Portada
El clan de Ermilo Barrera en Yucatán
La sombra de las 82 mil luminarias
- Las sombras de las luminarias que cobran factura al gobierno de Joaquín Díaz Mena
José González/Sol Yucatán
Hay nombres que en la política yucateca funcionan como un puente directo entre los episodios más oscuros de la administración pública local y el actual andamiaje gubernamental. El apellido de Ermilo Barrera es uno de ellos. En el discurso oficial, la administración estatal encabezada por Joaquín Díaz Mena insiste en enarbolar la bandera de la transformación y el quiebre con las viejas prácticas del pasado. Sin embargo, la revisión minuciosa del árbol genealógico del poder revela una historia distinta: la continuidad de apellidos vinculados a los escándalos más costosos y cuestionados de la última década en Mérida.
En el centro de este entramado figura Jorge Ermilo Barrera Novelo, actual titular de la Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado. Presentado como una figura joven e innovadora dentro del gabinete estatal, su ascenso no puede desvincularse del peso histórico y político de su progenitor: el ingeniero Jorge Ermilo Barrera Jure, exdirector de Servicios Públicos Municipales durante el trienio de Angélica Araujo Lara (2010-2012).
La sombra de las 82 mil luminarias
Para entender el trasfondo de este clan político, es imprescindible volver la vista al expediente del contrato DA-2011-LUMINARIAS-01-01. Documentación procesal y antecedentes vertidos en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirman que Barrera Jure no fue un espectador secundario en el gabinete de Araujo Lara, sino la dependencia ejecutora y uno de los principales defensores técnicos del polémico esquema de arrendamiento con la empresa AB&C Leasing de México, por un monto estimado en 468.8 millones de pesos.
Aquella operación, que prometía un ahorro del 50% en consumo eléctrico que supuestamente financiaría la sustitución total del alumbrado, terminó convertida en una pesadilla financiera, técnica y legal para el municipio de Mérida.
La actuación de Barrera Jure no quedó en la anécdota política. En agosto de 2011, registros de transparencia municipal dieron cuenta de quejas administrativas incoadas en su contra y de otros altos mandos como la Oficialía Mayor y la Tesorería. Para 2013, la siguiente administración municipal llevó el asunto al ámbito penal mediante denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntos hechos delictivos. Posteriormente, en febrero de 2014, la Contraloría Municipal abrió procedimientos formales donde Barrera Jure tuvo que comparecer por escrito para responder por los señalamientos de daño patrimonial.
El refugio burocrático y el relevo generacional
Lejos de una inhabilitación definitiva o una marginación de la vida pública, las trayectorias de la burocracia local suelen encontrar refugio en la estructura estatal. Documentos oficiales confirman que, tras el descalabro del proyecto de alumbrado público, Barrera Jure fue cobijado como subdirector técnico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), operando temas de redes hidráulicas e infraestructura, mientras su situación patrimonial y sus movimientos inmobiliarios continuaban en la opacidad o en el radar periodístico local.
Hoy, la narrativa del cambio que abandera el gobierno de Joaquín Díaz Mena choca frontalmente con la realidad de su gabinete. El nombramiento de Jorge Ermilo Barrera Novelo en la Secretaría de Economía no representa una ruptura, sino la consolidación de un relevo patrimonial de la élite política.
¿Hasta qué punto el gobierno de Díaz Mena está dispuesto a investigar la herencia de los contratos y las redes de influencia de los grupos del pasado cuando sienta en su mesa principal a sus propios herederos directos?
La exigencia de transparencia
Yucatán no necesita discursos de renovación que reciclan las viejas estructuras de complicidad. La opinión pública exige claridad absoluta sobre dos frentes:
- El estatus legal e histórico. Es indispensable que la sociedad conozca la resolución definitiva y el paradero de los procedimientos administrativos y penales derivados del caso de las luminarias de 2011, aclarando la responsabilidad real de los funcionarios ejecutores de aquel trienio.
- El conflicto de interés en el gabinete actual. El gobierno estatal debe responder si la presencia de perfiles ligados por consanguinidad a los personajes centrales de los mayores quebrantos municipales no compromete la imparcialidad, el rigor técnico y la ética en la conducción económica de Yucatán.
El discurso del cambio pierde credibilidad cuando los apellidos de la vieja guardia continúan despachando en las oficinas donde se toman las decisiones de la entidad.
