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Mérida

TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE JUECES

*Denuncian tráfico de influencias en el sistema de justicia de Yucatán, donde están involucrados un magistrado, una juez y una empresaria, quienes intentan adueñarse de una propiedad de 50 hectáreas, ubicadas en una de las zonas con mayor plusvalía en Yucatán. 

*El magistrado que estaría detrás de este embrollo jurídico es Mario Alberto Castro Alcocer, quien designó a la Juez Silvia Pamela Cetina Bautista para que lleve la audiencia contra los dueños del terreno, con la finalidad de encarcelarlos y obligarlos a que cambien el terreno por su libertad.

*El consulado de Estados Unidos en Yucatán ya tiene conocimiento de este litigio legal y podrían intervenir jurídicamente al ser violados los derechos humanos y garantías individuales del residente estadounidense, por lo cual el caso sería bilateral.

A través del tráfico de influencias en el que estarían involucrados un magistrado, una juez y una mujer empresaria, están intentando adueñarse de una propiedad de 50 hectáreas de tierras ubicadas en una de las zonas con mayor plusvalía en Yucatán.

Las tierras están ubicadas en Hunucmá y son propiedad de un inversionista extranjero, originario de los Estados Unidos.

De acuerdo con investigaciones de la Unidad de Investigación de Sol Yucatán, los terrenos actualmente tienen un valor cercano a los 30 millones de pesos, sin embargo, en los próximos años la plusvalía se disparará dado que está enclavada a unos cuantos metros del Count Leaks y de otros importantes desarrollos inmobiliarios.

En el 2020, se formó legalmente la empresa “Miguel Marrero Properties S.A de C.V de R.L”, la cual se enfoca en el ramo inmobiliario.

La empresa adquirió varias propiedades, entre ellas la de 50 hectáreas en el municipio de Hunucmá.

Una de las socias era Claudia Patricia Pérez Monroy, quien fue designada por el consejo como la Gerente General, es decir, tenía libertad para tomar decisiones.

En el 2022, luego de una auditoría, se descubrió un desfalco en la empresa por un monto de 10 millones de pesos, por lo cual se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación G-9872-2023.

A los pocos días, la acusada antes había demandado por los delitos de fraude, falsificación de documentos en general y amenazas, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación GC-1280-2023.

Sin embargo, la primera denuncia se mandó a la congeladora y no presenta ningún avance en la investigación, a pesar de que se le proporcionó a la Fiscalía General del Estado los datos de prueba suficientes.

La denuncia interpuesta por Claudia Pérez Monroy, ha avanzado, debido a que el magistrado Mario Alberto Castro Alcocer, presuntamente está asociado con la denunciante y tiene un gran interés por apropiarse de los terrenos.

Según investigaciones de Sol Yucatán, el magistrado sería accionista en varias empresas del ramo inmobiliario, uno de los negocios que más han crecido durante el presente sexenio.

A través del tráfico de influencias del magistrado Castro Alcocer, la carpeta de investigación ha ido avanzando al grado de que ya se judicializó.

La Fiscalía envió la carpeta de investigación al Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), cuya primera audiencia se programó para el 8 de mayo pasado, la diligencia sería presidida por el Juez de Control José Enrique Sáenz Dzul, sin embargo, media hora antes de la diligencia les informaron que este sería sustituido por la Juez Silvia Pamela Cetina Bautista, amiga cercana del magistrado Castro Alcocer, hermano de Pablo Castro Alcocer, ex delegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán.

Hay que recalcar que la Juez Silvia Pamela es una de las cinco jueces que están usurpando funciones, debido a que por ley no podían ser nombrados como jueces al haber una suspensión definitiva por parte del Juez Quinto de Distrito, por las graves anomalías en el proceso de selección.

Por ley, el Poder Judicial no puede nombrar a ningún Juez hasta que se resuelva de manera definitiva el recurso de amparo que hay en los tribunales federales.

Es decir, al estar actuando en la ilegalidad, las decisiones que tome como juzgadora no tendrían validez, dado que no ha rendido protesta como juzgadora como marca la ley, incluso en el organigrama del Poder Judicial de Yucatán, no aparece como juez titular.

Como dimos a conocer en nuestra edición anterior, el Poder Judicial y los Jueces, entre ellos la Juez Pamela Cetina Bautista, estarían violando la ley orgánica de Yucatán al usurpar funciones, por lo cual corren el riesgo de ser destituidos.

Los socios de la empresa “Miguel Marrero Properties, S.A de C.V de R.L”, denunciaron ser víctimas de acoso e intimidación y que los quieren meter a la cárcel para condicionarles su libertad, a cambio de ceder los derechos de los terrenos y con ello apoderarse de la propiedad.

El próximo 11 de junio a las 9 de la mañana se realizará la audiencia por la denuncia interpuesta por Claudia Pérez Monroy, la cual será presidida por la Juez Silvia Pamela, donde se buscará imputar a los denunciados y con ello tratar de quebrarlos y con ello adueñarse de la millonaria propiedad.

El consulado de Estados Unidos en Yucatán, ya tiene conocimiento de este litigio legal y podrían intervenir jurídicamente al ser violados los derechos humanos y garantías individuales del residente estadounidense, por lo cual el caso sería bilateral.

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