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Dinero sucio en campañas
- Funcionarios de la 4T utilizan recursos públicos del actual gobierno para realizar amarres políticos de cara al proceso electoral que está a nada de iniciar.
Redacción/Sol Yucatán
El Gobierno de la 4T está utilizando recursos e influencias políticas para concretar amarres políticos de cara al proceso electoral 2026-2027, que está a poco más de un mes de iniciar.
Dos funcionarios cercanos al gobernador están realizando el trabajo sucio en el interior del estado, ambos vinculados con una red de corrupción.
En el llamado cono sur, el operador es nada más y nada menos que el doctor Domitilo Carballo Cámara, director de riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, y en la zona centro y costa, Hernán Hernández, titular de la coordinación de protección civil de Yucatán.
Sus nombres han sido señalados por presuntamente integrar una red de corrupción y extorsión contra propietarios de restaurantes, bares y cantinas de Yucatán, señalamientos que incluso derivaron en una denuncia penal relacionada con el caso del restaurante Sonora Grill.
Recientemente, Hernán encabezó el destape de Ismael Aguilar Puc como candidato de Morena a la alcaldía de Dzidzantún, cuya familia ha dominado desde hace más de dos décadas la política municipal con la bandera del PRI. El aspirante es cuñado de Guadalupe Ortega Pacheco, hermana de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y líder de Movimiento Ciudadano en Yucatán.
Por su parte, Domitilo Carballo ha sido acusado de utilizar su posición dentro de la Secretaría de Salud para operar políticamente en la región sur del estado.
Información obtenida de fuentes al interior del sector salud revela que el funcionario encabeza una auténtica “limpia política” en hospitales y centros de salud de municipios como Peto, Ticul y Tekax, donde el criterio para conservar o perder el empleo ya no sería el desempeño laboral, sino la afinidad política.
Enfermeras, trabajadores administrativos y personal operativo han sido despedidos o desplazados de sus funciones por no formar parte del grupo político del funcionario.
Las denuncias apuntan a que trabajadores con años de experiencia han sido removidos para colocar a personas cercanas al funcionario, algunas vinculadas al PAN y otras identificadas como operadores políticos.
