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Hermano terrateniente

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  • El hermano del gobernador, Juan Pablo Díaz Mena, es un acaparador de tierras por medio de donaciones familiares, compraventas a precios irrisorios y operaciones notariales subregistradas para acumular un patrimonio que supera los 20 millones de pesos.
  • Desde Mississippi, Juan Pablo Díaz presume cargos de promoción económica. Se beneficia del erario público yucateco gracias a que su hermano paga millonarias cantidades de dinero por presentaciones, asesorías y charlas académicas sobre Yucatán.
  • Su nombre aparece en escrituras de San Felipe, Mérida y Progreso, pero su sombra se extiende mucho más allá, hasta Mississippi, donde proyecta una imagen de exitoso ejecutivo, mientras en Yucatán se acumulan las sospechas de nepotismo y enriquecimiento.

Redacción/Grupo Sol Corporativo

Con la codicia en la sangre, Juan Pablo Díaz Mena, hermano del gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena, se ha convertido en un acaparador de tierras por medio de donaciones familiares, compraventas a precios irrisorios y operaciones notariales subregistradas para acumular un patrimonio que supera los 20 millones de pesos.

Pero su voraz actuación no se queda en el acaparamiento de tierras. También trastoca los recursos públicos. Desde Mississippi, Estados Unidos, donde reside y presume cargos de promoción económica, Juan Pablo se beneficia del erario público yucateco gracias a que su hermano paga millonarias cantidades de dinero por presentaciones, asesorías y charlas académicas en Yucatán.

Desde Mississippi, Estados Unidos, donde reside, Pablo mantiene un pie en Yucatán gracias a un patrimonio inmobiliario que supera los 20 millones de pesos, construido a través de compras a precios ridículos, donaciones familiares y adquisiciones en zonas de alta plusvalía.

La historia comienza en San Felipe, un municipio pesquero y turístico de la costa yucateca que en los últimos años ha experimentado un incremento notable en su plusvalía. Allí, en 2007, cuando aún no figuraba en la vida pública más allá de su apellido, Juan Pablo adquirió un solar de novecientos metros cuadrados en la calle 9A número 106.

El precio declarado fue de apenas dos mil quinientos pesos, una cifra ridícula que en nada corresponde al valor real de un terreno de esas dimensiones en un municipio con proyección turística. Ese mismo año compró un lote vecino, en la calle 9A número 108, de quinientos setenta metros cuadrados, igualmente escriturado por dos mil quinientos pesos. Dos operaciones gemelas que, con el paso del tiempo, se convirtieron en auténticas minas de oro: hoy ambos predios valen juntos más de cuatro millones de pesos.

Cuatro años después, en 2011, Díaz Mena amplió su presencia en San Felipe con la adquisición de un lote con casa en la calle 9 número 68, de ciento cuarenta metros cuadrados.

El valor asentado en la escritura fue de apenas veintiséis mil pesos. En la práctica, se trató de otra ganga que multiplicó su valor en el mercado inmobiliario. Y para rematar, en 2021 recibió en donación de sus padres un pequeño predio en la calle 10 número 54-B, con una superficie de poco más de ciento veinte metros cuadrados.

Con ello cerró un ciclo de adquisiciones en San Felipe que le permitió reunir más de mil setecientos metros cuadrados de terrenos urbanos en una zona costera en crecimiento, todos adquiridos por cantidades simbólicas o por vía familiar.

Pero el apetito de Juan Pablo no se detuvo en ese puerto. En 2009 compró a la empresa Vesta Desarrollos S.A. de C.V. un predio rústico de casi mil metros cuadrados, identificado como el Tablaje 7964. Pagó ciento tres mil pesos por ese lote que, en ese entonces, pertenecía al municipio de Progreso.

Años después, en 2021, una reconfiguración territorial aprobada por el Congreso del Estado trasladó el predio a la jurisdicción de Mérida. Esa simple decisión administrativa disparó su plusvalía, transformando lo que parecía un terreno de poco valor en un activo estratégico que hoy se cotiza entre quinientos mil y más de un millón de pesos.

La operación más escandalosa, sin embargo, ocurrió en 2022, cuando Juan Pablo Díaz Mena adquirió un inmueble en la colonia Miguel Alemán de Mérida, una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de la capital yucateca. Se trata de un predio urbano de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados con una construcción de casi cuatrocientos metros cuadrados adicionales.

