatán, ya existe el cobro de derecho de piso, similar a como opera la delincuencia en Quintana Roo u otras partes del país.
Los afectados son negocios relacionados al giro negro, restaurantes, centros nocturnos y hasta pequeños expendios de venta de bebidas alcohólicas.
En Yucatán, la situación es aún más grave que incluso en Quintana Roo, donde los cobros de derecho de piso los hacen los grupos criminales, para brindar protección y dejarlos trabajar.
Pero en el caso de Yucatán, es la propia autoridad la que opera para el llamado de cobro del derecho de piso oficial, que opera de manera similar: pagar a cambio de protección y dejarlos trabajar tranquilos.
En caso contrario, se exponen a multas, cierre del negocio y múltiples trabas para volver a operar.
La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la propia Policía Estatal de Investigación, son los que controlan este millonario negocio.
Como cabezas se encuentran Domitilo Carballo Cámara, Hernán Hernández Rodríguez y Carlos Flores Moo.
Montan operativos de revisión, los cuales les sirven como medida de presión para la extorsión y cobro de derecho de piso a cambio de protección.
Los montos van de los 15 hasta los 30 mil pesos mensuales, en caso de rechazar el ofrecimiento, los empresarios son víctimas de represión, clausura y múltiples trabas para su reapertura.
Apenas hace unos días realizaron operativos contra bares y restaurantes, donde se registró la extorsión a estos negocios.
Se señala a Carballo Cámara como una de las personas directamente responsables de esta situación y de haberse embolsado más de 200 mil pesos.
El año pasado ocurrió una situación similar en la cual el restaurante Sonora & Grill denunció que le solicitaron 520 mil pesos para retirarles los sellos de clausura y 30 mil pesos mensuales para dejarlos trabajar tranquilos.
El caso aún se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción, pero, como suele ocurrir en estos casos, la investigación no camina.
Esta situación va de la mano con los estudios del INEGI, los cuales indican que, durante el Gobierno de la 4T, se dispararon los niveles de corrupción.
De acuerdo con las cifras del INEGI, en el 2023, último año completo del gobierno de Mauricio Vila Dosal, se registraron 16 mil 194 actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados en Yucatán.
Con lo cual la entidad se ubicaba en el lugar 29 entre los 32 estados con mayores niveles de corrupción, es decir, era el cuarto estado con menores actos de corrupción.
Sin embargo, en el 2025, que corresponde al primer año de gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena, la situación cambió de manera drástica.
La cifra de actos de corrupción pasó de 16 mil 194 en el 2023 a 26 mil 439 en el 2025, es decir, 10 mil 245 actos de corrupción más que en el último año de gobierno de Vila Dosal.
Lo que quiere decir que, en el primer año de gobierno de Díaz Mena, los actos de corrupción en trámites se incrementaron 63.3% en comparación con el último año de gobierno de Mauricio Vila.
En el contexto nacional, Yucatán cayó hasta la posición 18 entre los estados con mayor corrupción, es decir, pasó del lugar de la cuarta posición a la 18.
Lo anterior ejemplifica lo que Sol Yucatán ha venido denunciando sobre los altos niveles de corrupción que prevalecen en el actual gobierno, lo que ha permeado a las diferentes dependencias.
Por su parte, empresarios de cuatro municipios (Progreso, Tizimín, Valladolid y Tekax) han recibido amenazas por el cobro de derecho de piso.
Gente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación ha visitado negocios para pedir un pago de 2 mil pesos mensuales para dejarlos trabajar de manera tranquila.
Los grupos han comenzado a operar de manera similar a como lo hacen en el norte del país y en el vecino estado de Quintana Roo.
Esta situación es grave y ya ha generado temor entre los propios comerciantes.
Hace unos meses, cámaras empresariales y la propia Secretaría de Seguridad Pública habían exhortado a los comerciantes a no dejarse engañar ante las llamadas de intento de extorsión a nombre de células de la delincuencia organizada.
Sin embargo, ahora la situación es diferente debido a que gente presuntamente ligada a la agrupación visita los negocios para solicitar el pago a cambio de protección.
Ganaderos de la zona oriente del estado indicaron a Sol Yucatán que algunos productores han recibido llamadas por parte de células del narco para pedirles una cuota a cambio de protección, aunque todo quedó en intentos de extorsión.
Lo grave del asunto radica en que en Yucatán, las células de los grupos criminales no solo operan para el trasiego y venta de enervantes, sino que ahora han visto en el cobro de derecho de piso un negocio redituable que se agrava con los cobros por parte de las redes de corrupción que operan al interior de las propias dependencias.
