Caja chica con vales de gasolina

• La adjudicación directa de un contrato por 7 MDP a la empresa Servicios Broxel, , para la dispersión de vales electrónicos de despensa durante 2026, muestra que el gobierno estatal hace de los recursos públicos lo que se le antoja para beneficiar a unos cuantos funcionarios.

Redacción /Sol Yucatán

La transparencia y el combate a la corrupción son presentados por el gobierno de Joaquín Díaz Mena como pilares de su administración, pero esto resultó una falacia cuando un contrato rutinario del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) exhibe más opacidad, contradicciones y ambigüedades de las que cabría esperar en una prestación laboral perfectamente cuantificable.

La adjudicación directa de un contrato por hasta 7 millones 376 mil 640 pesos a la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., para la dispersión de vales electrónicos de despensa durante 2026, muestra que el gobierno estatal hace de los recursos públicos lo que se le antoja para beneficiar a unos cuantos funcionarios.

A simple vista, el contrato parece formar parte de la rutina administrativa de cualquier dependencia pública. Los trabajadores reciben una prestación, el gobierno contrata a una empresa especializada para administrarla y el procedimiento queda concluido.

Sin embargo, una revisión más detallada de los documentos revela una historia muy distinta. El problema no radica únicamente en el monto comprometido, sino en las preguntas que surgen cuando se intenta entender por qué una prestación laboral perfectamente predecible terminó siendo adjudicada de manera directa y bajo condiciones que dejan más dudas que certezas.

La primera interrogante es tan sencilla como incómoda. ¿Cuántos trabajadores tiene realmente el INCAY? La pregunta parece elemental, pero resulta fundamental para comprender el alcance de la contratación. A diferencia de una obra pública o de la adquisición de materiales sujetos a fluctuaciones de mercado, las despensas para trabajadores son una prestación cuyo universo de beneficiarios debería estar plenamente identificado por la propia institución.

El INCAY conoce cuántos empleados tiene, cuántos son sindicalizados, cuántos son de confianza y cuántos tienen derecho a recibir la prestación. Sin embargo, el contrato fue estructurado sobre un monto máximo que, al dividirse entre los 1,130 pesos mensuales asignados a cada beneficiario, equivale aproximadamente a 544 trabajadores potenciales.

La cifra resulta llamativa porque deja abierta una diferencia que no ha sido explicada públicamente. Si el instituto sabe exactamente cuántos trabajadores recibirán la prestación durante el ejercicio fiscal, ¿por qué contratar un monto máximo en lugar de una cantidad precisa? ¿Existen trabajadores eventuales considerados dentro del cálculo? ¿Se contemplan altas masivas de personal? ¿O simplemente se optó por una fórmula que evita precisar el universo real de beneficiarios? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida por las autoridades.

La segunda duda se encuentra en el corazón mismo del negocio. Los anexos contractuales establecen que la emisión de tarjetas, la inscripción de usuarios, la dispersión de recursos e incluso diversos servicios operativos tienen un costo prácticamente nulo para el gobierno.

Bajo esa lógica, la pregunta surge de manera inevitable: ¿cómo gana dinero la empresa? La respuesta no necesariamente implica una irregularidad, pero sí revela uno de los aspectos menos conocidos del negocio de los monederos electrónicos y vales de despensa.

Empresas como Broxel, Edenred, Sí Vale, Toka o Pluxee han construido durante años una industria multimillonaria basada en la administración de recursos destinados a prestaciones laborales. Su principal fortaleza no consiste únicamente en entregar tarjetas a los trabajadores, sino en concentrar y administrar enormes volúmenes de recursos públicos y privados.

Mientras más grande es la cartera de clientes, mayor es la capacidad de la empresa para consolidar operaciones financieras, establecer convenios comerciales y posicionarse como intermediario indispensable entre gobiernos, empresas y trabajadores.

Precisamente por ello, la adjudicación directa adquiere relevancia. El gobierno estatal no ha explicado públicamente por qué decidió prescindir de un procedimiento competitivo. Tampoco se conocen los estudios de mercado realizados, los proveedores considerados o las razones técnicas que justificaron entregar el contrato a una sola empresa sin abrir una licitación pública.

En cualquier administración que se proclame comprometida con la transparencia, la excepción debería ser la adjudicación directa y no la competencia abierta. Sin embargo, en este caso la decisión fue tomada sin que hasta ahora exista una explicación detallada accesible para los ciudadanos.

La situación adquiere una dimensión aún más interesante cuando se observa el contexto nacional. Broxel no es una empresa desconocida dentro del sector gubernamental. Durante los últimos años se ha consolidado como uno de los principales operadores de medios de pago, programas sociales y esquemas de dispersión de recursos para dependencias públicas. Su crecimiento ha ido acompañado de contratos millonarios y de una presencia cada vez más visible en distintas administraciones estatales y federales. Esa expansión no constituye una prueba de irregularidad, pero sí explica por qué diversos procesos de contratación relacionados con la empresa han sido objeto de observación pública y cuestionamientos por parte de competidores, órganos de control y medios de comunicación.

La tercera pregunta apunta directamente al gobierno de Joaquín Díaz Mena. ¿Se trata de un contrato aislado o forma parte de una estrategia más amplia? Hasta ahora no existe información suficiente para determinar cuántos contratos mantiene Broxel con dependencias del Gobierno del Estado.

Tampoco se conoce el monto total de recursos públicos administrados por la empresa en Yucatán ni cuántos organismos han recurrido a sus servicios desde el inicio de la actual administración. Sin esos datos resulta imposible determinar si estamos frente a una contratación ordinaria o ante un proceso gradual de concentración de servicios financieros en favor de un mismo proveedor.

La falta de información es precisamente lo que alimenta la sospecha. Porque la transparencia no consiste únicamente en publicar un contrato dentro de una plataforma gubernamental. Transparencia significa explicar por qué se tomó una decisión, cuáles fueron los criterios utilizados, quiénes participaron en la evaluación y cuáles son los beneficios concretos para el interés público. Cuando esas respuestas no existen o permanecen ocultas tras expedientes administrativos difíciles de consultar, la confianza ciudadana comienza a erosionarse.

Paradójicamente, el gobierno de Joaquín Díaz Mena llegó al poder bajo la promesa de romper con las prácticas que durante años caracterizaron a distintas administraciones estatales. El discurso de combate a la corrupción, apertura institucional y rendición de cuentas fue uno de los pilares centrales de su proyecto político. Por ello, contratos como el del INCAY adquieren una relevancia que trasciende los 7.3 millones de pesos comprometidos. Lo que está en juego no es únicamente una prestación laboral para cientos de trabajadores, sino la congruencia entre el discurso gubernamental y las decisiones que se toman en la práctica.