En la escritura pública quedó asentado que el precio de compraventa fue de tres millones de pesos, pero valuadores independientes señalan que el valor real ronda entre siete y once millones. La diferencia desnuda un subregistro notarial evidente que permitió reducir el pago de impuestos y ocultar la verdadera magnitud de la transacción.

En conjunto, las propiedades de San Felipe, el tablaje rústico hoy integrado a Mérida y la casa de la colonia Miguel Alemán suman más de tres mil ciento ochenta metros cuadrados de superficie. Los valores declarados en las escrituras apenas superan los tres millones de pesos, pero las estimaciones comerciales actuales colocan ese patrimonio entre once y dieciocho millones, con proyecciones que rompen fácilmente la barrera de los veinte millones en los próximos años.

El patrón es inconfundible: adquisiciones subvaluadas, donaciones familiares y operaciones encubiertas que multiplican el capital de un hermano protegido por el poder político.

Lo más revelador es que, mientras su fortuna inmobiliaria crece en Yucatán, Juan Pablo Díaz Mena reside en el estado de Mississippi, Estados Unidos, donde funge como directivo de organismos de desarrollo económico en Vicksburg y Grenada. Desde ahí se presenta como un estratega en atracción de inversiones, da conferencias y presume logros en materia de crecimiento regional.

Pero lo hace con la comodidad de tener a su hermano como gobernador y con la sospecha permanente de que los viajes y los gastos asociados a su vida en el extranjero están respaldados, al menos en parte, por recursos públicos de Yucatán.

Las giras oficiales de Joaquín Díaz Mena a Estados Unidos coinciden con la agenda de su hermano. Los encuentros disfrazados de “colaboración económica” entre Yucatán y Mississippi levantan dudas legítimas: ¿se trata de misiones oficiales de beneficio público o de viajes de privilegio para sostener la vida cómoda de un familiar en el extranjero? La opacidad con la que se manejan esos movimientos no hace más que alimentar la idea de que los recursos del erario se usan como bolsa familiar.

El contraste entre el discurso del gobernador y la realidad es brutal. Mientras Joaquín Díaz Mena habla de austeridad, su hermano acumula terrenos, casas y tablajes a precios irrisorios que hoy valen millones. Mientras el mandatario se proclama cercano al pueblo y defensor de los pobres, la familia aprovecha su posición para enriquecerse en silencio.

La narrativa de un gobierno honesto y austero se derrumba cuando se confronta con los documentos del Registro Público de la Propiedad que evidencian el crecimiento patrimonial del clan Díaz Mena.

No se trata de simples compras inmobiliarias, sino de un esquema de concentración de tierras en zonas clave del estado, donde la plusvalía está garantizada por la expansión turística, los reacomodos territoriales y el crecimiento urbano. Juan Pablo Díaz Mena no solo compró barato: supo colocarse en los lugares donde el valor de la tierra se dispararía con el tiempo.

Su nombre aparece en escrituras de San Felipe, Mérida y Progreso, pero su sombra se extiende mucho más allá, hasta Mississippi, donde proyecta una imagen de exitoso ejecutivo mientras en Yucatán se acumulan las sospechas de nepotismo y enriquecimiento.

Al final, la historia de Juan Pablo Díaz Mena es también la historia de la impunidad con la que operan las familias políticas en México. No necesita un cargo público para enriquecerse; basta con tener el apellido correcto y el respaldo de un hermano gobernador.

Con ello, puede adquirir terrenos por unos cuantos miles de pesos y convertirlos en propiedades millonarias, viajar con la tranquilidad de saber que el erario cubre los gastos y presentarse ante el mundo como un profesional exitoso, aunque su fortuna esté construida sobre las grietas de la transparencia y la legalidad.

Los predios de San Felipe, el tablaje de Mérida y la casa de Miguel Alemán no son solo bienes raíces: son piezas de un rompecabezas que revela cómo se mueven los privilegios en Yucatán.

Son la prueba de que el poder no solo se ejerce en el palacio de gobierno, sino también en las notarías, en los registros catastrales y en los boletos de avión que cruzan el continente para sostener la vida de un hermano incómodo.

Con la codicia en la sangre y la política como paraguas, Juan Pablo Díaz Mena se convirtió en uno de los acaparadores de tierras más silenciosos y efectivos del estado, un espejo que refleja las contradicciones de la administración de Díaz Mena: austeridad para el pueblo, abundancia para la familia.

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