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El imperio oculto de «El Mayo» en Yucatán
- Mientras Ismael «El Mayo» Zambada enfrenta una condena de por vida en Estados Unidos, en Yucatán persisten las dudas sobre el destino de los ranchos y residencias que informes de inteligencia le atribuyeron en Tizimín, Valladolid y el norte de Mérida.
- Militares, reportes de inteligencia e investigaciones periodísticas de Sol Yucatán ubican al líder del Cártel de Sinaloa como propietario de inmuebles y ranchos en Yucatán.
- De acuerdo con las investigaciones, se encontraba en un exclusivo fraccionamiento donde también tenían domicilio la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.
Redacción/Sol Yucatán
La aceptación de una cadena perpetua por parte de Ismael «El Mayo» Zambada en Estados Unidos vuelve a colocar los reflectores sobre una de las etapas menos exploradas de la historia del narcotráfico en México: el arraigo que el líder del Cártel de Sinaloa logró construir en Yucatán durante más de dos décadas. Mientras la justicia estadounidense prepara la sentencia definitiva del capo sinaloense, en la entidad peninsular permanece una interrogante que nunca ha sido respondida con claridad: ¿qué ocurrió con las propiedades, ranchos y residencias que, de acuerdo con diversos informes de inteligencia, formaron parte de su patrimonio en territorio yucateco?
Lejos de tratarse únicamente de un sitio de paso para el trasiego de drogas, Yucatán fue señalado desde finales de la década de los noventa como uno de los refugios favoritos de quien durante más de medio siglo encabezó una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Documentos militares, investigaciones periodísticas de Sol Yucatàn e informes de inteligencia ubican al estado como una pieza estratégica dentro de la red que el capo construyó para operar lejos de la violencia que caracterizaba al norte del país.
Las investigaciones sostienen que Zambada García encontró en la Península algo que pocos estados podían ofrecerle: estabilidad, discreción, baja incidencia de violencia y una ubicación privilegiada para conectar el Golfo de México con Quintana Roo y Centroamérica.
Pero, además, existía un componente personal que fortaleció esos vínculos.
Durante años, «El Mayo» estuvo casado con una mujer originaria de Valladolid, perteneciente a una conocida familia de esa ciudad, con quien procreó dos hijos. Ese lazo familiar permitió que el capo desarrollara una presencia constante en el oriente del estado, donde comenzó a construir relaciones personales y presuntamente una estructura logística que con el paso de los años sería señalada por corporaciones de seguridad nacionales e internacionales.
Diversos expedientes militares difundidos desde principios de este siglo ya advertían que Valladolid funcionaba como uno de los principales centros de operaciones de la organización criminal en la Península.
La ubicación geográfica resultaba estratégica.
Su cercanía con Quintana Roo facilitaba la comunicación con Cancún, mientras que las carreteras permitían movilizar cargamentos hacia Campeche, Tabasco y posteriormente al centro del país.
Los documentos también señalaban que varias personas relacionadas con la familia política del capo aparecían bajo investigación por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico, así como por su posible participación en la distribución de droga en el oriente de Yucatán.
Las versiones recopiladas por militares y habitantes de Valladolid describen una presencia que, durante los años noventa, prácticamente dejó de ser un secreto.
Vecinos aseguraban haber visto con frecuencia al líder criminal arribar procedente de Cancún acompañado de escoltas y familiares. Asistía a reuniones privadas, celebraciones familiares e incluso era recordado por su trato afable con comerciantes y restauranteros de la zona.
Esa cercanía alimentó durante años la percepción de que el jefe criminal había encontrado en Yucatán un lugar donde podía pasar desapercibido.
Sin embargo, Valladolid no era el único punto bajo observación.
Informes de inteligencia sostienen que Ismael Zambada también poseía diversos ranchos en Tizimín, municipio cuya enorme extensión territorial y actividad ganadera ofrecían condiciones ideales para mantener propiedades alejadas del escrutinio público.
Hasta la fecha nunca se ha informado oficialmente cuántos predios llegaron a pertenecerle, si fueron asegurados por autoridades mexicanas o si continúan registrados a nombre de terceros.
A ello se suma otro dato que durante años llamó la atención de las corporaciones de seguridad.
Los informes también ubicaban casas en el norte de Mérida, donde el capo presuntamente permanecía cuando la presión de las autoridades federales aumentaba en Sinaloa.
Una de esas residencias, de acuerdo con las investigaciones, se encontraba en un exclusivo fraccionamiento donde también tenían domicilio la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.
