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Desfondan al Infonavit

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  • La red patrimonial de Rogerio Castro: 10 empresas, 50 propiedades y 6 mil MDP sin aclarar en el Infonavit denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. En plena gestión de Rogerio Castro en la dependencia, los negocios de su hermano José Luis y su cuñada Jazmín Castillo se aceleraron
  • Mientras el exfuncionario morenista ocupaba cargos federales y el instituto acumulaba pliegos de observación millonarios, su hermano y su cuñada multiplicaron su capital en Yucatán por más de 77.8 millones de pesos.

Por Claudia V. Arriaga Durán.

De acuerdo con registros públicos de la propiedad, actas mercantiles e informes de la Auditoría Superior de la Federación, mientras el exfuncionario morenista ocupaba cargos federales y el instituto acumulaba pliegos de observación millonarios, su hermano y su cuñada multiplicaron su capital inmobiliario y societario en Yucatán por más de 77.8 millones de pesos.

Mientras Rogerio Castro Vázquez escalaba en las estructuras del poder público federal, pasando de legislador anticorrupción a secretario general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el patrimonio inmobiliario y societario de su entorno familiar inmediato en Yucatán registraba una mutación financiera sin precedentes.

En apenas siete años, su hermano José Luis Castro Vázquez y su cuñada Yazmín Mercedes Castillo Ojeda pasaron de administrar una modesta constructora local a tejer una red de diez empresas con capital extranjero y acumular cincuenta propiedades valuadas en más de 77.8 millones de pesos.

Esta súbita bonanza económica corre en paralelo a los ejercicios fiscales en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y falta de comprobación documental por más de seis mil millones de pesos dentro del organismo encargado de gestionar el ahorro habitacional de la clase trabajadora mexicana.

El ascenso político de Rogerio Castro Vázquez tuvo sus cimientos en las aulas de educación básica de Yucatán, tras egresar como docente de la Escuela Normal Superior “Antonio Betancourt Pérez” e impartir clases en comunidades rurales mayas. Su incursión en la organización territorial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo catapultó en 2015 a una curul en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, donde formó parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

A partir de 2018, con el inicio de la administración federal, asumió la Secretaría General del INFONAVIT, cargo estratégico que ocupó hasta 2024 y desde el cual participó en la coordinación institucional de un ente que opera miles de millones de pesos en créditos, recuperaciones hipotecarias y contrataciones externas.

Tras concluir dicho encargo, en octubre de 2024 fue designado delegado de Programas para el Bienestar en Yucatán, posición que mantuvo hasta febrero de 2025.

La revisión sistemática de actas constitutivas, asambleas corporativas y folios mercantiles revela que la actividad empresarial de su hermano José Luis Castro Vázquez permaneció prácticamente estática durante más de una década, limitada únicamente a la sociedad Suministros y Construcciones Peninsulares S.A. de C.V., constituida en agosto de 2005 junto con otros socios locales.

El punto de quiebre ocurrió en marzo de 2018, cuando ingresó con el cincuenta por ciento del capital social a Distribuidora de Materiales Con Cal S.A. de C.V., en sociedad con David Emir Cervera Castro. A partir de 2020, en plena gestión de Rogerio Castro en el INFONAVIT, la creación de personas morales se aceleró mediante un esquema recurrente de copropiedad paritaria entre José Luis Castro y su esposa, Yazmín Mercedes Castillo Ojeda.

Bajo esta fórmula constituyeron Target Capital S.A.P.I. de C.V., incursionando en el sector financiero, así como Import Parts de la Península S.A. de C.V. en diciembre de ese mismo año.

Esta arquitectura corporativa adquirió mayor sofisticación a través de Proyecto GD75 S.A.P.I. de C.V., firma integrada originalmente por Castillo Ojeda y la razón social PES Capital S.A. de C.V., que en noviembre de 2024 quedó dividida al cincuenta por ciento entre ambos cónyuges, con un capital de un millón 428 mil 525 pesos por cada uno, tras una donación accionaria interna.

La expansión trascendió las fronteras nacionales con Gngrup Ingeniería y Project Management S.A. de C.V., constituida en noviembre de 2022 por el matrimonio y ampliada en septiembre de 2025 mediante la incorporación de firmas extranjeras como Grimalt Nadal Consulting S.L., Grimalt Nadal Morey Enginyers S.L.P., Sargom Management S.L.U. y el socio Pablo Arcega Izaguirre.

A esta estructura se sumaron Savia Overseas S.A. de C.V. en diciembre de 2022, y una oleada de tres sociedades constituidas entre mayo y julio de 2025: Grupo Fidelitare S.A.P.I. de C.V., Desarrollo AG Tulum S.A.P.I. de C.V. y Yuhome Turismo S.A. de C.V. En estas últimas firmas se repite un núcleo cerrado de operadores integrado por Javier Can Chablé y los hermanos Raúl y Raymundo Peniche Bolio, quienes alternan funciones de accionistas y comisarios junto con José Luis Castro Vázquez.

