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El gran robo al Infonavit
- José Ricardo Mañé Lara, un cínico operador que hoy busca desesperadamente refugio e impunidad en las filas de Morena, arrastrando un historial de traiciones y corrupción en el Infonavit que lo desnuda de cuerpo entero.
- La FGR puso la mira al operador identificado como Ricardo M., investigando posibles nexos y aportaciones de la familia Mañé a la campaña de Mauricio Sahuí Rivero en 2018, a cambio de un manto de protección política.
- Durante años, Mañé Lara se sirvió con la cuchara grande de las migajas y los contratos jugosos entregados por la CTM, operando a la sombra como el presunto prestanombres de un alto jerarca de esa central obrera
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
El nombre de José Ricardo Mañé Lara vuelve a detonar como una bofetada en el centro del debate público en Yucatán. No estamos ante un actor menor, sino ante un cínico operador que hoy busca desesperadamente refugio e impunidad en las filas de Morena, arrastrando un historial de traiciones y contubernios que lo desnuda de cuerpo entero.
Durante años, Mañé Lara se sirvió con la cuchara grande de las migajas y los contratos jugosos entregados por la CTM, operando a la sombra como el presunto prestanombres de un alto jerarca de esa central obrera.
Fue el bufón obediente de las cúpulas sindicales y políticas de siempre, enriqueciéndose a costa del sudor de la misma clase trabajadora a la que hoy terminan desplumando sus empresas.
Mientras en 2021 se abalanzaba por una precandidatura del PRI a diputado local por el distrito IX, con cabecera en Progreso, y ahora no encuentra cómo colarse ni a fuerza en los círculos de poder de la autollamada Cuarta Transformación tras sus infructuosos intentos en el distrito federal II, su verdadero expediente se escribe entre los escombros de desarrollos habitacionales fantasmas.
Resulta una burla insoportable que, de manera cínica, este personaje aparezca en foros públicos fustigando la erosión costera en Chelem y Chicxulub, posando como ecologista preocupado, mientras a espaldas suyas decenas de familias claman justicia por el patrimonio que les arrebató.
El calvario de los compradores: Viviendas destruidas y un saqueo salarial implacable.
Las investigaciones que han sacado a la luz la podredumbre de las empresas Sucovisa y Comasa revelan una estafa maestra perfectamente calculada para sangrar al eslabón más débil.
El esquema criminal golpeó sin piedad a trabajadores atrapados en créditos hipotecarios incosteables para adquirir supuestos patrimonios en:
- Jerusalén y Zoola (Umán)
- Bosques (Kanasín)
- Luna Ki’in (Hunucmá)
El testimonio de los afectados es un grito unánime de desesperación, casas inhabitables, cascarones inconclusos, zonas olvidadas sin una gota de agua ni servicios básicos, convertidas en guaridas de la desolación. ¿Y la constante macabra? Los descuentos vía nómina por sus créditos hipotecarios continuaban implacables, mes con mes, robándoles el pan de la boca para financiar una farsa.
Una compradora atrapada en este laberinto sitúa el inicio de su infierno judicial y personal en el año 2021.
Mientras las víctimas lloran sus ahorros, las sombras del poder político asoman su peor cara. En enero de 2025, se destapó que la FGR puso la mira en un operador identificado como Ricardo M., investigando posibles nexos y aportaciones de la familia Mañé a la campaña de Mauricio Sahuí Rivero en 2018 a cambio de un manto de protección política.
Aunque Sahuí ha negado categóricamente haber recibido dichos recursos y asegura haber instruido denuncias desde el Infonavit para blindar a los afectados, la verdad es escalofriante, hasta el día de hoy, no existe una sola sentencia firme ni una mano dura de la justicia que ponga tras las rejas a los responsables de este desfalco.
Incluso, aunque se ha querido diluir la responsabilidad en generalizaciones sobre corrupción inmobiliaria ventiladas desde la mañanera por el titular del Infonavit, el nombre de Mañé y sus cuatro infiernos urbanos en Yucatán operan como una herida abierta que la burocracia federal y local se ha empeñado en mantener en el limbo.
Contratos de papel y millones en juego. El festín con el erario.
La rapiña no se limitó a exprimir a los pobres, también se cebó con los recursos públicos de los yucatecos a través de contratos de obra gubernamental que huelen a corrupción institucional. Los montos ventilados por la prensa estatal son una afrenta directa a la ciudadanía y exigen una fiscalización inmediata, caiga quien caiga.
*Cerca de 30 millones de pesos. Acciones de vivienda repartidas por el IVEY a las empresas de este clan familiar.
*Cerca de 83 millones de pesos. Obras jugosas adjudicadas sospechosamente a través del IDEFEY.
*Más de 200 millones de pesos. El monto global que diversos reportes atribuyen a la red de empresas aliadas, en un laberinto de atribuciones cruzadas que busca despistar a las autoridades.
Para desenterrar esta basura no bastan los trascendidos políticos, urge destripar los números de contrato, auditar expedientes de adjudicación, revisar actas constitutivas y rastrear cada comprobante de pago. La opacidad con la que se han manejado estos recursos grita complicidad oficial.
El laberinto de la impunidad. Entre juzgados mercantiles y fantasías de carpetazo.
En los pasillos del poder corre el rumor cobarde de un supuesto “carpetazo” o “indulto” político para enterrar las investigaciones.
Documento en mano, eso es mentira, no existe ninguna resolución de no ejercicio de la acción penal que limpie el expediente de Mañé Lara. Lo único certero en el plano judicial es el registro del Diario Oficial de Yucatán de febrero de 2026, donde aparece empantanado en un juicio oral mercantil promovido por el Banco Santander (expediente 565/2025), una disputa de carácter financiero que evidencia que el imperio económico de este personaje se sostiene sobre bases de barro y litigios.
Lo que revelan los documentos y las denuncias hasta este 25 de octubre de 2026 es la radiografía exacta de un sistema podrido, redes de contratos gubernamentales intocables, ambiciones políticas cínicas y, sobre todo, una masa de trabajadores abandonados a su suerte, obligados a pagar por techos que hoy son ruinas.
El gran talón de Aquiles sigue siendo el mismo, la total falta de voluntad política para integrar carpetas blindadas que frenen esta red de protección. Las familias siguen pagando las consecuencias de un fraude monumental mientras los arquitectos de esta tragedia caminan con absoluta impunidad, tocando puertas ajenas en busca de la patente de corso que los salve de la ley.
