SAT destapa el hoyo fiscal de Ticul

• El Ayuntamiento de Humberto Parra Sosa acumula 10 periodos fiscales con declaraciones de ISR pendientes; el organismo federal advierte sobre retenciones de salarios que no habrían sido enteradas

Redacción/Sol Yucatán

Mientras el Ayuntamiento de Ticul presume resultados y mantiene activa su estrategia de difusión en redes sociales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso números sobre la mesa: una presuntiva de un millón 490 mil 322 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) relacionado con retenciones de sueldos y salarios.

La observación está contenida en un documento oficial dirigido al Municipio de Ticul, identificado con el RFC MTY8501017V7, en el que la autoridad fiscal señala inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con las retenciones de ISR.

No se trata de una acusación política ni de un señalamiento de algún adversario del alcalde Humberto Parra Sosa. Es una comunicación emitida por el organismo encargado de la recaudación fiscal en el país, en la que se advierte al Ayuntamiento sobre la situación y la necesidad de regularizarla.

El problema alcanza 10 periodos fiscales.

De acuerdo con el documento, el Ayuntamiento no presentó las declaraciones mensuales correspondientes a noviembre y diciembre de 2024; octubre, noviembre y diciembre de 2025; así como enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026.

Es decir, durante esos periodos existen, según el SAT, inconsistencias relacionadas con las retenciones de ISR correspondientes a salarios.

El asunto adquiere mayor relevancia porque el ISR retenido a los trabajadores no es dinero disponible para que un Ayuntamiento lo administre discrecionalmente.

Cuando una autoridad municipal retiene ese impuesto de los salarios de sus trabajadores, tiene la obligación de enterarlo al fisco en los términos establecidos por la legislación fiscal.

Por ello, la acumulación de declaraciones pendientes y la presuntiva de $1,490,322 pesos abren una serie de interrogantes sobre el manejo administrativo y financiero de la Comuna.

El SAT señala además que la regularización puede implicar el pago del impuesto correspondiente, así como actualizaciones y recargos.

Pero la advertencia no termina ahí.

El documento recuerda que la omisión relacionada con ISR retenido puede generar consecuencias fiscales y, dependiendo de las circunstancias y de lo que determinen las autoridades competentes, incluso podría advertirse la posible comisión de delitos fiscales.

También se contempla la posibilidad de responsabilidades administrativas cuando una persona servidora pública cause daños a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público.

¿QUÉ PASÓ CON EL DINERO?

Aquí aparece el cuestionamiento que tendrá que responder la administración de Parra Sosa.

Si el Ayuntamiento retuvo el ISR correspondiente a sus trabajadores, ¿por qué no presentó las declaraciones respectivas?

¿Fue un problema administrativo? ¿Falta de liquidez? ¿Negligencia? ¿Deficiencias en la gestión financiera? ¿O existe otra explicación que deba conocer la población?

El documento del SAT no acusa al alcalde de cometer un delito ni determina responsabilidades personales. Eso corresponde a las autoridades competentes.

Lo que sí establece es que el Municipio de Ticul presenta inconsistencias fiscales y que existe una presuntiva de 1.49 millones de pesos relacionada con retenciones de ISR que, conforme a las obligaciones señaladas por el SAT, no habrían sido enteradas.

Y mientras la autoridad fiscal pide regularizar la situación, el Ayuntamiento continúa administrando recursos públicos y difundiendo mensajes sobre eficiencia, resultados y transformación.

La discusión, por tanto, deja de ser únicamente fiscal. También es un asunto de rendición de cuentas.

Porque la ciudadanía tiene derecho a saber por qué una administración municipal permitió que se acumularan diez periodos con declaraciones pendientes.

El propio documento del SAT hace otra precisión que limita cualquier intento de justificar el incumplimiento mediante un supuesto beneficio fiscal.

En relación con el estímulo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, la autoridad señala expresamente que éste no resulta aplicable a los municipios ni a los ejecutores del gasto contemplados en las disposiciones correspondientes.

Por lo tanto, el Ayuntamiento no podría justificar un eventual incumplimiento mediante una aplicación indebida de ese estímulo.

Ahora la administración municipal deberá aclarar, entre otros puntos, cuánto ISR fue retenido, cuánto debió enterarse al SAT, cuánto se ha pagado y cuánto podría terminar costándole al erario la regularización, incluyendo las actualizaciones y recargos correspondientes.

Porque si esas cantidades terminan saliendo de las arcas municipales, el costo finalmente recaerá sobre los ticuleños.

La administración municipal podría considerar el documento como un requerimiento o aviso susceptible de regularización. Y, técnicamente, la propia comunicación contempla que, si la situación ya fue corregida, pueda hacerse caso omiso de la misma.

Pero políticamente el asunto no debería despacharse como una simple formalidad.

Un millón 490 mil 322 pesos no es una cantidad menor cuando se habla de recursos públicos.

Y tampoco puede pasar inadvertido que la observación abarque diez periodos fiscales.

Administrar un Ayuntamiento no consiste solamente en publicar fotografías, cortar listones, anunciar obras o presumir resultados.

También significa cumplir con las obligaciones ante Hacienda, entregar las retenciones de los trabajadores en tiempo y forma y cuidar los recursos públicos.

El SAT ya puso los números sobre la mesa.

Ahora le corresponde al Ayuntamiento de Ticul explicar qué ocurrió con el ISR y por qué se acumularon diez periodos fiscales pendientes.