El despliegue societario tuvo su correlato directo en el acaparamiento de bienes raíces en territorio yucateco, cuya evolución documental se divide en tres etapas claramente diferenciadas. Entre noviembre de 2007 y agosto de 2015, antes de que Rogerio Castro asumiera cargos federales, José Luis Castro y Yazmín Castillo adquirieron únicamente seis inmuebles en Mérida y Progreso por un monto total declarado de un millón 661 mil 565 pesos.

En contraste, entre noviembre de 2015 y julio de 2025, la pareja adquirió treinta y dos propiedades de manera directa como personas físicas por 24 millones 530 mil 137.43 pesos, sumando a este bloque una residencia adquirida por el propio funcionario Rogerio Castro Vázquez en octubre de 2020 dentro de la exclusiva privada Conkal, en Cholul, por tres millones 450 mil pesos, comprada precisamente a PES Capital S.A. de C.V., la misma sociedad que fuera socia de su cuñada.

De forma paralela, entre julio de 2021 y noviembre de 2024, la razón social Proyecto GD75 S.A.P.I. de C.V. adquirió otros once predios, incluyendo diez hectáreas en Ucú y propiedades en Chablekal, Dzemul y Mérida, por un valor de 23 millones 615 mil 538.90 pesos.

La operación inmobiliaria más cuantiosa se concretó el 6 de octubre de 2025, cuando Grupo Fidelitare S.A.P.I. de C.V., sociedad donde José Luis Castro funge como comisario, adquirió por 28 millones de pesos el inmueble que alberga al Hotel Boutique La Misión de Fray Diego, en el centro histórico de Mérida.

En conjunto, los cincuenta predios e inmuebles documentados hasta el momento suman un valor de operación escriturado de 77 millones 807 mil 241.33 pesos. Dado que las cifras consignadas en los registros públicos corresponden a los montos declarados ante fedatario y suelen distar significativamente de los avalúos comerciales reales en zonas de alta plusvalía como Cabo Norte, Altozano La Nueva Mérida, Yucatán Village & Resort o la costa de Progreso y Dzemul, el valor real de mercado de este portafolio patrimonial resulta sustancialmente mayor, sin descartar la posible existencia de activos adicionales en Quintana Roo, Campeche o el extranjero.

La cronología de esta acumulación privada adquiere gravedad institucional al contrastarse con los hallazgos de las auditorías forenses realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al INFONAVIT respecto a las Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2022, periodos que intersectan con la gestión de Rogerio Castro en la Secretaría General del Instituto.

En conjunto, el órgano fiscalizador emitió pliegos de observación por seis mil 64 millones 160 mil 789.64 pesos derivados de graves deficiencias en la contratación de servicios externos, tecnologías y despachos de cobranza.

La Auditoría 1717 de la Cuenta Pública 2017 concentró el mayor monto observado, ascendiendo a tres mil 240 millones 57 mil 279.96 pesos por pagos efectuados a la empresa Telra Realty S.A.P.I. de C.V. tras la cancelación de un proyecto tecnológico, erogaciones realizadas sin que existiera respaldo contractual válido ni evidencia de que los sistemas hubieran sido desarrollados.

Asimismo, la Auditoría 298 correspondiente a la Cuenta Pública 2018 determinó un posible quebranto por dos mil 444 millones 371 mil 821.22 pesos en la subcontratación de despachos externos para la recuperación de cartera hipotecaria, señalando la ausencia total de documentación que acreditara la prestación efectiva de los servicios e inconsistencias severas en los reportes de cobranza por parte de firmas como Grupo Beamber Especialistas S.A. de C.V., Corporativo Integral QH S.C., Grupo Tormenz S.C. y Grupo Actuarial y Servicios S.A. de C.V., entre otros seis proveedores.

Finalmente, la Auditoría 2114 de la Cuenta Pública 2022 añadió observaciones por 379 millones 731 mil 688.46 pesos por falta de validación de entregables y pagos en ejercicios distintos dentro de contratos tecnológicos, publicitarios y convenios de reconocimiento de adeudo adjudicados a empresas como Bufete Empresarial GTI S.A. de C.V., Doc Solutions de México S.A. de C.V. e Integrated Solution Bureau S. de R.L. de C.V., así como a cinco personas físicas.

Aunque los pliegos de observación emitidos por la Auditoría Superior de la Federación representan requerimientos administrativos que obligan al INFONAVIT a aportar pruebas documentales para aclarar el destino del gasto o exigir el reintegro de los recursos antes de fincar responsabilidades definitivas, la persistencia de miles de millones de pesos sin justificar exhibe una profunda vulnerabilidad en los controles internos durante la administración en la que participó Castro Vázquez.

La superposición exacta entre el manejo opaco de recursos multimillonarios en la institución federal de vivienda y la repentina transformación financiera de su círculo familiar, capaz de constituir una decena de sociedades mercantiles y desembolsar casi setenta y ocho millones de pesos en propiedades en Yucatán, plantea interrogantes ineludibles sobre el origen lícito de los capitales y exige una fiscalización patrimonial exhaustiva por parte de las autoridades hacendarias y anticorrupción del país.

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