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Por horror en el O’Horán, ¡Merecen el cese fulminante!

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Funcionarios merecen ser despedidos y procesados para sentar un precedente contundente de que con la vida de los yucatecos no se juega.

Por José González

El terror vivido por la señora María Rosado en el Hospital Agustín O’Horán, donde una herida de pie diabético terminó infestada de larvas y necrosis ante la indolencia médica, no puede quedar como una simple queja ciudadana. Este acto de crueldad y abandono criminal, justificado por los médicos bajo la infame frase de que «no era una urgencia», es la gota que derrama el vaso de la paciencia en Yucatán.

Ante una crisis de esta magnitud, donde solo funcionan 2 de 17 quirófanos y los pacientes son «atendidos» únicamente con agua y un poco de jabón, las disculpas no bastan. Aquí no cabe la simulación. Quienes dirigen y operan este sistema de salud moribundo merecen el repudio público, el despido fulminante y todo el peso de la ley. Esta es la purga administrativa y penal que por estricta justicia les corresponde. Sanciones y destituciones que los funcionarios merecen por ineptos:

El Secretario de Salud del Estado, Dr. Miguel Alberto Alcocer Gamboa, merece la destitución inmediata de su cargo. Un funcionario que permite que la salud pública caiga a niveles que no se ven ni en las repúblicas más pobres de África, mientras prometían un sistema al estilo de Dinamarca, no tiene calidad moral ni profesional para seguir un día más al frente de la dependencia. Merece ser removido por su incapacidad crónica para garantizar medicamentos, insumos básicos e infraestructura digna.

La directora del Hospital O’Horán, María Teresa Zapata Villalobos, merece el cese fulminante. Permitir que un nosocomio opere en la inmundicia, sin camas suficientes (dejando a pacientes graves sentados en una silla) y encubriendo la falta de especialistas, la hace cómplice directa del horror. Merece una auditoría profunda y la inhabilitación inmediata para ejercer cualquier cargo público.

El personal médico y de enfermería implicado merece la suspensión de sus licencias y una investigación penal. Quienes regañaron a los familiares, ocultaron la plaga de gusanos bajo las vendas y ejercieron maltrato psicológico contra una mujer indefensa, no son profesionales de la salud, son sujetos que merecen enfrentar un juicio por responsabilidad médica, omisión de auxilio y abandono de paciente.

La realidad del gobierno de Díaz Mena

Mientras los hospitales públicos se caen a pedazos y los ciudadanos sufren una atención inhumana, el gobernador Joaquín Díaz Mena se la pasa en festejos, bailes y actos políticos, completamente desconectado de la tragedia que se vive en los pasillos del O’Horán.

Esta podredumbre institucional es el verdadero reflejo de la gestión actual. Lo que la ciudadanía reclama no son promesas futuras, sino la aplicación de las medidas punitivas que estos funcionarios se han ganado a pulso por su indolencia y crueldad.

No se trata de pedir favores; estos funcionarios merecen ser despedidos y procesados para sentar un precedente contundente de que con la vida de los yucatecos no se juega. La crisis del O’Horán no es un caso aislado, es el síntoma de un mal gobierno que merece ser castigado con la ley en la mano.

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