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Mérida

DZUNUNCÁN: PREPOTENTE DESPOJO

*Con graves irregularidades en la adquisición de documentación, el ex funcionario de la Oficialía Mayor de Mérida, Antonio Aldana Castro pretende consumar el despojo de la propiedad a una adulta mayor
 
* Aldana Castro se ostenta como campesino para obtener la propiedad ante el tribunal Unitario Agrario, pero se anuncia en redes sociales como abogado y propietario de un despacho de consultoría en materia agraria.
Edgar Cárdenas/Sol Yucatán
 
El ex funcionario de la Oficialía Mayor del municipio de Mérida en 2010-2012 Antonio Aldana Castro intenta despojar de una propiedad Dzununcán a una madre de familia adulta mayor de 70 años de edad, Rosaura Soberanis Ríos quien ahora padece un verdadero calvario al ser acusada de invasión del mismo terreno donde habita con su familia desde hace más de 22 años.
Antonio Aldana Castro de profesión abogado y propietario de un despacho de consultoría inmobiliaria se ostenta como el propietario del terreno en cuestión que abarca poco más de dos hectáreas, quien desde hace 3 años inicio la demanda en contra de la señora Rosaura Soberanis, quien nunca fue notificada y sólo fue citada para contestar la demanda penal con el Expediente 1534/2021 y la demanda civil expediente 372/2022.
 
Anteriormente, Sol Yucatán documentó un caso en el que un grupo de empresarios, en los que figuraba Antonio Aldana Castro, vendieron en Texán, Hunucmá, a una constructora un predio de 9 hectáreas en poco más de 6 millones trescientos mil pesos.
 
En esa operación, suscitada en el año 2015, ofrecieron pagar a los ejidatarios 20 mil pesos por hectárea, sin embargo nunca les pagó completo, aprovechándose de la ignorancia y la necesidad de los campesinos, caso que ventilo el Tribunal Unitario Agrario en favor de los ejidatarios,
Ahora el Tribunal Unitario Agrario tiene el caso luego de que la familia de Rosaura Soberanis le entrego personalmente una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador explicando los hechos, por lo que la Procuraduría Agraria atrajo el juicio con el expediente TUA 34-971/2022.
 
Rosaura Soberanis presento a Sol Yucatán el documento validado y cotejado por la notaria número 41, cuyo titular es el abogado Luis Enrique García Loría quien dio fe de la legitimidad y originalidad del escrito, en el que con fecha del 18 de junio de 2002 se registra la compraventa de la parcela entre Rosaura Soberanis Ríos y José Francisco Carrillo Canché, a nombre de quien estaba la propiedad en ese año, hecho que comprueba la legitima compra y posesión de la propiedad por parte de la familia de Rosaura Sobernis desde ese tiempo.
 
Ahora en el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Unitario Agrario de Mérida se han ventilado una serie de irregularidades con las que Antonio Aldana Castro adquirió el certificado parcelario número 000001013715, fechado en 5 de octubre de 2020 y firmado por Dalia Isela Peña Alberto, encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán.
 
Es este certificado Antonio Aldana se ostenta como campesino avecindado en Dzununcán, cuando ahí nadie lo conoce y además que no es campesino, es abogado y dueño de un despacho virtual de consultoría legal en temas administrativos, corporativos, responsabilidades de servidores públicos y en materia agraria, como consta en el sitio de linkedin.com.
 
Recientemente, en la última audiencia que tuvo lugar en el Tribunal Unitario Agrario también se revelo la irregularidad en la que incurrió la comisaria de Dzununcan en el periodo de 2001-2004, cuando en audiencia celebrada en ese periodo, adjudicó la parcela 281 a Jorge Yanuario Rodríguez Manzanilla, a quien se le extendió un certificado parcelario sobre la parcela que ya habitaba y había pagado Rosaura Soberanis, por lo que se trata de establecer que este certificado parcelario es ilegal y que por lo consiguiente no podría ser traspasado a Antonio Aldana, con el cual pudo obtener su propio certificado, a todas luces ilegalmente.
 
Como parte de una estrategia dilatoria de los abogados de Antonio Aldana, propusieron un acuerdo en el que ofrecían pagar los gastos de construcción que en la parcela ha realizado la familia de Rosaura Soberanis y dejarles una parte del terreno, acuerdo que en un principio había aceptado la familia, y que el Tribunal Agrario tenía en conocimiento, pero a la hora de firmarlo se negó alegando y acusando prepotentemente a la defensa del caso que le habían pedido dinero para llegar al acuerdo, lo cual no probó y que los abogados defensores negaron.
 
Este hecho provocó una nueva fecha de audiencia para determinar la sentencia del juicio, pero el mismo juez advirtió a Antonio Aldana y sus abogados que no daría más tiempo para retrasar su decisión, la cual espera la familia de Rosaura Soberanis que sea en su favor.
 
Es evidente que se trata de un “modus operandi” de este abogado para adjudicarse predios en esas condiciones.
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