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5MDP en obras fantasma
- La administración del alcalde Erik José Rihani González adjudicó un contrato de pavimentación a Proyectos, Acabados y Prefabricados CAE, empresa señalada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán por trabajos pagados y no ejecutados en Muna.
- La constructora también figura en investigaciones sobre una red de proveedores que obtuvo contratos durante la gestión de Joaquín Díaz Mena en la Delegación del Bienestar.
- El acta estableció que la obra comenzaría el 27 de julio y terminaría el 10 de octubre de 2026. El documento no permite verificar el avance físico actual de los pavimentos ni los pagos efectivamente realizados.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
El Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Erik José Rihani González, entregó un contrato por 5 millones 149 mil 720 pesos a Proyectos, Acabados y Prefabricados CAE, S.A. de C.V., una constructora que arrastra un antecedente de fiscalización por casi 195 mil pesos en trabajos pagados y no ejecutados y cuyo entorno empresarial fue señalado sobre contrataciones de la Secretaría del Bienestar durante la gestión del hoy gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.
La adjudicación se concretó el 17 de julio de 2026, mediante la licitación pública MPY-R33-LP-02-2026, destinada a la construcción de pavimentos en el municipio costero. El procedimiento fue resuelto a favor de una empresa que, apenas un año antes, había aparecido en una observación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), relacionada con una obra de alumbrado público en Muna.
El antecedente no era menor. En su revisión de la cuenta pública 2024, la ASEY documentó que el Ayuntamiento de Muna había pagado por la instalación de 76 luminarias, pero durante una inspección física solamente se verificaron 59. La diferencia de 17 equipos representó 194 mil 586 pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado.
La observación fue declarada no solventada en el informe de fiscalización, debido a que la entidad municipal auditada no presentó documentación para aclarar las diferencias detectadas. El señalamiento se convirtió en un pliego de observaciones, sin que ese documento permita establecer una responsabilidad definitiva de la empresa ni descartar actuaciones posteriores.

Pese a ese antecedente, Proyectos, Acabados y Prefabricados CAE volvió a obtener un contrato municipal, esta vez en Progreso, donde el gobierno de Erik Rihani comprometió más de cinco millones de pesos para la ejecución de pavimentos.
El acta de fallo identifica únicamente a dos participantes. La empresa ganadora presentó una propuesta de 4 millones 439 mil 414 pesos antes de impuestos, equivalente a 5 millones 149 mil 720 pesos con IVA. Su competidora, DASA del Sureste, S.A. de C.V., ofertó 5 millones 443 mil 938 pesos.
La diferencia fue de apenas 294 mil 218 pesos. Ambas propuestas fueron consideradas solventes y ninguna fue desechada. Las autoridades municipales determinaron que CAE reunía las mejores condiciones de contratación, principalmente por presentar la oferta económica más baja.
El procedimiento fue presidido por Adrián Marrufo Domínguez, subdirector de Obras Públicas. También firmaron Manuel Jesús León Irola, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Luis Orlando Gómez Cámara, representante de Contraloría.
Por la empresa ganadora compareció Luis Alfonso González Gómez, mientras que Miguel Antonio Caballero Hernández participó en representación de DASA del Sureste.

El acta estableció que la obra comenzaría el 27 de julio y terminaría el 10 de octubre de 2026, con un plazo de 76 días naturales. El documento no permite verificar el avance físico actual de los pavimentos ni los pagos efectivamente realizados.
Pero detrás de la adjudicación aparece una estructura empresarial que ya había despertado cuestionamientos públicos.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Proyectos, Acabados y Prefabricados CAE, fue constituida el 23 de noviembre de 2018, ante el notario público número 16 de Mérida, Mario Humberto Cámara Seba.
La sociedad nació con un capital mínimo de apenas 50 mil pesos, dividido en partes iguales entre Omar Alberto Mezquita Gamboa y Gabriela Alejandra Sánchez Echeverría, quienes recibieron el 50 por ciento de las acciones cada uno.
Mezquita Gamboa fue designado administrador único y Sánchez Echeverría obtuvo el cargo de gerente general. El acta también identifica a Andy Raúl López Sánchez como comisario de la sociedad.



La constitución original no acredita que esas participaciones accionarias permanezcan sin cambios en 2026, pero permite identificar a las personas que integraron formalmente la empresa desde su nacimiento.
Otro rasgo sobresale en sus estatutos: aunque su denominación sugiere una compañía especializada en construcción, la sociedad fue habilitada para participar en una enorme variedad de actividades comerciales.
Además de construir edificios, pavimentos y obras hidráulicas, su objeto social comprende la venta de medicamentos, animales de granja, ropa, artículos de limpieza, joyería, equipos deportivos, publicidad, telecomunicaciones, servicios de seguridad privada e incluso actividades relacionadas con la industria petrolera.
La amplitud de ese objeto social es legal y no constituye una irregularidad por sí misma. Sin embargo, contrasta con la especialización técnica que normalmente debe acreditarse para ejecutar determinadas obras públicas y permite examinar la diversidad de negocios gubernamentales a los que la compañía puede acceder.
La historia de CAE también conduce a las contrataciones de la Delegación del Bienestar en Yucatán.
En 2024, investigaciones identificaron a Proyectos, Acabados y Prefabricados CAE entre cuatro empresas relacionadas mediante personas que figuraban como accionistas, representantes o integrantes de sus órganos sociales.

