Portada
Cubren impunidad con 6 mil MDP
- Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública revela que apenas el 9.4 % de los delitos son denunciados y que solamente el 7.4 por ciento derivan en la apertura de una carpeta de investigación.
- Si más de nueve de cada diez delitos no se denuncian, existe un problema profundo de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar y sancionar
- La respuesta no depende exclusivamente de más recursos públicos y tecnología . Depende de resultados concretos
Redacción/Sol Yucatán
Mientras el Gobierno de Yucatán presume que la entidad se mantiene entre las más seguras del país, una realidad menos visible se esconde detrás de los discursos oficiales y los indicadores de baja incidencia delictiva: la enorme mayoría de los delitos nunca llega a conocimiento de las autoridades.
En un estado donde la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Luis Felipe Saidén Ojeda, y la Fiscalía General del Estado, dirigida por Juan Manuel León León, concentran miles de millones de pesos para combatir la delincuencia y la impunidad, más de nueve de cada diez delitos permanecen sin denuncia.
La contradicción resulta inevitable. Por un lado, el Presupuesto de Egresos 2026 asignó 3 mil 409 millones de pesos a la estrategia denominada “Inteligencia, Investigación e Impunidad Cero”, además de otros 2 mil 601 millones de pesos para “Medios Alternativos e Impartición Efectiva de Justicia”. En conjunto, ambas líneas absorben más de 6 mil millones de pesos, equivalentes a más del 80 por ciento de toda la Directriz de Justicia, Seguridad Ciudadana y Cultura de la Paz del Plan Estatal de Desarrollo.
Por otro lado, los propios datos oficiales muestran que la ciudadanía sigue evitando acudir ante las autoridades cuando es víctima de un delito. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revela que apenas el 9.4 por ciento de los delitos son denunciados y que solamente el 7.4 por ciento derivan en la apertura de una carpeta de investigación.
La consecuencia es una cifra negra de 92.6 por ciento, una de las más altas del país y que refleja que la gran mayoría de los hechos delictivos quedan fuera de las estadísticas formales.
Más allá de los tecnicismos, la lectura es sencilla: si más de nueve de cada diez delitos no se denuncian, existe un problema profundo de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar y sancionar.
No se trata necesariamente de una desconfianza absoluta hacia los policías o fiscales, sino de una percepción generalizada de que denunciar implica perder tiempo, enfrentar trámites complicados o simplemente no obtener resultados satisfactorios.
Este fenómeno resulta particularmente relevante porque ocurre en un momento en el que el gobierno estatal ha decidido fortalecer presupuestalmente las áreas encargadas de combatir la impunidad.
La estrategia oficial apuesta por más tecnología, más inteligencia policial, más sistemas de videovigilancia, más capacidades de investigación y una mayor coordinación entre corporaciones. Sin embargo, los números muestran que el principal desafío podría no estar únicamente en la capacidad operativa de las instituciones, sino en la credibilidad que generan entre la población.
La administración estatal suele destacar que Yucatán conserva los niveles más bajos de homicidios del país y una de las menores tasas de incidencia delictiva. Son datos reales y verificables.
Sin embargo, esos mismos indicadores conviven con otro dato igualmente oficial: una parte importante de la población considera que la impunidad continúa siendo uno de los problemas más importantes de la entidad.
La paradoja es evidente. El estado puede ser comparativamente más seguro que otras regiones de México y, al mismo tiempo, mantener un problema estructural de confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia. De poco sirve contar con centros de inteligencia, patrullas equipadas, sistemas de monitoreo y fiscalías fortalecidas si la mayoría de las víctimas opta por no denunciar.
La situación adquiere una dimensión aún más relevante cuando se analiza el volumen de recursos públicos involucrados. El presupuesto total del Gobierno de Yucatán para 2026 asciende a más de 66 mil millones de pesos.
De esa bolsa, más de 7 mil 252 millones fueron canalizados a la Directriz de Justicia, Seguridad Ciudadana y Cultura de la Paz. Se trata de una de las apuestas financieras más importantes de la administración estatal.
Dentro de esa estructura presupuestal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado aparecen como los principales actores responsables de traducir los recursos en resultados tangibles.
La SSP tiene bajo su responsabilidad la inteligencia policial, los sistemas de vigilancia, los centros de mando y la capacidad operativa para prevenir y atender hechos delictivos. La Fiscalía, por su parte, es la institución encargada de investigar, integrar carpetas, judicializar casos y procurar que los delitos no queden impunes.
Sin embargo, la confianza ciudadana no se construye únicamente con presupuestos crecientes. Tampoco con la adquisición de tecnología o con la ampliación de estructuras administrativas. La confianza se gana cuando las personas perciben que denunciar sirve para algo, que las investigaciones avanzan, que los responsables son sancionados y que las víctimas reciben una respuesta efectiva por parte del Estado.
La persistencia de una cifra negra superior al 90 por ciento debería encender alertas dentro de las propias instituciones. Si la inmensa mayoría de los delitos permanece fuera de los registros oficiales, cualquier estrategia de combate a la delincuencia enfrenta una limitación fundamental: se trabaja sobre una realidad incompleta.
Los delitos que no se denuncian tampoco se investigan, no generan procesos judiciales y difícilmente pueden traducirse en sentencias.
La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿qué tan efectivo puede ser un modelo de combate a la impunidad cuando la principal barrera sigue siendo que los ciudadanos no confían lo suficiente para acudir ante las autoridades? La respuesta no depende exclusivamente de más recursos públicos. Depende de resultados concretos.
Porque al final, la confianza ciudadana no se mide por el tamaño del presupuesto ni por el número de cámaras instaladas o patrullas adquiridas. Se mide por la disposición de las personas a acudir a las instituciones cuando son víctimas de un delito. Y en Yucatán, los números muestran que esa batalla aún está lejos de ganarse.
Los más de 6 mil millones de pesos destinados a inteligencia, investigación e impartición de justicia representan una apuesta ambiciosa del gobierno estatal. Pero mientras más de nueve de cada diez delitos continúen sin denunciarse, la pregunta seguirá vigente: ¿están las instituciones generando la confianza suficiente para que los ciudadanos crean que la justicia realmente funciona? La respuesta, por ahora, parece encontrarse en esa enorme cifra negra que continúa proyectando la sombra de la impunidad sobre uno de los estados que más presume seguridad en todo el país.
