El gobernador entrega Yucatán

El Gobierno Estatal le regaló a la Federación tres inmuebles con un valor superior a los 3 mil millones de pesos, que formaban parte del patrimonio estatal y que ahora son administrados por la Federación y por políticos ligados a la 4T.
El Gobierno Federal le está cobrando con bienes inmuebles, propiedad de los yucatecos, la construcción del nuevo hospital Agustín O’Horán, cuya inversión final fue de 5 mil 100 MDP, que arrastra serias carencias y que no ha sido la solución.
Durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal, la oposición Morena, PT, Verde, PRI y hasta la senadora Verónica Camino Farjat cuestionaron las operaciones sobre la venta de bienes públicos, pero ahora nadie habla.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

El patrimonio de los yucatecos está en venta, pero, contrario al sexenio anterior, sin recibir un solo peso a cambio, provocando un grave daño patrimonial a los yucatecos.

En menos de una semana, el gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena concretó la entrega gratuita de tres inmuebles propiedad del Estado al Gobierno Federal, bienes que, de acuerdo con valuaciones de empresas inmobiliarias y referencias de inversiones realizadas durante administraciones anteriores consultadas por Sol Yucatán, tendrían un valor superior a los 3 mil millones de pesos.

La operación representa, según especialistas consultados, una disminución histórica del patrimonio inmobiliario estatal y abre cuestionamientos sobre la justificación, transparencia y conveniencia de desprenderse de activos públicos de alto valor.

No son propiedades personales del gobernador, ni de Morena, ni de una administración en turno.

Son bienes que pertenecen a todos los yucatecos y que hoy han pasado a manos del gobierno morenista y de políticos ligados a la 4T.

Primero fue la aprobación para entregar a la Federación el antiguo Hospital Agustín O’Horán y el Hospital Materno Infantil, dos inmuebles estratégicos que durante décadas formaron parte de la infraestructura pública de Yucatán.
Primero fue la aprobación para entregar a la Federación el antiguo Hospital Agustín O’Horán y el Hospital Materno Infantil, dos inmuebles estratégicos que durante décadas formaron parte de la infraestructura pública de Yucatán.

Después llegó un tercer movimiento: un terreno ubicado en Izamal.

Mediante el Decreto 220/2026, publicado en el Diario Oficial del Estado, el Gobierno Estatal desincorporó un predio de 2 mil 495 metros cuadrados para donarlo a título gratuito al Gobierno Federal.

El inmueble corresponde al tablaje catastral 9618, ubicado sobre la calle 31 del municipio de Izamal.

El decreto fue firmado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y refrendado por el secretario general de gobierno, Omar Pérez Avilés.

De acuerdo con documentos consultados por Sol Yucatán, la transferencia del inmueble no fue una decisión de último momento.

El decreto fue firmado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y refrendado por el secretario general de gobierno, Omar Pérez Avilés.
El pasado 14 de mayo, la operación quedó inscrita ante el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (INSEJUPY), bajo el número 3912141, como parte del proceso para formalizar el cambio de propietario.

Especialistas inmobiliarios, a petición de Sol Yucatán, realizaron estimaciones tomando como referencia la ubicación de los inmuebles, dimensiones, infraestructura existente, valor del suelo y las inversiones públicas acumuladas durante años.

El resultado: los tres bienes entregados a la Federación representan un valor superior a los 3 mil millones de pesos.

Por la naturaleza de la operación, diversos funcionarios y órganos institucionales tuvieron participación en el proceso, por lo cual son también responsables del daño patrimonial a los yucatecos.

Entre los políticos y funcionarios involucrados se encuentran el gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario general de gobierno, Omar Pérez Avilés, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, y el diputado Rafael Germán Quintal Medina, presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso.

Entre los políticos y funcionarios involucrados se encuentran el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, y el diputado Rafael Germán Quintal Medina.
El comité necesariamente tiene que aprobar en primera instancia la donación de un inmueble, su desincorporación, para luego ponerse a discusión en el Congreso del Estado, para su votación y aprobación, que en este caso prosperó con el aval de los diputados morenistas encabezados por Wilmer Monforte Marfil, quien ya se destapó como candidato a diputado federal.

Lo que llama la atención es que, durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal, la oposición Morena, PT, Verde y PRI y hasta la senadora Verónica Camino Farjat cuestionaron las operaciones sobre la venta de bienes públicos, pero ahora nadie habla, todos guardan silencio ante la política de Estado de regalar los bienes estatales a la federación.

Una de las explicaciones es que el próximo año habrá elecciones y el gobierno asignará el gasto electoral y todos cuidarán sus intereses económicos y políticos.

Lo que es una realidad es que Yucatán pierde inmuebles estratégicos, mientras el Gobierno Estatal deberá explicar por qué decidió desprenderse de bienes valuados en miles de millones de pesos y cuál será el beneficio real para la población.

Porque una cosa es coordinarse con la Federación y otra muy distinta es entregar el patrimonio de los yucatecos, sin recibir nada a cambio.

El Gobierno del Estado ha intentado justificar la entrega del sistema de salud y de diversos bienes inmuebles a la Federación bajo el argumento de que Yucatán se verá beneficiado con la construcción del nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”.

La construcción del nuevo nosocomio federal ha estado rodeada de polémica desde su anuncio. Inicialmente, el proyecto fue presentado con un costo aproximado de 3 mil 500 millones de pesos, posteriormente, las cifras oficiales fueron incrementándose hasta alcanzar los 5 mil 100 millones de pesos al concluir la obra, es decir, un aumento superior al 45 por ciento respecto al presupuesto originalmente anunciado.

A pesar del millonario costo de la construcción, el inmueble fue financiado con recursos de la Federación, por lo que no representa una inversión directa del Gobierno del Estado.

En contraste, Yucatán sí está entregando gratuitamente bienes públicos valuados en miles de millones de pesos, entre ellos el antiguo Hospital Agustín O’Horán, el Hospital Materno Infantil y otros inmuebles que ahora pasarán a formar parte del patrimonio federal.

Durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal, la oposición Morena, PT, Verde y PRI y hasta la senadora Verónica Camino Farjat cuestionaron las operaciones sobre la venta de bienes públicos.
Es decir, el Gobierno Federal, a través de la donación de bienes, le está cobrando a los yucatecos la construcción del nuevo nosocomio, el cual ha estado en medio de la polémica por presuntos actos de corrupción a través de sobrecostos y por favorecer a empresas ligadas a la delincuencia organizada.

Por si fuera poco, la federalización del sistema de salud tampoco representa un alivio financiero para las arcas estatales.

Aunque miles de trabajadores basificados fueron transferidos administrativamente al esquema federal del IMSS-Bienestar, el Gobierno del Estado continuará absorbiendo el pago de nóminas, pensiones, prestaciones laborales y otros compromisos adquiridos con el personal, lo que significa que los pasivos laborales permanecerán a cargo de los yucatecos.

A ello se suma un aspecto que ha pasado prácticamente desapercibido, y que el gobierno no ha querido explicar, al ceder la operación del sistema de salud a la Federación, Yucatán dejará de recibir recursos federales destinados a este rubro, limitando su capacidad presupuestal para invertir de manera directa en infraestructura, equipamiento y programas estatales de salud pública.

Es decir, el sistema y la atención de la salud dependerán de la federación.

En términos prácticos, Yucatán entrega hospitales, terrenos y parte del control de su sistema de salud, pero continúa asumiendo importantes obligaciones financieras con el personal y pierde capacidad de decisión sobre los recursos destinados al sector.