Las otras compañías mencionadas fueron Comercializadora Razzur, Operadora de Negocios Terán y Operadora del Sureste Valverde.
Atribuyeron a ese conjunto de proveedores contrataciones millonarias entre 2020 y 2023, durante la etapa en que Joaquín Díaz Mena estuvo al frente de la representación federal del Bienestar en Yucatán.
A CAE se le atribuyeron alrededor de 1.7 millones de pesos en esas investigaciones, aunque una base de datos de contratación pública consultada registra nueve contratos por aproximadamente 1.27 millones de pesos para una unidad compradora de la dependencia. Las cifras corresponden a fuentes y universos documentales distintos y requieren conciliación antes de considerarse un total definitivo.
La coincidencia empresarial más relevante aparece en el nombre de Andy Raúl López Sánchez, quien figura como comisario fundador de CAE.
Las investigaciones de 2024 lo identificaron también con Servicios Bejar Peninsular, S.A. de C.V., sociedad que, según esas publicaciones, recibió en 2019 un oficio definitivo del Servicio de Administración Tributaria relacionado con la inexistencia de operaciones amparadas por comprobantes fiscales.
El señalamiento fiscal corresponde a esa otra sociedad y debe verificarse directamente en los registros del SAT. No demuestra que CAE haya realizado operaciones simuladas ni que sus socios hayan cometido alguna infracción.
Además, se menciona a Gabriela Sánchez Echeverría dentro del conjunto de personas vinculadas con las empresas proveedoras. Su participación como socia fundadora de CAE sí está acreditada por el acta constitutiva, pero los cargos específicos que habría ocupado en las otras sociedades requieren corroboración registral.
El entramado incluyó asimismo a Operadora de Negocios Terán, Comercializadora Razzur y Operadora del Sureste Valverde, compañías que participaron en contrataciones relacionadas con materiales y servicios para programas sociales.
Esos antecedentes vuelven relevantes conocer qué verificaciones realizó el Ayuntamiento de Progreso antes de adjudicar el contrato de pavimentación.
El acta de fallo asegura que CAE cumplió los requisitos legales, técnicos y económicos. No obstante, el documento no detalla si los evaluadores consultaron las observaciones de fiscalización de la empresa, comprobaron su experiencia reciente o solicitaron aclaraciones sobre sus antecedentes contractuales.
Tampoco acredita que existiera una obligación legal de excluirla automáticamente por una observación formulada a otro ayuntamiento. La diferencia es fundamental: una observación de auditoría no equivale necesariamente a una sanción firme ni a una inhabilitación para contratar.
El cuestionamiento se concentra, por tanto, en la transparencia de la evaluación, los controles aplicados y la información disponible para justificar una adjudicación de más de cinco millones de pesos.
En Progreso, el caso se suma a un ambiente de cuestionamientos sobre la contratación de obra pública. En julio de 2026, el regidor José Elías Cruz Cámara denunció públicamente presuntas irregularidades y falta de información sobre contratos municipales, en señalamientos dirigidos a la administración de Erik Rihani. Esas acusaciones se refirieron a otras contrataciones y no constituyen prueba de irregularidades en la licitación otorgada a CAE.
La nueva adjudicación coloca nuevamente bajo escrutinio a una constructora con antecedentes documentados de fiscalización y conexiones empresariales descritas en investigaciones periodísticas.
El gobierno municipal de Erik Rihani deberá responder, mediante los expedientes técnicos y administrativos correspondientes, cómo evaluó el historial de cumplimiento de la contratista, qué garantías exigió y cómo verificará la ejecución de los pavimentos.
También permanece pendiente conocer si la observación de Muna fue solventada posteriormente, si se determinaron responsabilidades y si la empresa ha sido objeto de alguna sanción administrativa firme.
Por ahora, los documentos establecen una contradicción que merece escrutinio público: una constructora relacionada con trabajos pagados y no ejecutados en una obra municipal, y mencionada en investigaciones sobre proveedores del Bienestar, obtuvo otro contrato millonario con recursos públicos, ahora bajo la administración de Erik José Rihani González en Progreso.
La legalidad de la adjudicación y el cumplimiento de la nueva obra deben determinarse con sus respectivos expedientes. Lo que ya está documentado es que los antecedentes de la empresa existían antes de que el Ayuntamiento decidiera contratarla.
