Un botín la representación indígena

Por Francisco J. Pérez y Pérez

Sin duda hay días que uno lee las noticias y uno se asombra de lo que en política pasa y como cada día aquello que tanto se criticó se repite el abuso, pero sería inaceptable no mencionarlo. En los últimos días hemos leído en distintos medios de comunicación señalamientos sobre las aspiraciones de algunos diputados locales y federales que buscan nuevamente una candidatura, esta vez al amparo de los espacios electorales reservados para la representación indígena.

Estas publicaciones plantean una pregunta fundamental: ¿Quiénes aspiran realmente a representar a las comunidades mayas de Yucatán y quiénes buscan aprovechar las acciones afirmativas para prolongar sus carreras políticas?

Las leyes electorales, tanto federal como estatal, contemplan mecanismos para garantizar la representación de los pueblos indígenas. No son favores de los partidos ni concesiones de sus dirigentes. Son derechos reconocidos para que los pueblos originarios tengan voz en las decisiones que afectan su presente y su futuro.

Sin embargo, existe la preocupación de que estos espacios terminen convertidos en candidaturas repartidas entre políticos y personas cuya vinculación con las comunidades mayas tendría que demostrarse.

Han convertido este espacio destinado para la representación indígena en un botín por parte de diputados locales y federales, porque son ellos quienes están repartiendo estos espacios.

¿Entonces para qué se hizo ley? ¿Para qué los pueblos mayas tengan representantes propios o para acomodar a quienes conviene a las dirigencias partidistas?

El artículo segundo constitucional reconoce la autoadscripción indígena, es decir, el derecho de una persona a reconocerse como integrante de un pueblo originario. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra pretender que sea suficiente para obtener una candidatura reservada.

Porque no se trata de que hoy, cuando me conviene ser candidato a diputado, de pronto decida que me percibo como indígena.

Las reglas electorales contemplan la autoadscripción indígena calificada, que exige acreditar una vinculación auténtica con la comunidad. La percepción personal no puede sustituir las pruebas necesarias para cumplir los requisitos legales.

Aquí surge una pregunta: ¿puede una simple carta expedida por un comisario ejidal demostrar que alguien pertenece verdaderamente a una comunidad maya?

Una constancia puede conseguirse mediante una solicitud, una recomendación o un favor. Incluso existe el riesgo de obtenerla mediante un pago. Esto no significa que todas sean irregulares, sino que su contenido debe verificarse.

Además, existen grandes empresarios que también son ejidatarios. ¿Desde cuándo tener derechos agrarios significa necesariamente pertenecer a un pueblo originario?

Ser ejidatario no convierte automáticamente a nadie en indígena, como tampoco una carta puede sustituir, por sí sola, el reconocimiento auténtico de una comunidad maya.

Las candidaturas deberían respaldarse en elementos sólidos: pertenencia comunitaria, participación en su vida colectiva, servicios prestados y reconocimiento de las autoridades legítimas de los propios pueblos.

También se debería exigir cuando menos cinco años de residencia efectiva en la comunidad o región que se pretende representar. Esto implicaría una reforma a los requisitos electorales actuales y tendría que respetar los derechos de los indígenas que han emigrado sin perder su identidad y vinculación comunitaria.

No hablamos de apellidos, sangre o genes. Hablamos de identidad, arraigo y reconocimiento comunitario.

Una carta puede conseguirse en un día; el reconocimiento de una comunidad no se improvisa.

En Yucatán se mencionan aspiraciones de personas originarias de Tabasco que, según se comenta, pretenden acceder a estos espacios. También se habla de posibles candidaturas en Progreso.

Nacer fuera de Yucatán no elimina los derechos políticos ni impide tener vínculos indígenas auténticos. Sin embargo, quienes aspiren a representar a nuestras comunidades mayas deben acreditar esa pertenencia conforme a las reglas electorales.