La coincidencia alimentó múltiples cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para detectar la presencia de uno de los hombres más buscados del mundo en una de las zonas residenciales con mayor vigilancia del estado.
Nunca hubo una explicación oficial.
Tampoco se informó si dichas propiedades fueron investigadas por autoridades federales o si existieron cateos relacionados con ellas.
Mientras tanto, la estructura criminal continuaba fortaleciéndose.
Los propios documentos filtrados por Guacamaya Leaks, basados en reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubican indicios de operaciones del grupo criminal en Yucatán desde finales de los años noventa.
Con el paso de los gobiernos estatales, la presencia del Cártel de Sinaloa dejó de limitarse al trasiego para extenderse hacia otras actividades.
Durante las administraciones de Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello comenzaron a registrarse algunos de los aseguramientos de droga más importantes en la historia de Yucatán.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2007, cuando un avión procedente de Colombia cayó en Tixkokob transportando aproximadamente 3.7 toneladas de cocaína, considerado hasta hoy uno de los decomisos más grandes registrados en la entidad.
Dos años después, autoridades aduanales descubrieron un sofisticado método para ocultar droga.
Un cargamento de 97 tiburones procedente de Costa Rica llamó la atención por el tamaño inusual de los ejemplares.
La inspección con binomios caninos permitió localizar 893 kilogramos de cocaína, ocultos dentro de los cuerpos de los animales, con un valor millonario en el mercado ilegal.
La creatividad del crimen organizado volvió a quedar de manifiesto en 2016, cuando fueron asegurados 750 kilogramos de cocaína escondidos dentro de peces espada que tenían como destino Estados Unidos.
Todos esos aseguramientos fueron atribuidos por autoridades federales a estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Paralelamente surgieron otras investigaciones.
Una de las líneas de inteligencia vinculó al grupo criminal con el asesinato del diputado priista Pánfilo Novelo Martín, ejecutado en enero de 2002 sobre la carretera Mérida-Cancún.
Aunque nunca se acreditó judicialmente la responsabilidad del capo, expedientes federales terminaron siendo enviados a la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada debido a los indicios relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Años después también surgieron versiones que relacionaban a integrantes del grupo con los cuerpos decapitados encontrados en Chichí Suárez y Buctzotz durante 2018, aunque tampoco existieron resoluciones judiciales que confirmaran esa hipótesis.
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera advirtió que en Yucatán operaban al menos tres organizaciones criminales de alto impacto: el Cártel del Pacífico, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las investigaciones financieras comenzaron a dirigir la atención hacia empresas inmobiliarias y otros negocios utilizados presuntamente para introducir recursos de procedencia ilícita en una entidad que durante los últimos años experimentó un crecimiento acelerado en el mercado de bienes raíces.
Ese contexto vuelve especialmente relevante el patrimonio que presuntamente acumuló «El Mayo» en Yucatán.
Hasta ahora ninguna autoridad ha informado públicamente si los ranchos señalados en Tizimín fueron asegurados, si las residencias mencionadas en Mérida permanecen bajo investigación o si fueron transferidas a terceros antes de la captura del capo.
La opacidad también alcanza a las posibles redes empresariales que pudieron haber administrado esos inmuebles.
La reciente decisión del histórico líder del Cártel de Sinaloa de aceptar una sentencia de por vida para evitar una prisión de máxima seguridad abre un nuevo capítulo en la investigación judicial que enfrenta en Estados Unidos.
Su cooperación con las autoridades estadounidenses mantiene en alerta a distintos sectores políticos y empresariales del país ante la posibilidad de que nuevas declaraciones revelen nombres, operaciones financieras y relaciones que durante décadas permanecieron ocultas.
En Yucatán, sin embargo, el tiempo parece haberse detenido.
Las propiedades que durante años fueron señaladas por informes de inteligencia continúan envueltas en incertidumbre.
No existe información pública sobre aseguramientos definitivos, procesos de extinción de dominio o investigaciones patrimoniales que expliquen qué ocurrió con los bienes atribuidos al hombre que convirtió a la Península en uno de sus principales refugios.
Mientras el proceso judicial en Estados Unidos se acerca a su desenlace, no es extraño preguntarse ¿Quién administra hoy esos ranchos y residencias? ¿Fueron realmente decomisados? ¿O simplemente cambiaron de propietario sobre el papel mientras la estructura financiera que los sostenía continuó operando en silencio?
