SSY negocia con empresa corrupta

• Pese a encontrarse en el radar de la ASF por irregularidades millonarias detectadas en la Cuenta Pública, la empresa Distribuidora de Fármacos y Fragancias fue nuevamente beneficiada en 2025 con un contrato por 15 mdp.

• Medicamentos que no pudieron ser localizados en almacenes o unidades médicas, pagos realizados sin respaldo documental suficiente y servicios facturados sin evidencia de ejecución.

• El resultado fue un probable daño al erario por más de 24 millones de pesos, dentro de un esquema más amplio de irregularidades en contratos que, en conjunto, superan los 60 millones de pesos observados en el sector.

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán, el rastro del dinero público en el sector salud comienza a dibujar una línea que conecta auditorías, contratos y decisiones administrativas que hoy generan cuestionamientos. La empresa Distribuidora de Fármacos y Fragancias, S.A. de C.V., señalada en una auditoría federal por irregularidades en el suministro de medicamentos y servicios, volvió a ser contratada por el gobierno estatal apenas meses después de que se documentaran faltantes y pagos sin comprobar.

El antecedente es contundente. En la auditoría forense 2138 de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en contratos de los Servicios de Salud de Yucatán que involucraban a esta empresa, entre ellas medicamentos no acreditados, servicios sin evidencia de ejecución, pagos en exceso y omisiones en la aplicación de sanciones.

El resultado fue un probable daño al erario por más de 24 millones de pesos, dentro de un esquema más amplio de irregularidades en contratos que, en conjunto, superan los 60 millones de pesos observados en el sector.

Lejos de cerrar el paso a ese proveedor, la administración estatal decidió mantener la relación contractual. El 31 de enero de 2025, los Servicios de Salud de Yucatán formalizaron el contrato número AD41-90-Y95-931007985-N-09-25-C1 con la misma empresa, mediante el cual se le adjudicó el suministro de medicamentos e insumos farmacéuticos para hospitales del estado.

El instrumento, firmado por la ex titular del sector salud, establece un esquema de monto abierto con un techo de hasta 15 millones 500 mil pesos, lo que permite la compra progresiva de productos conforme a la demanda institucional.

El dato no es menor. Se trata de una adjudicación directa, es decir, un procedimiento sin competencia abierta, sustentado en disposiciones legales que permiten esta modalidad bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el contexto en el que se otorga el contrato resulta clave: la empresa beneficiada ya había sido observada por la ASF en el ejercicio inmediato anterior por incumplimientos contractuales y falta de comprobación en el suministro de insumos médicos.

La auditoría describe un patrón de irregularidades que va más allá de errores administrativos. Entre los hallazgos se encuentran medicamentos que no pudieron ser localizados en almacenes o unidades médicas, pagos realizados sin respaldo documental suficiente y servicios facturados sin evidencia de ejecución. A ello se suma la falta de aplicación de penalizaciones pese a incumplimientos contractuales, lo que agrava la responsabilidad institucional.

El nuevo contrato, por su parte, establece obligaciones claras para el proveedor: entrega en tiempo y forma, cumplimiento de especificaciones técnicas, facturación conforme a la normativa fiscal y garantía de calidad de los productos. También contempla mecanismos de supervisión y la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

No obstante, la experiencia documentada en la auditoría plantea dudas sobre la eficacia de estos controles y sobre la decisión de mantener al mismo proveedor en el padrón de contratistas activos.

El caso no es aislado. Forma parte de un esquema más amplio en el que la ASF identificó deficiencias en los procesos de contratación, en los estudios de mercado y en la supervisión de la ejecución de contratos dentro de los Servicios de Salud de Yucatán. Estas fallas, combinadas con montos millonarios y proveedores recurrentes, configuran un escenario que amerita revisión a profundidad.

A nivel administrativo, la propia Secretaría Anticorrupción del Estado ha iniciado expedientes derivados de las observaciones de la auditoría, lo que indica que el caso se encuentra en fase de análisis interno. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas sanciones ni responsabilidades concretas.

La pregunta que emerge es inevitable: ¿por qué se mantiene la contratación de una empresa señalada por irregularidades recientes en el manejo de recursos públicos? La respuesta puede encontrarse en la estructura de los procesos administrativos, en la falta de mecanismos efectivos de control o en decisiones que, aunque legales en forma, resultan cuestionables en su fondo.

Mientras tanto, el contrato por 15.5 millones de pesos sigue su curso. Los medicamentos deberán entregarse, los pagos deberán justificarse y los controles deberán aplicarse. Pero el antecedente pesa. Porque cuando una auditoría federal documenta faltantes millonarios y, aun así, el proveedor vuelve a ser contratado, el problema deja de ser un episodio aislado y se convierte en un patrón que exige explicación.

En el sector salud, donde cada peso se traduce en atención médica, medicamentos y servicios esenciales, las irregularidades no son solo cifras. Son decisiones que impactan directamente en la calidad de la atención y en la confianza pública. Y en Yucatán, al menos por ahora, esa confianza vuelve a ponerse a prueba.