ATY Ginetea 189 mdp de concesionarios

• Investigaciones revelan que el dinero lo estarían reinvirtiendo en negocios de mediano y alto riesgo, similar a como lo hizo Renán Barrera con el fondo de pensiones del Ayuntamiento de Mérida.
• La Agencia de Transporte de Yucatán tiene un adeudo de poco más de 189 MDP con 11 concesionarias de transporte público, quienes solicitan un aumento del 16% y, en caso de negativa, analizan la posibilidad de un paro general.
• El recurso fue liberado, sin embargo, se encuentra “desaparecido”, debido a que los concesionarios a quienes se les adeuda no han recibido los recursos correspondientes por el servicio prestado

Redacción/Sol Yucatán

La Agencia de Transporte de Yucatán se encuentra entre señalamientos de corrupción, debido a la desaparición de una suma millonaria destinada al pago de concesionarios de transporte público.

El recurso fue liberado, sin embargo, se encuentra “desaparecido”, debido a que los concesionarios a quienes se les adeuda no han recibido los recursos correspondientes por el servicio prestado.

Esta situación salió a la luz pública, luego de que un grupo de 11 concesionarios revelara el millonario adeudo.

Al parecer, el dinero se triangula a una cuenta mediante la cual se realizan inversiones incluso de alto riesgo, como ocurrió el año pasado.

Es decir, altos directivos de la ATY estarían obteniendo beneficios personales a través de la inversión del dinero destinado al transporte público, obteniendo intereses y ganancias.

De manera similar a como lo hizo Renán Barrera Concha con el fondo de pensiones de los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, cuyo dinero se invirtió en una casa de bolsa y generó millonarios ingresos a través de la captación de intereses y ganancias.

Mientras tanto, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) está estrangulando a los concesionarios de transporte público.

Esta situación está generando una crisis financiera en gran parte de las empresas concesionarias del servicio.

Lo que llama la atención es que hasta la empresa de la familia del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda,  y de la diputada morenista Jessica Saidén Quiroz, se encuentra entre los afectados y decidieron levantar la voz contra el organismo encabezado por Jacinto Sosa Novelo.

De acuerdo con los datos, el adeudo de 189 millones 117 mil 488 pesos se divide de la siguiente manera: Minis 2000, S.A. de C.V., 43 millones 314 mil 750 pesos; Minibuses del Mayab, S.A.P.I. de C.V., 24 millones 105 mil 600 pesos; Transportes Urbanos de la Península, S.A. de C.V., 15 millones 819 mil 300 pesos; Circuito Metropolitano, S.A. de C.V., 15 millones 819 mil 300 pesos; Mini Jardines de Mérida, S. de R.L. de C.V., 14 millones 689 mil 350 pesos; Transportes Especializados BAU, S.A. de C.V., 13 millones 182 mil 750 pesos; Movibus Mérida, S.A. de C.V., 13 millones 182 mil 750 pesos; Mobility Mérida, S.A.P.I. de C.V., 12 millones 429 mil 450 pesos; Minibuses del Poniente, S.A. de C.V., 11 millones 299 mil 500 pesos; Pioneros del Confort, S.A. de C.V., 16 millones 988 mil 438 pesos; y Líneas Urbe, S.A. de C.V., 8 millones 286 mil 300 pesos.

De acuerdo con la información, de manera sistemática la ATY va acarreando adeudos con las empresas transportistas, que a final de año son liquidadas, es decir, cuando el dinero invertido ya está disponible con respectivos intereses y ganancias.

Sin embargo, esta situación genera un boquete financiero a las empresas transportistas.

Aunque no sería la primera ocasión en la cual ocurre esta situación, debido a que los 1.6 millones de pesos recuperados el año pasado en las oficinas de la Agencia de Transporte de Yucatán están desaparecidos.

Al menos el titular de la dependencia, Jacinto Sosa Novelo, no ha informado sobre el paradero del millonario recurso.

El dinero fue depositado en una cuenta, la cual se encuentra vacía, tampoco figura como ingreso del organismo.

En mayo del año pasado, Jacinto Sosa dijo que, durante visitas a las oficinas de la ATY, de manera por demás poco creíble, se encontró en cajas para archivo muerto, cajones de escritorios y gavetas, fajos de dinero que no habían sido reportados.

La versión en su momento sonó poco creíble dado que pasaron cuatro meses de la renuncia del exdirector de la ATY, Rafael Hernández Kotasek, y ya habían transcurrido más de un mes desde que el nuevo director tomó posesión y ocupó las oficinas donde se halló el dinero.

Lo que es una realidad es que la Agencia de Transporte se encuentra sumergida en un enorme bache, lo que está impactando de manera directa en el servicio de transporte público, contrario a lo que ocurre en Cancún, donde la Agencia de Transporte que encabeza Rafael Hernández Kotasek ha dinamizado el transporte público.

La frecuencia ha pasado de 15 a 25 minutos y se ha suspendido la capacitación a los operadores, además, los Centros de Transferencia Modal (Cetram) prácticamente han quedado en el olvido, por lo cual se han convertido en una carga financiera, ya que no existe un plan de negocios como se tenía proyectado.

Asimismo, los camiones se van haciendo viejos y van presentando diversas fallas y, al momento, no existe un plan de refinanciamiento para renovar la flotilla de autobuses.

Lo que es una realidad es que en medio del fuego cruzado se encuentra el usuario, quien no solo se ve afectado en la movilidad, sino que también necesariamente tendrá un impacto en su bolsillo.

Los transportistas están solicitando un ajuste en el pago de kilómetro, que es de 31 pesos, el cual solicitan que llegue a 36 pesos por kilómetro, es decir, un aumento del 16%, que al final de cuentas quien lo terminará pagando es el usuario.

En caso de una negativa, ya se maneja la posibilidad de un paro general del servicio de transporte público, lo que sería una verdadera catástrofe.