Cicatrices invisibles: el desamparo institucional de dos niños maltratados ante un Yucatán

• Pese a las señales de alerta y un registro de 10 sentencias y 20 juicios vigentes por homicidio de menores en Yucatán entre 2021 y 2026, las autoridades han ignorado por casi dos años las evidencias del maltrato físico y las amenazas de muerte que sufren Gael y Alejandro.

Por Claudia V. Arriaga Durán.

—¿Ya casi no te golpea tu tía?

—Ya no (…) porque casi ya no estoy en la casa, por eso ya no me pega —comentó entre risas Gael, de 12 años, a un vecino mientras sostenía la puerta de un Oxxo. Se trata de un niño que prefería salir a trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche, antes que estar en su propio hogar.

Gael y Alejandro, de 12 y 6 años aproximadamente, son dos menores cuyo maltrato físico y verbal quedó registrado en videos desde el año 2024. Los insultos, el llanto, los gritos de ayuda, los golpes e incluso las amenazas de muerte fueron denunciados ante las autoridades hace casi dos años. En un primer momento, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) fue enterada de la situación, pero el personal no auxilió a los menores; simplemente le dio carpetazo al asunto.

Cristian Moguel, vecino de los niños en la calle 59 de la colonia Roble Agrícola, al sur de la ciudad de Mérida, acudió a denunciar los hechos ante la Prodennay. Para su sorpresa, no se lo permitieron. Con la excusa de que no era un familiar directo, le dijeron que solo podía levantar un reporte y que este debía ser de manera anónima.

Él, sin embargo, pidió dejar sus datos y denunciar de frente.

—Al principio no querían tomar mi declaración porque no era familiar y decían que no podía denunciar. Sin embargo, dijeron que podían tomar mi testimonio de forma anónima y yo les dije que no, que yo podía dar la cara. Le dieron carpetazo y regresé en febrero de 2025 porque el niño más grande no aparecía desde noviembre— relató en entrevista.

Antes de acudir con las autoridades, Cristian ya había reportado en múltiples ocasiones la situación al 911, específicamente cuando los dos niños eran agredidos por su abuela, Yohana A. M., y por Delmy M. A., quien es madre de Alejandro y hermana de la tía de los menores (madre e hija entre sí). La policía llegaba a la casa a atender el llamado, escuchaba los gritos de los pequeños y, aun así, los agentes argumentaban que no podían hacer nada porque carecían de una orden judicial.

—Escuchaba los llantos, los golpes y los gritos de dolor de los niños y le hablaba a la policía. Llegaban los oficiales, yo salía a decirles lo que pasaba, pero ellos no podían actuar pese a que escuchaban los gritos —recordó Cristian.

Denunciar la violencia familiar de la que eran víctimas Gael y Alejandro le costó la tranquilidad a Cristian. Enojadas, sus vecinas Yohana y Delmy, con el apoyo de dos hombres que viven en la misma casa, empezaron a acosarlo y agredirlo. Con insultos le reclamaban sus acciones y actualmente han llegado al extremo de arrojar excremento a su vivienda.

Cristian explicó que tiene un hijo de tres años y está convencido de que ninguna niña o niño merece vivir en condiciones de violencia y abandono.

En Yucatán, 10 personas fueron sentenciadas por asesinar a menores de edad entre 2021 y 2025, según reveló el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en respuesta a una solicitud de información; las condenas emitidas van desde 1 año hasta más de 40 años de prisión.

Esta información resulta alarmante, ya que, aunque poco se habla del tema, las niñas y los niños también son víctimas recurrentes de homicidio. Muchos de estos casos podrían prevenirse, al menos en aquellos donde existen claras señales de alerta.

A su vez, la autoridad judicial detalló que en 2021 ocurrieron cuatro casos, uno en 2022, dos en 2023, uno en 2024 y otro más en 2025. Las sentencias fueron por homicidio, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, homicidio cometido por culpa y homicidio en razón de parentesco.

En uno de los videos se escucha a una de las mujeres amenazar a quien aparentemente es Gael, el niño mayor, advirtiéndole abiertamente que lo va a asesinar. Ni estas pruebas fueron suficientes para las instituciones, según detalló Cristian, quien ante la falta de actuación y resguardo de los menores optó por publicar las evidencias de las agresiones en internet.

