¡Sinvergüenza!

• La gestión de Ana Alicia Mex Soberanis al frente de la Secretaría de Inclusión del de Campeche enfrenta señalamientos y críticas por el incremento salarial aprobado para la titular de la dependencia en menos de un año, el salario de la funcionaria pasara de 44 mil pesos mensuales a 88 mil pesos, aumento autorizado por el Congreso del Estado

• La Secretaría de Inclusión constituye una dependencia de reciente creación dentro del gobierno estatal, la oficina surgió bajo el argumento de atender a grupos históricamente marginados, entre ellos personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT y personas en situación de calle. Sin embargo, el incremento salarial de la titular provocó críticas debido a la falta de claridad sobre los criterios utilizados para justificar el aumento

Redacción / Sol Campeche

Campeche.- De acuerdo con información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante el cierre del 2024, año en que Mex Soberanis fue designada en el cargo, percibía un sueldo de 44 mil 363 pesos de manera mensual, cifra que fue asignada desde la creación de la dependencia.

Sin embargo, meses después, al cierre del 2025, e incluso desde antes del tercer trimestre del mismo año, ya se había duplicado su salario hasta unos nada despreciables 88 mil 726, cifra que es exactamente el doble del monto con el que fue contratada, sin que hubiera una razón justificable para ello.

Ana Alicia Mex Soberanis mantiene una relación política con Morena desde hace varios años. La actual secretaria participó como candidata a diputada por el tercer distrito electoral local, proceso en el que sufrió una derrota contundente durante la jornada electoral. Pese a ese antecedente político, la funcionaria obtuvo posteriormente un espacio dentro del gabinete estatal como premio de consolación.

El nombramiento de Mex Soberanis dentro de la Secretaría de Inclusión también recibió críticas por su nula preparación profesional y experiencia en temas relacionados con políticas públicas de inclusión social. Documentos públicos muestran antecedentes laborales ligados a áreas comerciales, representación médica y actividades dentro del Ayuntamiento de Campeche.

Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estiman que en Campeche viven miles de personas con discapacidad o con limitaciones permanentes para realizar actividades cotidianas. La población enfrenta obstáculos en movilidad, acceso laboral y servicios médicos especializados.

La Secretaría de Inclusión difundió actividades relacionadas con pláticas, talleres y eventos públicos sobre diversidad sexual y discapacidad. En informes se mencionan capacitaciones, conferencias y programas dirigidos a poblaciones prioritarias.

A pesar de esas acciones, continúan las denuncias de rezagos en Campeche, integrantes de la comunidad LGBT en múltiples ocasiones han señalado la falta de atención integral en materia de salud, discriminación laboral y ausencia de políticas permanentes para garantizar derechos humanos. Activistas también recriminan que muchas actividades institucionales se concentran en eventos públicos, foros y campañas mediáticas, mientras persisten problemas relacionados con violencia, exclusión y acceso desigual a oportunidades.

La población con discapacidad enfrenta otro escenario complejo. Familias campechanas reportan problemas de accesibilidad en edificios públicos, carencia de programas laborales permanentes y limitaciones en servicios de rehabilitación.

El acceso a infraestructura urbana adaptada continúa limitado en distintos municipios del estado. Personas con discapacidad visual y motriz mantienen reclamos por banquetas intransitables, transporte insuficiente y falta de herramientas de inclusión dentro del sector educativo.

En el caso de las personas en situación de calle, la problemática permanece visible en diversas zonas urbanas de Campeche. Organizaciones civiles señalaron falta de políticas integrales para atender problemas de salud mental, adicciones, desempleo y abandono familiar. Aunque el gobierno estatal anunció la apertura de un albergue para este sector, colectivos y ciudadanos reclaman la capacidad real de atención frente al número de personas que sobreviven en espacios públicos.

El incremento salarial de la secretaria tomó relevancia precisamente en ese contexto de necesidades sociales. Críticos de la administración estatal sostuvieron que el aumento contrasta con las condiciones económicas de miles de campechanos que enfrentan bajos salarios, desempleo y precariedad laboral.

El vínculo político entre Morena y varios perfiles integrados al gabinete estatal también provocó cuestionamientos entre sectores opositores. Ana Alicia Mex Soberanis figura como una militante cercana al movimiento político encabezado la gobernadora, circunstancia que alimentó críticas sobre posibles pagos de favores políticos dentro de la estructura gubernamental. La derrota electoral de la funcionaria no impidió su incorporación a una dependencia con presupuesto público y capacidad operativa.

La Secretaría de Inclusión difundió durante los últimos meses actividades relacionadas con talleres de lenguaje incluyente, conferencias sobre diversidad sexual y programas de sensibilización para servidores públicos. La dependencia reportó reuniones con otras instituciones y convenios de colaboración orientados a grupos prioritarios.

La polémica por el incremento salarial también abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos dentro de una dependencia creada recientemente. Críticos sostienen que la Secretaría de Inclusión concentra presupuesto para actividades de promoción institucional y presencia política de su titular, mientras los sectores vulnerables mantienen condiciones precarias. Las críticas apuntan a que la dependencia prioriza la difusión mediática de eventos antes que la consolidación de programas permanentes con impacto verificable.

Documentos oficiales muestran que la Secretaría de Inclusión mantiene programas enfocados en capacitaciones, emprendimiento social y campañas de sensibilización. La dependencia informó sobre apoyos económicos dirigidos a sectores vulnerables y actividades relacionadas con diversidad sexual, discapacidad y derechos humanos.