Quién falló mientras el crimen ganó territorio en Yucatán

• El avance del Cártel de Caborca y del Cártel de la Costa en Yucatán tiene responsables concretos, con nombre y apellido, y todos ocupan cargos clave en la estructura del poder estatal. La omisión también gobierna, y en Yucatán esa omisión tiene rostro.

Daniel Lee/Sol Yucatán

El avance del Cártel de Caborca y del Cártel de la Costa en Yucatán no puede seguir explicándose como un fenómeno difuso o externo. Tiene responsables concretos, con nombre y apellido, y todos ocupan cargos clave en la estructura del poder estatal. La omisión también gobierna, y en Yucatán esa omisión tiene rostro.

Yucatán no perdió la seguridad de un día para otro. La está perdiendo por acumulación de omisiones, por decisiones políticas equivocadas y por una élite gobernante que confunde estabilidad con negación.

El principal responsable político es el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien ha optado por sostener la narrativa de “estado seguro” aun cuando los indicios de penetración del crimen organizado son cada vez más evidentes en municipios estratégicos. Díaz Mena ha preferido proteger el discurso antes que corregir la realidad, y con ello ha asumido una responsabilidad directa en el deterioro progresivo de la seguridad.

Bajo su administración, el crimen organizado ha consolidado presencia en Mérida, Kanasín, Umán, Progreso, Tizimín, Valladolid y Tekax, sin que exista una estrategia pública, verificable y eficaz de contención. El gobernador conoce los reportes de inteligencia, las alertas internas y los patrones de violencia, pero no ha ordenado un replanteamiento de fondo de la política de seguridad, ni ha exigido resultados reales a sus mandos.

En el plano operativo, la responsabilidad recae en Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien lleva años al frente de la corporación y hoy encarna el desgaste de un modelo agotado. Bajo su mando, la SSP ha demostrado ser incapaz de transitar de la contención reactiva a la desarticulación criminal.

La presencia del Cártel de Caborca en la zona metropolitana de Mérida —particularmente en Kanasín y Umán— se ha traducido en narcomenudeo extendido, violencia selectiva y control territorial informal. La SSP responde con patrullajes visibles y detenciones menores, pero sin inteligencia financiera, sin seguimiento de redes y sin golpes estructurales. Saidén Ojeda administra la seguridad como espectáculo disuasivo, no como política de Estado.

En Progreso, puerto clave para la logística criminal, la omisión es todavía más grave. La SSP ha fallado en blindar una zona estratégica frente a la operación del Cártel de la Costa, permitiendo que el puerto funcione como punto de entrada y tránsito bajo una vigilancia deficiente y fragmentada. La prioridad ha sido no afectar la imagen turística, aun a costa de la seguridad.

La tercera pieza de este fracaso institucional es Juan Manuel León León, fiscal general del estado. La Fiscalía de Yucatán no ha estado a la altura del desafío. Las carpetas de investigación relacionadas con narcomenudeo, homicidios vinculados al crimen organizado y desapariciones no escalan hacia mandos medios ni financieros, lo que confirma un patrón de impunidad estructural.

En municipios como Valladolid, Tizimín y Tekax, la Fiscalía ha sido incapaz de ofrecer respuestas claras a ejecuciones y hechos violentos que siguen un patrón criminal reconocible. Las investigaciones se diluyen, los casos se fragmentan y la judicialización efectiva es la excepción, no la regla. León León ha permitido que la Fiscalía opere alineada al discurso político del Ejecutivo, no a la urgencia de la realidad.

Organizaciones como México Evalúa han advertido que cuando las fiscalías estatales fallan en cerrar el ciclo penal, el crimen organizado se consolida. En Yucatán, esa advertencia ya es un hecho. El mensaje que reciben los grupos criminales es claro: pueden operar con bajo riesgo y alta rentabilidad.

Este escenario se agrava con decisiones políticas que debilitan la seguridad jurídica del estado, como la designación de Luis Fernando de Jesús Pino Barrera —notario que obtuvo su patente vía amparo— al frente del Archivo Notarial del Estado. En un contexto de expansión criminal, colocar una institución clave del control documental en manos cuestionadas no es un error administrativo, es una señal de descomposición institucional.

El resultado es una ecuación peligrosa:

Un gobernador que protege la narrativa antes que el territorio.

Un secretario de Seguridad que contiene, pero no desmantela.

Un fiscal que investiga poco y castiga menos.

La historia demuestra que el crimen organizado no irrumpe: se instala cuando el Estado se repliega. Y hoy, en Yucatán, el repliegue tiene responsables claros.