La política, llave de la riqueza

• Luis Antonio Hevia Jiménez, exjefe de campaña del gobernador yucateco, consolidó un portafolio de bienes raíces que hoy se ubica en zonas de alta plusvalía en Mérida y supera los 12 millones de pesos.

Redacción /Sol Yucatán

La política yucateca y las campañas no solo definen gobiernos, también reconfiguran redes de poder. En ese engranaje, Luis Antonio Hevia Jiménez jugó un papel clave como jefe de campaña de Joaquín Díaz Mena, una posición que lo colocó en el centro de la estrategia electoral que llevó al actual mandatario al poder. Hoy, lejos de los reflectores del gabinete, su nombre reaparece por otra razón: la consolidación de un patrimonio inmobiliario en zonas de creciente plusvalía en Mérida.

Los registros del Registro Público de la Propiedad permiten trazar la evolución de ese patrimonio. A finales de los años noventa, Hevia Jiménez figuraba como empleado al momento de adquirir, junto con otra persona, un predio en el fraccionamiento Residencial Pensiones VI, en Mérida. La operación se realizó en 1999 por poco más de 214 mil pesos, una cifra acorde con el mercado de la época y con un perfil patrimonial en etapa inicial.

Durante años, esa propiedad representó un activo de escala media. Sin embargo, casi dos décadas después, el salto es evidente. En 2018, ya con una trayectoria política consolidada, Hevia Jiménez adquirió un predio de dimensiones muy superiores en la colonia Chuburná de Hidalgo, una zona con alta conectividad y creciente valor inmobiliario dentro de Mérida.

El inmueble no es menor. Se trata de un terreno de más de mil 160 metros cuadrados, con una construcción superior a los 570 metros cuadrados, características que lo colocan dentro del segmento de residencias de gran tamaño. El valor de la operación fue de 3.3 millones de pesos, cifra que, considerando el tamaño del predio y su ubicación, se ubica dentro del rango de propiedades de nivel medio-alto en la capital yucateca.

Un año después, en 2019, el inmueble quedó completamente liberado de cualquier reserva de dominio tras su liquidación total, consolidando así la propiedad en manos del político. Este movimiento marca un punto clave en la evolución patrimonial: el paso de la adquisición a la consolidación de un activo de alto valor en un periodo relativamente corto.

El contraste entre ambas propiedades es significativo. Por un lado, un predio adquirido en 1999 bajo un perfil de ingreso medio; por otro, una residencia de gran escala adquirida casi veinte años después, en un momento en el que Hevia Jiménez ya contaba con redes políticas y experiencia dentro del aparato público. La diferencia no solo es de dimensiones, sino de posicionamiento dentro del mercado inmobiliario.

Actualmente, estimaciones conservadoras ubican el valor del inmueble en Chuburná en un rango que puede ir de los 6 a los 10 millones de pesos, dependiendo de factores como remodelaciones, ubicación exacta y dinámica del mercado. A esto se suma el valor del predio en Pensiones, que también ha incrementado con el paso del tiempo, elevando el patrimonio total inmobiliario a un rango estimado de entre 7 y 12 millones de pesos.

Más allá de las cifras, el caso plantea una pregunta recurrente en el análisis del poder local: ¿cómo evolucionan los patrimonios de quienes operan en las estructuras políticas? La trayectoria de Hevia Jiménez no es la de un funcionario de gabinete, pero su papel como jefe de campaña lo colocó en una posición estratégica durante uno de los procesos electorales más relevantes del estado. Ese tipo de funciones implican acceso a redes, información y relaciones que pueden trascender el ámbito estrictamente político.

En Yucatán, donde el crecimiento urbano de Mérida ha impulsado el valor de la tierra en diversas zonas, la inversión inmobiliaria se ha convertido en una vía común de consolidación patrimonial. Colonias como Chuburná de Hidalgo han experimentado una valorización sostenida, impulsada por su ubicación y por la expansión de servicios y conectividad. Tener propiedades en estas áreas no solo refleja capacidad económica, sino también una apuesta por sectores de alto crecimiento.

El caso de Hevia Jiménez se inserta en ese contexto. Su patrimonio no es el más amplio ni el más diversificado dentro del universo político local, pero sí muestra un patrón claro de evolución: de activos básicos a propiedades de mayor escala y valor. Un crecimiento que acompaña su trayectoria dentro de las estructuras políticas del estado.

No existe, en los documentos revisados, evidencia de irregularidades en las operaciones inmobiliarias. Las compras están debidamente registradas y los pagos formalizados. Sin embargo, en un entorno donde la transparencia es cada vez más exigida, el análisis del patrimonio de figuras políticas se vuelve una herramienta para entender las dinámicas de poder más allá de los cargos formales.

En ese sentido, el caso de Luis Hevia no es aislado. Forma parte de una tendencia en la que operadores políticos, incluso aquellos sin posición dentro del gabinete, logran consolidar activos en sectores estratégicos. La política, en estos casos, no solo se mide en votos o campañas, sino también en la capacidad de traducir influencia en estabilidad patrimonial.

Al final, la historia no es solo la de un exjefe de campaña que hoy posee propiedades en zonas de alta plusvalía. Es también la de un sistema donde las trayectorias políticas y los patrimonios personales avanzan en paralelo, muchas veces sin que exista una explicación pública detallada sobre ese crecimiento. Y en ese espacio de silencio es donde comienzan las preguntas.