Se hunde el Poder Judicial

La magistrada presidenta, Erika Torres López, es señalada por utilizar viajes oficiales para asistir acompañada de su esposo, Pedro Aguilar, empleado de la Secretaría de Salud y candidato a dirigente sindical de dicha dependencia.
Redacción/Sol Yucatán

A menos de un año de que los magistrados electos por el pueblo asuman formalmente sus cargos, el Poder Judicial de Yucatán enfrenta una creciente crisis marcada por denuncias de bajos salarios, falta de personal, instalaciones deterioradas y una evidente inconformidad entre los trabajadores. Sin embargo, mientras la institución acumula problemas y rezagos, la magistrada presidenta, Erika Torres López, es señalada por utilizar viajes oficiales para asistir acompañada de su esposo, Pedro Aguilar, empleado de la Secretaría de Salud y candidato a dirigente sindical de dicha dependencia.

De una investigación realizada por este medio sale a la luz esta polémica situación. Lo más grave es que, presuntamente, los gastos de estos viajes realizados a las asambleas de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), efectuadas en octubre del año pasado, así como en febrero y mayo del presente año, habrían sido cubiertos con recursos del propio Poder Judicial. Es decir, viajes que, según los señalamientos, terminan convirtiéndose en una especie de luna de miel financiada con dinero público, mientras trabajadores y usuarios enfrentan una institución cada vez más deteriorada.

Lo más sorprendente es que la magistrada presidenta, la más votada en esta histórica elección y quien debería mostrar una mayor cercanía con los servidores judiciales, es señalada por ser la primera en cerrar las oportunidades de crecimiento profesional para los trabajadores y trabajadoras, bajo el argumento de que no hay presupuesto.

Por ello, muchos empleados afirman que está hundiendo al Poder Judicial en una crisis económica, debido a la falta de un aumento salarial real y acorde con el crecimiento económico de Yucatán. Señalan que existen profesionistas que perciben salarios mensuales de apenas 8 mil pesos, a quienes se les exige “ponerse la camiseta” y cumplir jornadas extenuantes, sin pago de horas extras conforme a la ley y sin apoyos suficientes para alimentación o transporte.

Aseguran que, aunque ingresan a laborar a las 8 de la mañana, con frecuencia salen a las 8 o 10 de la noche e incluso durante la madrugada del día siguiente. Mientras tanto, sostienen que la magistrada presidenta aprovecha sus viajes para disfrutar de una segunda luna de miel con todos los gastos pagados.

Además de la violencia institucional que, según denuncian, viven los trabajadores, también se deben señalar las malas condiciones en las que se encuentran varios edificios judiciales, principalmente el Centro de Justicia Oral de Mérida, en materia penal, donde recientemente se pudo observar cómo el agua ingresó a las instalaciones durante las lluvias y cómo colapsó la puerta principal de acceso, poniendo en riesgo la integridad de usuarios y personal.

De igual forma, los nuevos juzgados familiares ubicados frente al Centenario presentan afectaciones y, según trabajadores, están al límite de su capacidad ante las intensas lluvias.

Aunado a lo anterior, los empleados también se han quejado de la falta de personal, principalmente en el área penal. Incluso señalan que muchos trabajadores que ingresan terminan renunciando al poco tiempo al enfrentarse a largas jornadas laborales que no corresponden con los bajos salarios que se ofrecen a profesionistas del Derecho.

A pesar de todas estas afectaciones que vive la base trabajadora, así como de los procedimientos lentos que enfrentan los justiciables —donde algunos juzgados de oralidad familiar pueden tardar hasta tres meses en emitir un proveído o resolución—, la magistrada presidenta Erika Torres López conoce esta problemática y muchas otras que le han sido planteadas. Sin embargo, trabajadores consideran que ha preferido ignorarlas, apostando a que únicamente le resta un año más al frente del Poder Judicial antes de entregar la estafeta a quien la suceda.

En resumen, los trabajadores exigen justicia, ya que aseguran que en diversas ocasiones se ha intentado vulnerar sus derechos laborales. Como ejemplo mencionan los bonos del Día de la Madre y del Día del Padre, que, afirman, por decisión de la magistrada presidenta fueron gravados por primera vez en la historia del Poder Judicial.

Y ni hablar de los procesos lentos en los juzgados por la falta de personal y de personal capacitado. Son numerosos los trabajadores y trabajadoras que han alzado la voz para manifestar que la magistrada Erika Torres se ha dedicado a incorporar al Poder Judicial a estudiantes que aún no concluyen sus estudios profesionales, con salarios elevados, en lugar de dar prioridad a personas con experiencia o que realizaron su servicio social dentro de la institución.

A decir de los inconformes, esta situación está provocando que el Poder Judicial colapse por la falta de personal debidamente capacitado.

Finalmente, algunos trabajadores aseguran que ya lamentan haber votado por los llamados magistrados del pueblo, pues afirman que no han visto cambios positivos, sino retrocesos y una constante pérdida de derechos y prestaciones laborales.