No necesitamos importar indígenas y mucho menos pseudoindígenas de otras partes. En Yucatán tenemos nuestras propias comunidades mayas, con miles de hombres y mujeres capaces, preparados y con legítimo arraigo, que merecen aspirar a representar a su comunidad dignamente o ser representados dignamente por personas con arraigo en su comunidad y que conozcan sus problemas, sus necesidades, que conozcan a sus habitantes.

Yucatán cuenta con espacios de representación electoral destinados a dar voz a sus ciudadanos y comunidades conforme a sus necesidades, características y realidades sociales. Lo que debe impedirse es que esos espacios terminen ocupados por personas sin una vinculación comunitaria auténtica, favorecidas por acuerdos partidistas.

En su momento criticaron a Liborio y cuestionaron su representación indígena. Ahora habría que preguntarles si mantendrán el mismo criterio. Al menos Liborio es originario de un municipio yucateco, aunque eso tampoco basta para acreditar una candidatura indígena.

Lo que antes denunciaban no puede convertirse hoy en aceptable porque los beneficiados pertenecen a su mismo grupo político.

Y aquí encontramos una contradicción todavía mayor. Quienes hoy se proclaman socialistas y herederos de los ideales de Felipe Carrillo Puerto deberían recordar que su movimiento, a través de las Ligas de Resistencia, buscó organizar y dar participación política a campesinos, trabajadores y comunidades mayas que durante generaciones habían permanecido marginados del poder. Resultaría lamentable que quienes invocan su memoria terminaran reproduciendo prácticas semejantes a las de aquella casta divina que, durante la época henequenera, decidía sobre la vida de los mayas sin escuchar su voluntad. Las épocas son distintas, pero la contradicción permanece: antes se disputaban sus tierras y su trabajo; hoy podrían disputarse los espacios creados para garantizar su representación política. Aquella pared del Cementerio General de Mérida, donde Carrillo Puerto fue fusilado, debería recordarles las consecuencias de los abusos del poder. Su memoria no necesita más herederos de discurso, sino congruencia entre lo que se proclama y lo que se hace.

Las acciones afirmativas fueron creadas para corregir desigualdades históricas, no para que cualquiera consiga una constancia y reclame una candidatura.

Si un documento se obtiene mediante engaños, favores indebidos o pagos para acreditar una pertenencia inexistente, los hechos deben investigarse y determinarse sus posibles consecuencias legales.

Tampoco podemos dejar fuera a algunas organizaciones que hoy se presentan como representantes de los pueblos mayas y que podrían prestarse a estas tropelías contra sus propias comunidades.

Una organización no adquiere el derecho de hablar en nombre de todo un pueblo simplemente por ostentarse como su representante, mucho menos si respalda candidaturas sin vínculos comunitarios auténticos.

Qué contradicción sería que quienes dicen defender los derechos de los mayas terminaran participando en acuerdos que le arrebatan los espacios destinados a su representación.

La responsabilidad también corresponde a las autoridades electorales. No basta con recibir documentos y dar por cumplida la ley. Deben verificar, conforme a sus atribuciones, que las acciones afirmativas cumplan su verdadera finalidad.

Y qué gran contradicción encontramos frente al eslogan del gobierno de Yucatán: “Renacimiento Maya”.

¿De qué renacimiento maya estamos hablando si las candidaturas destinadas a los pueblos originarios pudieran terminar repartiéndose entre políticos sin pertenencia comunitaria debidamente acreditada?

¿Cómo puede hablarse de un Renacimiento Maya si no se garantiza que los propios mayas participen auténticamente en los espacios destinados a su representación?

El Congreso del Estado, los partidos y las autoridades electorales deben impedir cualquier simulación. Las comunidades, por su parte, tienen derecho a conocer y cuestionar quiénes pretenden representarlas.

Los pueblos originarios no necesitan que los partidos les fabriquen representantes. Necesitan que se respete su participación y su reconocimiento comunitario.

Porque no se puede hablar de un Renacimiento Maya mientras se permite que los espacios destinados a los pueblos mayas se conviertan en moneda de cambio entre políticos.