—Una vez que fui a Prodennay, una psicóloga muy amable que me atendió llamó a la persona que se encargó de investigar mi denuncia. Lo puso en altavoz y él solo dijo de forma indiferente que yo había hecho un revuelo en Facebook, y que cuando fue a preguntarles si los golpeaban, ellas le respondieron que no —lamentó.

La persona al otro lado del teléfono reiteró que, si había videos de los golpes, el asunto ya era un problema de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

—La psicóloga le preguntó por el video de los golpes y él dijo que no se veía la acción claramente y que, en los que sí se veía, ya era problema de la Fiscalía, que ahí vean qué hacer. Se han estado tirando la bolita, pero no hacen nada. No les interesan estos niños —agregó.

A Gael lo dejaron de ver por las calles hace aproximadamente un mes. Preocupado, Cristian fue nuevamente con las autoridades y, al no obtener respuesta, subió una vez más a las redes sociales los videos que evidenciaban los maltratos. Una persona lo contactó por ese medio y le aseguró que el menor estaba trabajando en Campeche, estado de donde es originaria la familia.

—Les pedí nuevamente que hagan algo; les advertí que, si no me escuchaban, me iba a ir a parar a un evento del gobernador y le pondría los videos a todo volumen para que todos escucharan los gritos del niño —pronunció con evidente enojo.

El año pasado, según refirió Cristian, el menor dejó de asistir a la escuela. Su tía le compró un triciclo para que saliera a trabajar y, aunque el vecino pidió apoyo en la primaria a la que asistía —ubicada en la colonia Crescencio Rejón— para que la institución denunciara ante las autoridades, el personal escolar simplemente lo ignoró. Los vecinos veían al menor recogiendo PET, vendiendo pan o abriendo las puertas de un Oxxo para recibir propinas. Él mismo reconoció en su momento que le entregaba la mitad del dinero a su tía para que le permitiera comer.

Gael era castigado física y verbalmente no porque se portara mal, sino por hacer cosas propias de su edad. Los testigos relataron que en una ocasión su tía lo golpeó brutalmente solo porque se comió tres huevos en lugar de los dos que le habían autorizado.

Yohana A. M. y Delmy M. A. han respondido a las acusaciones de violencia familiar interponiendo contradenuncias hacia Cristian. La última vez lo señalaron falsamente por tener en posesión especies exóticas de fauna silvestre, acusación que él desmintió de inmediato. Esto se suma a otros actos de intimidación constante, como arrojar basura y pañales usados a su patio, o escuchar música a todo volumen para hostigarlo.

Respecto al tema de los pañales que aún usa el niño más pequeño, cuya edad oscila entre los 5 y 6 años, Cristian lamentó que la familia no se preocupe por enseñarle a ir al baño y que, por el contrario, usen esa misma omisión como un pretexto para agredirlo: —Cuando ensucia el pañal, lo bañan a manguerazos de agua fría —esbozó con impotencia.

Las agresiones en la casa en la que vivían los dos menores son recurrentes. En el 2025, una de las mujeres atacó a su pareja sentimental, causándole lesiones considerables. La policía acudió y acordonó el lugar durante días.

Entre 2021 y 2026, según datos del Poder Judicial de Yucatán, existen 20 juicios en proceso por el homicidio de niñas y niños. Los municipios en donde ocurrieron estos presuntos crímenes son Mérida, Tekax, Kanasín, Valladolid, Umán y Progreso.

Mérida es el municipio que registra el mayor número de asesinatos contra menores con un total de 6 casos, seguido por Kanasín, Tekax y Progreso con 4 casos cada uno. La tipificación más recurrente en estos expedientes es el homicidio cometido por culpa; es decir, aquellos que ocurren de forma no intencional, por accidentes o debido a la negligencia severa de los cuidadores.

El caso de Gael y Alejandro es el vivo reflejo de un sistema burocrático que espera la tragedia antes de actuar, donde las denuncias ciudadanas son minimizadas y las infancias quedan desprotegidas en el entorno que debiera ser el más seguro: su propio hogar.

Mientras las autoridades estatales sigan ignorando las evidencias y evadiendo su responsabilidad institucional, la lista de juicios por homicidios infantiles en Yucatán continuará en aumento, dejando el destino de estos niños a merced de una violencia que se denuncia a gritos, pero se atiende en el más absoluto y cómplice de los silencios.