el Gran Hermano vio a Mirna, María y Edith

En su obra “1984”, George Orwell imaginó un mundo donde el “Gran Hermano” todo lo ve, todo lo registra y todo lo controla. La vigilancia no era ni es un mecanismo técnico, sino un instrumento político que decide qué importa y qué se borra.

En 2026, la promesa de ese ojo omnipresente parece cumplida: vivimos rodeados de cámaras, de pantallas, de registros, de datos que supuestamente garantizan seguridad. Sin embargo, esas cámaras que todo lo captan, a veces no “ven” lo que más importa. No vieron cuando la señora Mirna, de 87 años, se extravió en Mérida; no sirven para demostrar que María, trabajadora de un hotel en Paseo de Montejo fuera abusada sexualmente en por su jefe ni para encontrar con prontitud a Edith, de 21 años, que buscaba trabajo y fue asesinada en un edificio de la Ciudad de México.

Se vigila lo cotidiano, se registran movimientos irrelevantes, se ubica a quien se quiere y ni qué decir de las foto multas, pero cuando una mujer desaparece, cuando una trabajadora es abusada o cuando una joven es asesinada, hasta la tecnología parece volverse ciega. No funciona cuando más se le necesita y la historia de María, Mirna y Edith lo confirman.

María “N.”, trabajadora del del Hotel El Conquistador acusa haber sido agredida sexualmente por quien ocupaba una posición de autoridad sobre ella, Jorge Eduardo “N.”, empleado con funciones administrativas. Desde 2024, según su testimonio, comenzó a enfrentar un hostigamiento constante: invitaciones reiteradas para salir que, al ser rechazadas, derivaban en represalias dentro del ámbito laboral. El episodio más grave ocurrió el 14 de marzo de 2025. Ese día, el señalado habría llegado en estado inconveniente al centro de trabajo, la mandó llamar y, de acuerdo con la denuncia, se produjo una agresión física y sexual. Una semana después, el 21 de marzo, María acudió a la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Los exámenes médicos confirmaron lesiones. Sin embargo, el proceso no ha avanzado como se esperaría en un caso de esta gravedad. Más aún, el hotel se habría negado a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad solicitadas por las autoridades. La investigación parece detenida en un punto donde la evidencia técnica que son esas videograbaciones no aparece, y la respuesta institucional resulta insuficiente.

En una historia paralela, la de Mirna Barrera reportada como desaparecida desde hace cuatro meses, la angustia de su búsqueda nos mantiene en vilo. Su caso vuelve a evidenciar la inutilidad de una infraestructura que, en el papel, parece robusta. Desde que se supo de su desaparición, en zonas urbanas que a simple vista están saturadas de cámaras, surgió una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que, pese a esa presencia tecnológica, no haya respuestas claras ni avances contundentes? No se trata sólo de ausencia de resultados, sino de la incapacidad de traducir la vigilancia en protección efectiva.

El Gobierno del Estado de Yucatán ha informado en distintos momentos que la inversión en infraestructura de videovigilancia y seguridad tecnológica asciende a más de 2,600 millones de pesos. Este monto incluye la instalación de miles de cámaras, arcos carreteros, centros de monitoreo, el muy presumido C5i, así como sistemas de reconocimiento y comunicación. La narrativa institucional ha sido que se trata de una de las inversiones más importantes en seguridad en el estado, orientada a la prevención del delito y a la capacidad de respuesta de las autoridades, pero eso no lo vemos cuando se trata de la localización oportuna de personas desaparecidas, en la identificación eficaz de responsables o en el uso inmediato y transparente de las videograbaciones como herramientas de justicia. Ahí, donde debería hacerse visible su impacto.

A nivel nacional, de nuevo el tema se hizo presente con Edith Guadalupe Valdés, mujer de 21 años que salió el 15 de abril de 2026 rumbo a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México y nunca regresó. Su cuerpo fue hallado el 17 de abril en el sótano del mismo edificio, oculto en bolsas, lo que desató indignación social y denuncias de negligencia institucional. Las cámaras del edificio registraron su entrada el 15 de abril, pero nunca su salida. Esa ausencia en el registro fue la primera pista que permitió ubicarla. En este caso, la videovigilancia sí cumplió una función: orientó la búsqueda y se convirtió en pieza clave para señalar responsabilidades. Pero incluso ahí, la reacción institucional fue tardía. La tragedia de Edith muestra las dos caras del mismo sistema: su potencial para esclarecer hechos y su debilidad cuando no se actúa con prontitud.

La tragedia de Edith revela dos caras de la misma moneda: por un lado, la negligencia de las autoridades que tardaron en revisar material decisivo; por el otro, la fuerza probatoria de las imágenes que hoy sostienen la acusación contra el principal sospechoso. En un país donde cada día son asesinadas diez mujeres, la videovigilancia no puede ser un recurso secundario ni burocráticamente postergado: es un instrumento vital para salvar vidas y garantizar justicia.

Las cámaras están ahí, encendidas, acumulando horas de grabación, pero se vuelven inútiles cuando se trata de localizar a una persona desaparecida, de respaldar una denuncia de abuso o de actuar con rapidez frente a un feminicidio. La vigilancia existe, pero la justicia no llega.

En un estado y un país donde la violencia es cotidiana, la pregunta es inevitable: ¿para qué vigilarlo todo si, en lo esencial, nadie está mirando?