Renacimiento Mérida nace muerto

• En una semana, el Renacimiento Mérida aumentó tres veces su costo. El gobernador dijo que ya no costaría mil 500 MDP, sino que ahora su precio sería de 6 mil MDP. Los recursos los administrará Dafne López.
• El Plan de Renacimiento de Mérida se vislumbra como una fuente de corrupción para beneficiar a gente ligada a Morena a través de la táctica de sobrecostos de obra, como ha ocurrido con otras obras de la 4T.
• Hasta el momento no existe un proyecto consolidado, por lo cual es imposible conocer el costo de la misma, y como suele ocurrir, habrá opacidad en la manera de asignar los millonarios contratos de obra.

Redacción/Sol Yucatán

El gobierno de Yucatán impulsa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas: el denominado “Plan Renacimiento para Mérida”, una estrategia que contempla inversiones superiores a los 6 mil millones de pesos, supuestamente para atender problemas de movilidad, ponerle fin a los múltiples problemas con el suministro de agua potable y equipamiento urbano en Mérida y su zona metropolitana, que impactaría de manera directa en la vida de más de un millón 500 mil personas.

El planteamiento suena ambicioso y de gran impacto social, sin embargo, existe un trasfondo político y económico para beneficiar a un grupo de empresarios vinculados al ramo de la construcción y para que sea bandera política de la 4T con miras a las elecciones del 2027, donde ganar Mérida es prioridad.

El gobernador Joaquín Díaz Mena asegura que el proyecto será un motor de transformación para Mérida, sin embargo, especialistas, empresarios y diputados de oposición cuestionan la falta de claridad sobre el destino de los recursos, los mecanismos de licitación y la posibilidad de que se reproduzcan esquemas de opacidad similares a los observados en la ampliación del Puerto de Altura, Progreso, en la construcción del Hospital Agustín O’Horán o el Hospital de Ticul, cuyo costo de obra terminó costando el doble de lo presupuestado por los marcados sobrecostos para favorecer a empresarios ligados a la 4T.

O como recientemente ha ocurrido con el plan emergente de bacheo para el Bienestar del Gobierno Estatal y los caminos sacacosechas, donde el metro cuadrado fue cobrado a más del doble, concretando un robo a los yucatecos.

Por lo cual la principal preocupación gira en torno a tres factores: el endeudamiento que compromete las participaciones federales, la ausencia de expedientes técnicos públicos y la concentración de decisiones en torno a contratos multimillonarios.

El propio mandatario confirmó que el proyecto requerirá más de 6 mil millones de pesos y que solicitará al Congreso local autorización para contratar deuda pública de al menos mil 500 millones de pesos. El gobierno estatal asignará mil 500, con lo cual se tendrán que sacrificar algunos programas, entre ellos el trabajo de prevención del delito, deporte y fondo de desastres y prevención de la violencia contra la mujer, y 3 mil millones de pesos se solicitarán a la federación.

En caso de una negativa, analizarían una mayor tasa de endeudamiento, con lo cual terminará de hipotecar al Estado, ya que en 19 meses de gobierno ha adquirido más de 5 mil millones de pesos.

Aunque el discurso oficial sostiene que los recursos serán destinados a obras de movilidad, agua potable e infraestructura urbana, hasta ahora no existe un desglose público completo de proyectos específicos, empresas participantes, costos unitarios, estudios de viabilidad o mecanismos independientes de supervisión, es decir, no existe un proyecto conciso, por lo cual es imposible escatimar costos.

Todo apunta a que el plan podría convertirse en un nuevo foco de riesgo para la triangulación de recursos, sobrecostos, adjudicaciones dirigidas y para el financiamiento de campañas en año preelectoral.

Fuentes del sector constructor consultadas bajo condición de anonimato afirman que ya existen movimientos preliminares de operadores políticos y despachos vinculados históricamente a obra pública estatal, entre ellos Mario Millet Encalada y sus despachos, así como Jacinto Sosa Novelo, cuyo gabinete será el encargado de la consultoría.

El mandatario, en el evento presidencial en Kanasín, dijo que prestaría mil 500 millones de pesos para el plan “Renacimiento de Mérida”, cuyo dinero se conseguiría mediante un crédito a largo plazo.

Sin embargo, días más tarde, dijo que, siempre no costará mil 500 millones, sino que serán 6 mil millones de pesos.

Es decir, 4 mil 500 millones de pesos más de lo que dijo y mil millones de pesos más del costo total del hospital Agustín O’Horán, o cerca del 90% de lo que recibe de presupuesto el Ayuntamiento de Mérida para su operación del año, o 4 veces lo que dijo que costaría la construcción del Anillo Metropolitano.

Gran parte de ese dinero se asignaría a la Japay y al Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán y al Instituto de Infraestructura para el Bienestar, dependencias señaladas por presuntos actos de corrupción a través de desvíos de recursos a través del esquema de sobrecostos en obra pública.

Lo que genera dudas es que los recursos los manejaría un comité, el cual sería presidido por Dafné López Martínez, en su carácter de director de proyectos estratégicos, Luis Hevia Jiménez, en su carácter de titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, Francisco Torres Rivas, director de la Japay, Alaine López Briceño, secretaria del Instituto de Infraestructura para el Bienestar y Juan Manuel Cardos Pereira, vinculado al clan de Mario Millet, sin la participación de gente de la sociedad civil.

A través del programa se podrían financiar campañas políticas y significa una confrontación directa con el Ayuntamiento para tratar de hacer contrapeso con miras a ganar la alcaldía de Mérida, que de acuerdo a la dirigencia morenista es prioridad.